Reclasificación de régimen común al simplificado

Inicio » Impuestos. » (10 / 09 / 2013 )

El artículo 508-1 del estatuto tributario, revista a la administración de impuestos de la facultad para que de oficio reclasifique a los contribuyentes que se encuentren en el régimen simplificado al común, cuando el funcionario mediante la misma facultad de fiscalización de que ostenta la Dian, determine que no cumple los requisitos para pertenecer al régimen común.

Así, si la administración de impuestos como producto de una investigación determina que el responsable perteneciente al régimen simplificado, no cumple con los requisitos para cumplir a él, puede reclasificarlo en el régimen común, e inclusive puede exigir el pago del Iva que debió haber facturado desde cuando cumplió los requisitos para pertenecer el régimen común.

Esta reclasificación podrá hacerse siempre que la administración de impuestos efectivamente determine que el contribuyente no cumple con los requisitos para pertenecer el régimen simplificado; esta reclasificación no puede ser caprichosa, debe corresponder a una realidad normada por el estatuto tributario.

Algunos funcionarios hacen una especie de “redadas” a determinados sectores económicos, y de forma caprichosa, indiscriminada y  generalizada reclasifican a los responsables del régimen simplificado al régimen común, lo cual resulta ser una actuación indebida, puesto que la reclasificación debe corresponder a hechos ciertos y probados, no supuestos.

Sobre el respecto, la Corte constitucional en sentencia T-754 de 2001 expuso lo siguiente:

3.2. La jurisprudencia existente acerca de la reclasificación de un contribuyente del régimen simplificado al común

(…)

3.2.1. De acuerdo con los hechos descritos, la decisión administrativa de reclasificar a la actora, fue tomada con base en el artículo 508-1 del Estatuto Tributario.

3.2.2. Esta norma fue objeto de acción pública de inconstitucionalidad presentada ante la Corte Constitucional, acción que fue rechazada por parte del Magistrado Sustanciador en auto proferido el 24 de febrero de 2000 y posteriormente en Auto A-22 del 15 de marzo del mismo año, proferido por la Sala Plena de esta Corporación, bajo el siguiente argumento:

[...] en ejercicio de las atribuciones constitucionales especiales, conferidas por el artículo 24 transitorio de la Constitución Política, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia No 85 del 18 de julio de 1991, Expediente 2280, M.P. Dr. Pedro Escobar Trujillo, declaró exequible “definitivamente”, el artículo 43 de la Ley 49 de 1990, por el cual se adicionó el Estatuto Tributario en el artículo 508-1.

3. Siendo ello así, no le asiste razón al recurrente en súplica ante la Sala Plena de la Corte Constitucional, para que se revoque el auto de 24 de febrero de 2000, en cuanto rechazó la demanda presentada contra la expresión “No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, para efectos de control tributario, el Administrador de impuestos podrá oficiosamente reclasificar a los responsables que se encuentren en el régimen simplificado, ubicándolos en el común,” contenida en el artículo 508-1, del Estatuto Tributario, Decreto 624 de 1989, adicionado por el artículo 43 de la Ley 49 de 1990. En efecto, como surge de la Sentencia No 85 de 1991, la Corte Suprema de Justicia concluyó que el artículo 43 de la Ley 49 de 1990 no quebranta ninguna norma de la Constitución; así mismo, es evidente que en la referida sentencia, la Corte Suprema de Justicia, no limitó los efectos de la declaración de exequibilidad como para que pueda predicarse la existencia de cosa juzgada relativa. Lo que indica, en armonía con el artículo 243 de la Constitución, y de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 21 del decreto 2067 de 1991, que la cosa juzgada acaecida en el presente caso es absoluta.

De esta manera, la Corte Constitucional reconoció los efectos de cosa juzgada de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia acerca de la constitucionalidad de la norma cuya aplicación en este caso concreto, dio origen al proceso que se revisa.

