Procedimiento a seguir cuando el Consejo de Estado conceda un derecho patrimonial en virtud de una solicitud de extensión de la jurisprudencia

Cuando se determine por el Consejo de Estado que al solicitante del mecanismo de extensión de la jurisprudencia, si es posible aplicarle la sentencia de unificación alegada, pese a la negativa o el silencio de la autoridad administrativa según el caso, se reconocerá el derecho y dicha decisión tendrá los mismos efectos del fallo aplicado.

Ahora, cuando la extensión del fallo de la sentencia de unificación implique el reconocimiento de un derecho patrimonial ¿le compete al Consejo de Estado liquidar dicho derecho a favor del peticionario? ¿Se debe ordenar a la autoridad administrativa que negó la solicitud de extensión de la jurisprudencia que efectúe la correspondiente liquidación?

Como primera medida hay que señalar que cuando la extensión de la jurisprudencia da como resultado el reconocimiento de un derecho patrimonial, no es competencia del Consejo de Estado liquidarlo, lo cual es lógico pues la idea no es congestionar con cargas adicionales a las que ya posee dicha Corporación; por otro lado la ley 1437 de 2011 no señala que dicha liquidación deba ser efectuada por la autoridad administrativa que negó la solicitud de extensión de la jurisprudencia.

La competencia para efectuar la liquidación de un derecho patrimonial cuando este sea reconocido por el Consejo de Estado a través de la resolución de una solicitud de extensión de la jurisprudencia, es la autoridad judicial ante la cual se tendría que haber presentado la demanda.

Es necesario liquidar el derecho patrimonial, toda vez que aunque el solicitante de extensión de la jurisprudencia tenga el mismo derecho reconocido en la sentencia de unificación alegada, no significa esto, que lo tenga en la misma proporción, cuando de derechos patrimoniales se trata.

La liquidación se efectuará mediante trámite incidental y es el peticionario quien deberá promoverlo; ¿Qué termino se tiene para solicitar la liquidación mediante incidente?

De acuerdo con lo señalado en el artículo 269 inciso 5 del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, el peticionario al que se le reconozca un derecho patrimonial tendrá treinta días siguientes a la ejecutoria de la decisión, para iniciar el incidente de liquidación ante la autoridad judicial competente.

Cuando el solicitante pretenda iniciar el incidente de liquidación deberá observar quien era el competente para asumir el conocimiento del asunto si hubiera presentado la demanda; y deberá efectuar la solicitud para que se inicie el correspondiente incidente de liquidación en el término anteriormente señalado.

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