Prescripción de las cesantías que han sido retenidas al trabajador en virtud de lo dispuesto en el artículo 250 del código sustantivo del trabajo

El artículo 250 del código sustantivo establece  la posibilidad de que el empleador retenga las cesantías del trabajador que ha incurrido en los hechos allí contemplados, luego surge de la duda de la prescripción de esas cesantías retenidas.

El artículo 488 del código sustantivo del trabajo establece que los derechos laborales, en este caso las cesantías, prescriben luego de 3 años de haberse causado, pero si las cesantías son retenidas, surge la duda respecto a la fecha que se debe considerar para contar los tres años en cuestión.

Cuando el empleador considera que el trabajador ha incurrido en una o varias de la causales que conducen a la pérdida del derecho a las mismas, debe iniciar un proceso penal contra el trabajador, y una vez iniciado ese proceso penal puede retener las cesantías hasta tanto el juez profiera sentencia, y será esa sentencia la que determina la pérdida de las cesantías si el trabajador es condenado. Si el trabajador  es absuelto por el juez, no procede la pérdida de las cesantías y en consecuencia el empleador debe entregar las cesantías al trabajador, pero cuando ello suceda, seguramente ya han pasado más de tres años, por lo que algunos considerarán que ese derecho ya ha prescrito.

La sala laboral de la Corte suprema de justicia en sentencia del 13 de marzo de 1995, expediente 6944 con ponencia del magistrado Ramón Zúñiga Valverde,  ha aclarado esa situación de la siguiente forma:

El pago de las cesantías retenidas se hace exigible en el momento en que la autoridad penal decide definitivamente sobre la responsabilidad del trabajador y de esta suerte, el término de prescripción de la acción laboral para reclamarlas se computa desde la ejecutoria de la respectiva providencia y no desde el momento de la extinción del contrato de trabajo.”

Queda claro que en ese caso la prescripción de las cesantías empieza a correr una vez la sentencia quede ejecutoriada, y ello dependerá de si el empleador impugna o no la sentencia de primera instancia, puesto que si hay impugnación o apelación, la sentencia no quedará ejecutoriada hasta tanto no transite la última instancia que eventualmente puede ser la sala penal de la Corte suprema de justicia.

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