Por desconocer los principios de subsidiariedad e inmediatez sancionan a juez de tutela con un año de suspensión del cargo

Pero la sanción va más allá, pues también lo inhabilitan para ejercer cargos públicos durante el mismo período.

En una columna reciente advertíamos el error en que incurren muchas personas al considerar que la acción de tutela es la gran panacea que sirve para todo, cuando la verdad es que se trata de un mecanismo de uso restringido pues su procedencia está supeditada a que se cumplan unos requisitos determinados y precisos.

Cuando la equivocada es una persona sin formación jurídica el error es entendible y hasta perdonable, pero no ocurre lo propio cuando el mismo proviene de un abogado, ya sea litigante o juez.  El caso que resumimos a continuación es emblemático de ello.

Mediante providencia del 18 de mayo de 2016 la Sala Jurisdiccional  Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, confirmó la decisión adoptada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, de sancionar a un Juez de Montería con la suspensión del cargo por doce meses, e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo lapso de tiempo, por haber desconocido los principios de subsidiaridad e inmediatez que envuelve la procedencia de la acción de tutela, así como el haber desbordado la órbita de juez constitucional al haber ordenado embargos de dineros y pago de los mismos a la entidad tutelada y en favor de los accionantes.

Para mantener en firme la decisión del inferior, consideró el Consejo Superior que el juez sancionado había incurrido en falta grave al haber dado curso a una acción de tutela presentada  luego de tres años de haber ocurrido la supuesta violación de los derechos fundamentales invocados por los accionantes, lo que según la Corporación  violó el principio de inmediatez que caracteriza a la acción de tutela, y desvirtúa, a la vez,  un presunto perjuicio irremediable.

Así mismo, consideró la Sala que el juez encartado había transgredido el principio de subsidiaridad, pues los accionantes contaban con otro medio de defensa judicial como lo era acudir a la jurisdicción ordinaria laboral, artículo 1º y numerales 1º y 2º del artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, que fue modificado por los artículos 1º y 2º respectivamente de la Ley 712 de 2001, el cual es del siguiente tenor:

“Artículo 1º: Los asuntos de que conoce la Jurisdicción Ordinaria en sus especialidades  laboral y de seguridad social se tramitarán de conformidad con el presente código.

“Artículo 2º COMPETENCIA GENERAL: La Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de:

“1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo.

“2. Las acciones sobre fuero sindical, cualquiera sea la naturaleza de la relación laboral

O sea que no era mediante una acción de tutela como podían los accionantes reclamar sus derechos, sino que la vía idónea era la jurisdicción ordinaria laboral, razón por la cual le estaba vedado al juez acusado estudiar de fondo la tutela, sino que le era imperativo declarar su improcedencia,  toda vez que existía otro medio para reclamar sus derechos.

Así mismo señaló el Consejo, que si bien es cierto el implicado reconoció durante la investigación que se equivocó,  debe advertirse que aquí no se trata de un error invencible, sino que aquí se interpretó de manera dolosa unas normas para conceder unos derechos que eran imposible hacerlo vía tutela, sin que pueda el infractor alegar que fue por el cúmulo de trabajo que interpretó de manera errónea las normas, “pues para acceder al cargo de juez se deben tener los conocimientos en derecho suficientes para poder emitir un fallo acorde a la normatividad vigente.”

Y agregó;

“…a no dudarlo el juez investigado desbordó los límites de su competencia al invadir la órbita del juez ordinario, cuando no solo tutela los derechos de los accionantes sino que ordena el embargo de los dineros pertenecientes a la entidad accionada y ordena el pago de una suma astronómica de dinero en favor de los mismos.”

De otro lado, tal y como lo resaltó la jueza de tutela en segunda instancia, se evidenció que los accionantes contaban con otro mecanismo de defensa judicial, como lo es la jurisdicción ordinaria laboral, que si bien no es un medio rápido si se les garantiza plenamente sus derechos de defensa y contradicción, en donde se puede hacer el recaudo de pruebas, que son en últimas las que permiten determinar la existencia del derecho alegado. 

Dijo también la juez de segunda instancia que no hubo vulneración del mínimo vital a los accionantes, pues ya había sido previamente indemnizados (…), es decir no se vislumbró un perjuicio irremediable.

(Quien desee conocer más detalles puede consultar la sentencia con Radicación No. 23 0011 10 2000 2012 00024 01 del 18 de mayo de 2016, M.P. Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago)

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