Prescripción de la acción de cobro de los impuestos se cuenta desde la decisión definitiva en la jurisdicción contencioso administrativa

La determinación del impuesto que debe pagar el contribuyente se realiza mediante un proceso administrativo que se llama vía gubernativa, pero ese acto administrativo puede ser demandado ante la jurisdicción contencioso administrativa, y la prescripción se cuenta desde que está última se pronuncia definitivamente.

El artículo 817 del estatuto tributario señala que la acción de cobro de los impuestos prescribe a los cinco años, término que se empiezan a contar, entre otras fechas, desde la ejecutoria del acto administrativo de determinación o discusión, y a su vez, el numeral 4 del artículo 829 del estatuto tributario que se refiere a la ejecutoria del acto administrativo, dice que cuando estos han sido demandados en la jurisdicción contencioso administrativa, quedan ejecutoriados cuando se haya decidido en forma definitiva.

En consecuencia, si el acto administrativo que es demandado ante la jurisdicción no cobra fuerza ejecutoria hasta tanto no haya un pronunciamiento definitivo de la justicia administrativa, es apenas lógico que el término de prescripción tiene como referencia esta última, y en efecto, si nos remitimos el artículo 818 del estatuto tributario establece que el término de prescripción se suspende hasta que haya pronunciamiento definitivo en  la jurisdicción de lo contencioso.

Pero dejemos que sea la sección cuarta del Consejo de estado quien nos exponga con más detalle la situación que nos ocupa, lo que hace claramente en la sentencia 18452 del 11 de octubre de 2012:

De la lectura de la norma, se advierte que el numeral 4 contiene dos hipótesis distintas, las cuales no pueden confundirse, a saber:

  1. cuando se trata de actos administrativos susceptibles de los recursos propios de la vía gubernativa y éstos han sido interpuestos, debida y oportunamente, y el interesado no ha desistido de ellos, en estos casos, se entenderán ejecutoriados una vez los recursos formulados hayan sido decididos de manera definitiva. Según esta regla, el acto administrativo que sirve de título ejecutivo queda ejecutoriado una vez la entidad oficial decidida los recursos interpuestos, siempre y cuando, el interesado no lo demande ante la jurisdicción, porque de hacerlo se estaría ante el siguiente supuesto legal.
  2. cuando los actos administrativos que sirvieron de título ejecutivo fueron demandados ante la jurisdicción porque el afectado no compartió la decisión de la administración y acudió al aparato judicial en ejercicio de las acciones contencioso administrativas, para obtener la declaratoria de nulidad y el restablecimiento de sus derechos. En estos casos, se entenderán ejecutoriados una vez sea proferida la decisión judicial definitiva.

Según esta regla especial, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada contra el acto administrativo que sirve de fundamento al cobro coactivo, impide que ese acto tenga fuerza ejecutoria, la cual adquiere en el momento en que la jurisdicción decida, de manera definitiva, la respectiva demanda, en el sentido de no acceder a la pretensión de nulidad del acto.

Sobre el tema, la jurisprudencia ha sostenido que la fuerza ejecutoria de los actos administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo, tiene una regla especial en materia tributaria, pues la ejecutoriedad del acto solo se adquiere cuando la jurisdicción de lo contencioso administrativo decida definitivamente las acciones de restablecimiento del derecho que se hayan interpuesto”.

De conformidad con el artículo 829, numeral 4, del Estatuto Tributario, la acción de nulidad y restablecimiento, instaurada contra el acto administrativo que sirve de título ejecutivo, suspende la ejecución del mismo hasta cuando la jurisdicción decida de manera definitiva la legalidad de ese acto.

En este orden de ideas, por más que el contribuyente se esfuerce  en ganar tiempo echando mano de todos los recursos administrativos y judiciales que la ley le permite, por ese medio no conseguirá la prescripción de la deuda, de allí que resulta prudente sólo “patalear” cuando se tengan razones de hecho y de derecho suficientes para ganar el proceso, pues de otra forma lo único que se logrará será pagar intereses moratorios por más tiempo, pues estos se pagan desde que la deuda se causa hasta que se satisface, exceptuando el periodo de suspensión a que se refiere el artículo 634-1 del estatuto tributario aplicable en ese caso.

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