Regímenes fiscales preferenciales

Mucho se ha hablado de los paraísos fiscales tanto a nivel nacional como a nivel internacional, e incluso en Colombia hay una normatividad especial aplicable al momento de efectuar pagos desde el territorio nacional a personas (naturales o jurídicas) que tengan residencia en países que tengan esta etiqueta de conformidad a los decretos 1966 y 2095 expedidos en 2014 por el Gobierno Nacional; estas medidas se ven concretadas por ejemplo al momento de efectuar la retención en la fuente, como lo establece el parágrafo del artículo 408 del Estatuto Tributario de la siguiente forma:

Los pagos o abonos en cuenta por cualquier concepto que constituyan ingreso gravado para su beneficiario y este sea residente o se encuentre constituido, localizado o en funcionamiento en paraísos fiscales, que hayan sido calificados como tales por el Gobierno colombiano, se someterán a retención en la fuente por concepto de impuesto sobre la renta y ganancia ocasional a la tarifa del treinta y tres por ciento (33%) (…)

Pero muy poco se ha hablado de las políticas internas que tienen ciertos países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las cuales benefician ciertas actividades empresariales con una tributación muy baja o nula, buscando de esta forma atraer a sus territorios grandes capitales con el fin de dinamizar su economías. Estos son los autodenominados Regímenes Fiscales Preferenciales.

Esta figura ha sido descrita por algunos tratadistas como “las prácticas de paraísos fiscales de los estados miembros de la OCDE”[1], ahora bien, a diferencia de los Paraísos Fiscales, esta figura tiene una cierta aceptación a nivel internacional, y ello se nota en la falta de regulación por parte de las diversas legislaciones, e incluso en algunas ocasiones en la complicidad por parte de ciertos países.

Lo anterior se puede apreciar, por ejemplo, en el Convenio Para Evitar la Doble Imposición (CDI) suscrito entre Colombia y el Reino de España, en el cual se omitió incluir una regla general anti-abuso, es decir, en este convenio no se estipulan herramientas que eviten el aprovechamiento del mismo por parte de personas no residentes en uno de los Estados, mediante la creación de sociedades sin sustancia económica, con el fin de simplemente acceder a los beneficios otorgados por el país receptor del capital (que suele ser Colombia).

Para fines meramente ilustrativos, me permito transcribir el artículo 21.1 del CDI suscrito entre Colombia y Suiza, artículo mediante el cual se busca evitar el aprovechamiento del convenio mediante el desconocimiento de los beneficios otorgados:

Cuando una sociedad residente en un Estado contratante recibe una renta proveniente del otro Estado contratante y transmite, directa o indirectamente, en cualquier momento y bajo cualquier forma, al menos la mitad de esta renta a una o más personas que no son residentes de este otro Estado contratante, este elemento de renta no beneficia del presente Convenio.


[1] Roy Rohatgi. Principios Básicos de la Tributación Internacional. Editorial Legis, Primera Edición, Bogotá 2008. Página 584.

MÁS SOBRE

Gerencie.com en su correo.

Suscríbase y nosotros colocaremos en su bandeja de entrada la mejor información que generamos diariamente.

Siéntase libre de opinar

En Gerencie.com está permitido opinar, criticar, discutir, controvertir, disentir, etc. Lo que no está permitido es insultar o escribir palabras ofensivas o soeces. Si lo hace, su comentario será rechazado por el sistema o será eliminado por el administrador. Por último, trate de no escribir en mayúscula sostenida, resulta muy difícil leerle.