¿Qué debe hacer el Notario cuando se presenta a otorgar poder una persona con trastornos mentales, o de edad avanzada, o ambas cosas?

Hace algunos años fui contratado por una empresa para que la representara en un proceso ordinario laboral que había iniciado en su contra uno de sus trabajadores  con la pretensión de que la demandada le cancelara el salario de varios meses, las cesantías, la prima de servicios, la indemnización por despido sin justa causa, etc.

El caso  es que se trataba de un trabajador que sufría de trastornos mentales a quien la empresa no había despedido, no sólo porque no lo podía hacer dadas sus condiciones de salud, sino también porque era muy apreciado por los dueños de la empresa, toda vez que venía laborando en ésta desde los tiempos en que la Compañía era dirigida por sus abuelos (de ellos), o sea que  su vinculación laboral era de vieja data.

En cuanto a los salarios la empleadora se había visto obligada a suspender su entrega al trabajador debido a que éste debido a su falta de conciencia destruía los billetes. Como el trabajador no tenía mujer, ni hijos, ni hermanos, que pudieran recibir y administrar  el dinero, la empresa le abrió una cuenta y mensualmente le consignaba en ésta todos los pagos que le correspondían.  El hecho de no recibir el salario era algo que no lo afectaba, por cuanto la empresa le suministraba de manera gratuita la alimentación, la vivienda y el vestuario. Es de anotar que meses antes de la demanda la empleadora me había contratado para que le tramitara ante el ISS el reconocimiento de la pensión del  trabajador.

Ahora bien, aunque la permanencia del trabajador en la sede de la empleadora se había vuelto incómoda e inconveniente porque, además de que ya no laboraba,  frecuentemente se involucraba en riñas con sus compañeros de trabajo, o se desnudaba delante de éstos y así recorría las instalaciones de la entidad, sus patronos lo toleraban porque, como ya se indicó, ellos habían crecido viéndolo laborar al lado de su abuelos y padres.

Como era apenas natural,  al contestar la demanda enteré al juez de las condiciones de salud del demandante, aporté los documentos que había expedido la Junta Regional de Calificación de Invalidez que daban cuenta de que el trabajador era inválido por sufrir de Síndrome Mental Orgánico y Psicosis Inespecífica, que a la pérdida de su capacidad laboral esa Junta le había asignado la máxima calificación posible,  que el dictamen de la misma refería discapacidad y minusvalía, y reportaba que al examen los médicos habían advertido en el paciente desorientación e incoherencia.

Así mismo, propuse las excepciones que consideré pertinentes y   cuestioné la validez del poder por haber sido otorgado por una persona con perturbaciones mentales, basándome para ello en lo previsto por el artículo 553 del Código Civil que señala: “… los actos y contratos ejecutados o celebrados sin previa interdicción, serán válidos, a menos de probarse que el que los ejecutó o celebró estaba entonces demente. (Texto original sin subrayas). Igualmente cuestioné el hecho de que el poder no tuviera la firma del demandante sino una huella digital, supuestamente suya.

Al iniciarse la audiencia de conciliación le solicité al juez que interrogara al accionante sobre si sabía dónde se encontraba; si conocía la razón de su presencia allí;  qué día era; si conocía a los demandados y en tal caso que dijera sus nombres, etc. Las respuestas del demandante fueron un poco vagas, no acertó al decir qué día era,  pero reconoció a sus empleadores y se refirió a ellos por sus nombres. Vale anotar que unos meses antes de la audiencia el demandante había estado hospitalizado debido a que se había comido un pescado con espinas y todo.

Al resolver sobre la validez del poder, el juez consideró que había carencia total del mismo y en consecuencia declaró la respectiva nulidad. La decisión del a quo fue apelada por el abogado del demandante.

Al resolver el recurso, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal revocó la providencia del a quo y señaló que el proceso debía continuar. La Corporación desestimó las razones aducidas por el a quo de que había carencia total de poder, y en su lugar advirtió que sí había poder tal como se observaba en el expediente. Consideró el juez colegiado que como el poder había sido otorgado ante Notario sin que éste hubiera planteado reserva alguna, el mandato otorgado a su abogado gozaba de plena validez.

Con base en esa decisión los demandados propusieron una conciliación y con ella concluyó el proceso. Es del caso anotar que los dineros fueron recibidos por el abogado del trabajador, aduciendo que su cliente le había pedido que se los administrara. Aquí termina esa historia.

Ahora bien, la decisión de traer a este espacio la historia que se viene de narrar, surgió a raíz del pronunciamiento hecho recientemente por la Superintendencia de Notariado y Registro  al responder una consulta sobre: “Las normas y las medidas que se deben tomar en una Notaría para permitir realizar una escritura pública de venta por una persona de avanzada edad, con demencia senil, Alzheimer, persona no hábil para obligarse, autodeterminarse y efectuar negocios”. 

De la respuesta dada por la Superintendencia trascribo a continuación algunos apartes.

"El Notario no autorizará el instrumento cuando llegue a la conclusión de que el acto que contiene sería nulo por incapacidad absoluta de alguno de los otorgantes o por estar clara y expresamente prohibido en la ley. 

De los demás vicios que afecten el acto objeto del contrato advertirá a los comparecientes y si éstos insistieren lo autorizará, dejando constancia de ello en el instrumento".

“…el Notario presta su servicio a quien lo solicite, salvo que el acto esté expresamente prohibido por la ley o cuando sea de aquellos que degeneren en nulidad absoluta.

“Los únicos casos en que el Notario se debe abstener de autorizar el instrumento son los señalados por los artículos 10, y 143 del Decreto 2148 de 1983 y 231 del Decreto 960 de 1970.

“El Notario debe cerciorarse de la incapacidad mental y física del vendedor o poderdante o las partes en cualquier clase de contrato, según el caso, es decir, si observa que existe una de las incapacidades señaladas en el artículo 1504 del C.C., se abstiene de permitir el otorgamiento (…) del poder o de (…) pero de no darse dicha incapacidad, permitirá el otorgamiento, circunstancia ésta que de despertar dudas al respecto, deberá dirimirse a través de la justicia ordinaria. 

Se recomienda en estos casos de avanzada edad, que el Notario solicite a los interesados una valoración médica en la cual se precise el grado de lucidez mental del paciente. 

“… la ley faculta … al notario para autorizar la respectiva escritura, siempre y cuando no esté prohibido por la ley o llegue a la conclusión que el acto que contiene sería nulo por incapacidad absoluta de alguno de los comparecientes. 

En el caso en consulta, el Notario si observa alguna irregularidad en el usuario del servicio notarial, se puede abstener de prestar el servicio y solicitar a los interesados una valoración médica en la cual se precise el grado de lucidez mental del paciente.

(Consulta No. 0841 - Oficina Asesora Jurídica - Superintendencia de Notariado y Registro - 26 de- marzo de 2015)

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