¿Por qué cuando se demanda un acto administrativo se habla de justicia rogada?

Uno de los requisitos que debe contener una demanda en derecho contencioso administrativo, cuando se pretende la declaración de nulidad de un acto administrativo de acuerdo con lo establecido en el artículo 162 numeral 4º de la ley 1437 de 2011, es la indicación de las normas violadas con el acto y la explicación del concepto de su violación.

Lo anterior significa que le corresponde al demandante a través de su apoderado, de manera detallada relacionar las normas que considera violentadas con el acto o actos administrativos según el caso, cuya nulidad se pretende, pero además se deber explicar en qué consiste la violación de dichas normas.

Por lo expuesto anteriormente, la justicia en materia contenciosa administrativa en cuanto se refiere a las demandas contra actos administrativos, es una justicia rogada; la cuestión de la justicia rogada se encontraba presente en el anterior código contencioso administrativo decreto 01 de 1984 y se mantiene actualmente en la ley 1437 de 2011.

Cuando el requisito de indicación de las normas violadas y la explicación del concepto de violación, se encontraba plasmado en el decreto 01 de 1984 en el artículo 137 numeral 4º, dicho numeral fue objeto de pronunciamiento de la Corte Constitucional  a través de la sentencia C-197 de 1999 en cuya oportunidad la Corte se refirió de la siguiente manera:

“Declarar EXEQUIBLE el aparte demandado del numeral 4 del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, bajo la condición de que cuando el juez administrativo advierta la violación de un derecho fundamental constitucional de aplicación inmediata, deberá proceder a su protección, aun cuando el actor en la demanda no hubiere cumplido con el requisito de señalar las normas violadas y el concepto de violación. Igualmente, cuando dicho juez advierte incompatibilidad entre la Constitución y una norma jurídica tiene la obligación de aplicar el art. 4 de la Constitución”.

Para establecer lo anteriormente expuesto la Corte determinó que resulta ilógico, que gozando los actos administrativos de la presunción de legalidad, sea el juez quien tenga que buscar oficiosamente las causas que generan la nulidad de este, por lo dispendiosa que significaría esta tarea dada la cantidad de disposiciones normativas que regulan la actividad de la administración, por ende no es irrazonable que se haya impuesto por el legislador esta obligación a quien pretende la nulidad del acto.

Sin embargo la justicia rogada es considera por muchas juristas como una vulneración al principio de acceso a la administración de justicia que tanto predica nuestra Constitución en su artículo 229.

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