3.2.3. Corresponde entonces hacer referencia a la Sentencia 85 de 1991, proferida por la Corte Suprema de Justicia, con el propósito de determinar los criterios establecidos en la aplicación de la facultad que confiere el artículo 508-1 del Estatuto Tributario al administrador de impuestos:

[...] la facultad de reclasificación en el régimen común que el precepto impugnado otorga al Administrador de Impuestos, no equivale a decisión arbitraria, desprovista de toda posible regulación por fuera de la omnímoda y caprichosa voluntad del funcionario. Y ello no solo porque el derecho colombiano desconoce poderes de tan perjudicial índole sino, ante todo, porque como se verá, el conjunto normativo del que forma parte y con el que debe interpretarse sistemáticamente, provee el marco de referencia jurídico que encauza y delimita su ejercicio.

De hecho, la norma en cuestión no puede ser interpretada aisladamente, pues su verdadera dimensión y significado solo son comprensibles en cuanto estén iluminados por el contexto integral del Estatuto Tributario dentro del cual se integra.

En efecto, como el propio Parecer Fiscal lo reconoce, la clasificación para efectos del impuesto a las ventas en el régimen simplificado está sujeta a condiciones y requisitos concurrentes de carácter reglado; por manera que es su cumplimiento en cada caso concreto, lo que determina la posibilidad de acogerse a dicho régimen y no el capricho o voluntad de la Administración o del contribuyente, como que si bien es facultativo de este último someterse al común reuniendo las del simplificado, no le es dable la opción contraria, esto es, la de acogerse al simplificado cuando completa los requisitos del común (artículos 499 y 503del Estatuto Tributario).

(…)

Del cuadro normativo de que se ha dado cuenta, y al cual necesariamente debe articularse el análisis de la norma que se examina para su recto entendimiento, se colige sin hesitación que el ejercicio de la facultad de reclasificación que se confiere al funcionario Administrador de Impuestos, únicamente tiene lugar cuando éste verifique que un contribuyente se halla situado en el régimen simplificado pese a no satisfacer los requisitos a que los artículos 499 y 500del Estatuto Tributario subordinan la posibilidad de estar en él.

En este sentido, hace ver la Corte que el propósito que informa el precepto cuestionado no es otro que dotar a la Administración de un mecanismo que le permita oficiosamente proceder a reclasificar a un responsable que se ha ubicado o continúa en el régimen simplificado, en cualquier tiempo en que como resultado de sus poderes de investigación y fiscalización comprobare que no llena las condiciones y requisitos a que los artículos 499 y 500 del Estatuto Tributario supeditan la pertenencia o permanencia en el mismo, habida consideración de que precisamente la circunstancia de no reunirlos comporta como consecuencia obligada su paso al común.

Ciertamente antes de la expedición de la norma sub-examine la administración carecía de un instrumento en cuya virtud pudiera hacer efectivos en esta materia los amplios poderes de fiscalización e investigación, que el artículo 684 del antedicho Estatuto le confiere con miras a asegurar el cumplimiento de las normas sustanciales. Es verdad que podía adelantar las indagaciones tendientes a establecer la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones tributarias no declarados, así como efectuar las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los impuestos; pero si de ellas resultaba comprobado que un contribuyente se había encuadrado incorrectamente en el régimen simplificado, la Administración no podía tomar acción inmediata para enmendar la situación, toda vez que como de acuerdo al artículo 601ibídem en este régimen la declaración de ventas es anual y como los hechos que configuran la obligación tributaria según los artículos 499 y 500 a 506ibídem se refieren a datos del año inmediatamente anterior (i.e. ingresos netos de la actividad comercial y patrimonio bruto), se veía forzada a esperar que transcurriera el año gravable respectivo para poder actuar en consecuencia.

La norma acusada viene a llenar tal vacío, sin que por este aspecto merezca reproche alguno, pues es desarrollo lógico y consecuente de las facultades de investigación y fiscalización de que se ha hecho mención.

