¿Quienes perdieron el derecho a pensionarse con el régimen de transición a raíz de la expedición del acto legislativo 01 de 2005 pueden demandar?

El Control de constitucionalidad es el mecanismo jurídico por el cual la Corte Constitucional  realiza un procedimiento de revisión de las normas ordinarias, con el fin de verificar si éstas se encuentran en consonancia con la Constitución, y en caso de no ser así proceder a expulsarlas del ordenamiento jurídico a través de su declaratoria de inexequibilidad, debido a que no puede existir en dicho ordenamiento una norma que contradiga la Constitución dada su condición de norma superior.

Una norma legal puede ser invalidada (declarada inexequible) por dos motivos: a) Porque contradiga la Constitución, o sea, por vicios de fondo, y b)  Porque en su expedición no se observaron las formalidades correspondientes, es decir, por vicios de procedimiento.

Cuando se habla de vicios de fondo se está indicando que el contenido material de la norma no está acorde con la Constitución. Y cuando se habla de vicios de procedimiento, llamados también vicios de forma, se está diciendo que el Congreso, al expedir la norma demandada,  incurrió en irregularidades, como por ejemplo, que se aprobó sin el quórum necesario, que no se discutió adecuadamente el proyecto de ley, etc.,

Hasta aquí lo relacionado con el control de constitucionalidad de las leyes ordinarias.

Ahora bien, como es de conocimiento general, la Constitución Nacional, puede ser objeto de enmiendas o reformas a través de las siguientes figuras: a) Por un acto legislativo expedido por el Congreso en ejercicio de su condición de constituyente derivado; b) Por una Asamblea Constituyente, que se convoca mediante una ley expedida por el Congreso y c) Por un referendo aprobado por el pueblo, el cual es igualmente convocado por el Congreso a través de una ley.

Tanto los actos legislativos como las leyes que convocan a la  Asamblea Constituyente, y al pueblo para efectos del referendo, están sometidos al control de la Corte Constitucional, pero únicamente por vicios de procedimiento.

Lo anterior significa que dicha Corte no tiene competencia para invalidar ninguna norma introducida a la Constitución a través de un acto legislativo, una Asamblea Constituyente, o un referendo aprobado por el pueblo, por vicios de fondo, o sea por su contenido material, tal como lo establece el Artículo 241 de la Carta.

No obstante dicha restricción, la Corte revisa o escudriña el contenido material de esos actos jurídicos a efectos de establecer si con los mismos se reformó la Constitución o se la sustituyó. Este examen lo hace la Corte desde su interpretación de que dentro de la facultad que le otorga la Carta para ejercer el control de Constitucionalidad por vicios de procedimiento, está comprendida la de verificar que el constituyente derivado no haya obrado por fuera de su competencia, como sería el caso de haber sustituido total o parcialmente la Constitución Política.

Descendiendo ya al Acto Legislativo 01 de 2005, considero del caso poner de presente a los lectores de gerencie.com que dicho acto legislativo ya fue objeto de control de constitucionalidad por vicios de procedimiento, concluyendo la Corte Constitucional que en la expedición de esa enmienda el Congreso observó debidamente la totalidad de las formalidades requeridas para tal fin. También concluyó que a través del mismo no hubo sustitución parcial, y mucho menos total, de la Constitución.

Entonces, si la conclusión de la Corte es la de que no hubo vicios de procedimiento y de que allí no operó la figura de la sustitución, y dado que no es posible que la Corte se ocupe de los vicios de fondo que evidentemente contiene el Acto legislativo 01 de 2005,   qué podrían hacer aquellas personas que a raíz de la expedición de dicho acto legislativo perdieron la posibilidad de pensionarse con el RdT a pesar de haber quedado amparados por éste?

Algunos estudiosos del tema se han atrevido a plantear la posibilidad de que los jueces inapliquen aquellas normas que introdujo a la Constitución el acto legislativo 001 de 2005, y que comportan vicios de fondo, bajo el entendido de que tales vicios no son susceptibles de sanearse a través de la acción de inconstitucionalidad.

Esa sería una figura similar a la excepción de inconstitucionalidad de las normas ordinarias, según la cual si el juez considera que al aplicar una norma ordinaria se violentaría la constitución, puede abstenerse de hacerlo para salvaguardar así la integridad y supremacía de la Carta, eso sí, teniendo cuidado de que dicha norma no haya sido revisada por la Corte y declarada acorde con la Constitución.

En una próxima columna se analizará con mayor detenimiento el tema de la inaplicabilidad.

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