Arríbase así a la conclusión de que el aserto del demandante, conforme al cual el gozar o no de las prerrogativas propias del régimen simplificado no depende de la concurrencia de los supuestos previstos en la ley, es infundado. Nótese a este respecto que tampoco es cierto que una decisión en ese sentido penda del criterio subjetivo, voluntarista y arbitrario de un funcionario, pues recuérdese además el perentorio mandato consignado en el artículo 743del mismo Estatuto Tributario, el cual obliga a la Administración a fundar sus decisiones sobre determinación de tributos, en los hechos que aparezcan demostrados en el respectivo expediente y a comprobarlos por los medios de prueba señalados en las leyes tributarias o en el Código de Procedimiento Civil, en cuanto éstos sean compatibles con aquellos.

3.2.4. El tema de los recursos de los que dispone la persona a quien se le aplica la reclasificación, también fue materia de análisis en el fallo que se cita, en los siguientes términos:

7.- El problema de los recursos contra el acto administrativo. La subsistencia de las garantías procesales en la aplicación de la disposición demandada.

Por otra parte, frente a lo dispuesto en el inciso 2º del artículo puesto en entredicho, es necesario hacer una precisión, porque ciertamente éste, al igual que el primer inciso que ya fue analizado, es oscuro en su redacción. La frase que señala que contra la decisión por la cual la administración reclasifica a un contribuyente en el régimen común "no procede recurso alguno" debe ser entendida en el sentido de que contra la misma no cabe intentar los recursos ordinarios de la vía gubernativa, que consagran las normas generales.

Mal puede quedar comprendido dentro de dicha expresión el recurso extraordinario de revocatoria directa pues éste, conforme al artículo 10 del Decreto 2304 de 1989, es procedente precisamente respecto de los actos administrativos que carecen de recurso gubernativo alguno. Así pues, la prementada decisión es pasible del recurso extraordinario mencionado, el cual ha de intentarse dentro de los dos (2) años siguientes a la ejecutoria de aquella. (artículo 737 del Estatuto Tributario).

Nótese además que subsiste la posibilidad de acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para controvertir la decisión administrativa de reclasificación en el régimen común. Por lo tanto, en el caso que ocupa la atención de la Corte, está plenamente asegurado el "derecho a la jurisdicción", que es el instrumento que desarrolla las garantías constitucionales del debido proceso y del derecho de defensa y que asegura su vigencia mediante los derechos de contradicción, publicidad y controversia probatoria y de decisión de la litis a través de un proceso conducido y decidido por un órgano jurisdiccional, elementos en los que se descomponen tales garantías y que hoy consagra el artículo 29 de la Carta. Por manera que desde este ángulo no cabe formular reparo de índole constitucional al inciso que se examina.

3.2.5. De la sentencia de constitucionalidad proferida por la Corte Suprema de Justicia recién citada y del contraste de las normas que en ésta se mencionan y de las vigentes en el momento en que se profirió la Resolución N° 1768 por parte del Administrador de Impuestos de Pereira (29 de diciembre de 1999), se coligen las siguientes conclusiones:

3.2.5.1. El régimen simplificado para el impuesto sobre las ventas es una excepción al régimen que de manera general se aplica en esta materia tributaria, es decir el común. El propósito del régimen simplificado es el de facilitar el acceso al mercado de quienes venden bienes o servicios en menor escala, de acuerdo con los criterios y reglas establecidas en el Estatuto Tributario.

3.2.5.2. Los cambios experimentados por el Estatuto Tributario desde que la Corte Suprema de Justicia profirió la Sentencia 85 de 1991, no alteran la facultad de la que dispone el Administrador de Impuestos de reclasificación en el régimen común en virtud del artículo 508-1 de referido Estatuto, pues los cambios versan sobre materias diferentes - aunque relacionadas - tales como los requisitos que ha de cumplir quien desee estar inscrito en el régimen simplificado, mas no sobre la facultad misma de reclasificación.

3.2.5.3. La razón de esta facultad radica en dotar a la Administración de un mecanismo eficiente para reclasificar en el régimen común a quienes, por sus circunstancias económicas, deben estar en éste y no en el simplificado.

3.2.5.4. Esta facultad permite a la Administración, de un lado, controlar la evasión fiscal y mejorar el sistema de recaudo, y, del otro, garantizar la justa competencia económica en la medida en que dota a la Administración de un instrumento que le permite ubicar en el régimen común - que implica mayores obligaciones para quienes son sus responsables - a todos los que deben estar en el mismo.

3.2.5.5. El acto que ordena la reclasificación en el régimen común, debe fundarse en las pruebas obtenidas para el efecto. Ello es resultado de la necesidad, señalada en la ley y reconocida por la jurisprudencia, de que las actuaciones de la administración no sean arbitrarias ni caprichosas.

3.2.5.6. Contra el acto que ordena la reclasificación en el régimen común, procede el recurso extraordinario de revocatoria directa.

3.2.5.7. Igualmente existe la posibilidad de acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para controvertir la decisión administrativa de reclasificación en el régimen común.

3.2.6. Es a partir de estos criterios, fijados por la jurisprudencia constitucional de la Corte Suprema de Justicia y ratificados por la Sala Plena de esta Corporación en Auto 022 de 2000, que se debe establecer si procede la acción de tutela y, en caso afirmativo, si se vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la defensa de la accionante con la expedición por parte del Administrador de Impuestos y Aduanas de Pereira, de la Resolución 1768 del 29 de diciembre de 1999, por medio de la cual se reclasifica a la accionada en el régimen común sobre el impuesto de ventas.

Para tal efecto, se hará un análisis breve de la Resolución 1768 del 29 de diciembre de 1999, del Administrador de Impuestos y Aduanas de Pereira, por medio de la cual se reclasificó a la accionante en el presente proceso de revisión en el régimen común luego de estar en el simplificado, a la luz de las reglas generales acerca de las actuaciones administrativas y, en particular, de la obligación que tiene la administración de motivar sus actos. Posteriormente, se estudiará el tema referente a la procedibilidad de la acción de tutela como vía principal para solicitar la reclasificación de una persona en el régimen simplificado luego de haber sido ubicada en el régimen común como resultado de una decisión de la autoridad competente, así como lo relativo a la posibilidad de que la tutela pueda ser ejercida en este caso como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

(…)

Resulta claro entonces que la facultad de la Dian no es absoluta y que el contribuyente puede interponer recursos contra la resolución que ordene tal reclasificación cuando no considere que no se ajusta a la realidad.

Auto A-022 de 2000; M.P. Alvaro Tafur Galvis.

El artículo 503 del Estatuto Tributario fue derogado expresamente por el artículo 285 de la Ley 223 de 1995.

El artículo 500 del Estatuto Tributario fue derogado expresamente por el artículo 285 de la Ley 223 de 1995.

A partir de la expedición de la Ley 223 de 1995, y de acuerdo con el nuevo artículo 601, la declaración del impuesto sobre las ventas será bimensual.

Los artículos 500, 501, 503 y 504 del Estatuto Tributario, fueron derogados expresamente por la Ley 223 de 1995; los artículos 502 y 505 del mismo, fueron modificados; y el artículo 506 adicionado por la Ley 633 de 2000.

El artículo 743 del Estatuto Tributario, indica: "La idoneidad de los medios de prueba depende, en primer término, de las exigencias que para establecer determinados hechos preceptúen las leyes tributarias o las leyes que regulan el hecho por demostrarse y a falta de unas y otras, de su mayor o menor conexión con el hecho que trata de probarse y del valor de convencimiento que pueda atribuírseles de acuerdo con las reglas de la sana crítica".

Sentencia No 85 del 18 de julio de 1991. Expediente 2280. Sala Plena, Corte Suprema de Justicia. M.P. Pedro Escobar Trujillo (En dicha sentencia, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia declaró la exequibilidad del artículo 508-1 del Estatuto Tributario. La sentencia fue proferida con posterioridad a la expedición de la Constitución Política de 1991).

Ibídem.

Es del caso, por ejemplo, tener en cuenta lo señalado por el artículo 36 del Código Contencioso Administrativo: "En la medida en que el contenido de una decisión, de carácter general o particular, sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza, y proporcional a los hechos que le sirven de causa".

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Una opinión
  1. angela dice:

    entre los contribuyentes del regimen tributarioespecial
    las cooperativas multiactivas estan obligadas a declarar renta o son entidades sin animo de lucro

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