Reintegro de trabajadora embarazada - No procede si el cargo fue creado para labores transitorias de descongestión

Según sentencia reciente de la Corte Constitucional, no procede el reintegro “Cuando el origen de la desvinculación es que el cargo que la mujer embarazada ocupaba fue creado por la administración pública, para el desempeño puntual de funciones transitorias relativas a la eficacia, celeridad y mejoramiento de la función pública, como por ejemplo los cargos denominados de descongestión.”

La señora Lizeth Christina Landínez Tami, promovió acción de tutela en contra de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander y la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial Seccional de Bucaramanga, por estimar que se le estaban vulnerando sus derechos fundamentales al mínimo vital, al trabajo y a la seguridad social.

Manifestó a accionante que el 24 de febrero de 2014, fue nombrada en el cargo de Citador grado 3 en descongestión, adscrita al Juzgado 2º Civil Municipal de Descongestión de Barrancabermeja; que se encontraba en estado de embarazo y que informó de ello a la titular del Juzgado y a la Dirección Ejecutiva Seccional de Bucaramanga.

Señaló que en diciembre de 2015 les fue informado a todos los empleados de los juzgados en descongestión que no tendrían continuidad para el año 2016 por falta de presupuesto, lo que ocasionó la respectiva desvinculación laboral.

Precisó en su demanda que se encontraba en la semana 30 de embarazo. Explicó que los servicios médicos se le habían suspendido. Asimismo, indicó que no contaba con los recursos económicos para su sostenimiento y el de su menor hijo que estaba próximo a nacer.

Con base en lo anterior, solicitó que se le ampararan sus derechos fundamentales vulnerados y que en tal virtud se ordenara el reintegro al cargo que venía desempeñando y el pago de la indemnización respectiva.

La Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, adujo que la accionante se encontraba “en un cargo de descongestión de carácter transitorio, hecho que no desconocía al momento en que fue nombrada, de tal suerte que su relación laboral estaba condicionada a la prórroga o terminación de las medidas de descongestión, por lo que su desvinculación no se fundamentó en su estado de gravidez.

Aclaró la entidad accionada que dicha dependencia no tenía competencia para ordenar la creación de cargos, reubicación o nombramientos, los cuales se proveen a través de concurso de méritos y sus nombramientos se realizan conforme a lo dispuesto en la Ley Estatutaria de administración de justicia.

Y puntualizó que la acción de tutela era improcedente para el cobro de prestaciones sociales y salarios dejados de percibir, a menos que se logre acreditar un perjuicio irremediable, condición que no estaba demostrada en este caso.

El Coordinador de Defensa Judicial y Atención a Procesos de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, añadió que la vinculación laboral de la accionante dependía directamente de la continuidad de las medidas de descongestión, las cuales habían sido prorrogadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura hasta el 31 de diciembre de ese año, por lo que la accionante había sido desvinculada el 1º de enero de 2016.

Conoció de la demanda en primera instancia la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, quien mediante sentencia del 1º de febrero de 2016, declaró improcedente la acción de tutela, tras considerar que no se había acreditado que la desvinculación del cargo de descongestión que ocupó la actora hubiese ocurrido por causa de su embarazo.

La accionante impugnó el fallo de primera instancia aduciendo que si bien era cierto que contaba con otros mecanismos como la nulidad y el restablecimiento de derecho, dichas acciones no revestían el carácter de urgencia e inmediatez que su amparo requería, puesto que por su  avanzado estado de gestación, necesitaba el servicio de seguridad social en salud para ser atendida en su parto.

Mediante sentencia del 17 de marzo de 2016, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión del a quo con argumentos similares a los que expuso el juez de primera instancia.

La sentencia de la Corte Suprema de Justicia fue seleccionada por la Corte Constitucional para su revisión.

Al estudiar el caso, la Corte subrayó que una de las medidas de protección del fuero de maternidad es el reintegro o renovación del contrato, pero advirtió  que si dichas medidas se tornan imposibles desde el punto de vista fáctico, es procedente la medida de protección sustitutiva, es decir, “el reconocimiento de las prestaciones en materia de seguridad social en salud, hasta el momento en que la mujer adquiera el derecho al reclamo de la prestación económica de la licencia de maternidad.

Y agregó:

“Por esto la Corte ha establecido ciertos casos en que la medida de reintegro no procede:

1) Cuando la empresa se ha liquidado o está en proceso de extinción la persona jurídica que la sustenta.

2) Cuando el origen de la desvinculación es que el cargo que la mujer embarazada ocupaba, ha sido provisto por concurso de méritos.

3) Cuando el origen de la desvinculación es que el cargo que la mujer embarazada ocupaba fue creado por la administración pública, para el desempeño puntual de funciones transitorias relativas a la eficacia, celeridad y mejoramiento de la función pública, como por ejemplo los cargos denominados de descongestión y,

4) Cuando la existencia de la relación laboral entre la mujer gestante y empleador, dependía íntimamente de la subsistencia de un contrato previo celebrado por el empleador”..

Ahora bien, sobre el caso de la accionante Lizeth Christina Landínez Tami, concluyó la Corte que la desvinculación de la accionante no obedeció a un trato discriminatorio como consecuencia de su estado de gravidez, sino a una situación objetiva, que no dependía de la liberalidad del empleador, sino que la decisión fue adoptada con base en una razón objetiva, general y legítima, como es la expiración del período por el cual fue creado el cargo de descongestión de Citador grado 3, por lo que no es fácticamente posible ordenar el reintegro de la actora.

Sin embargo, estimó que al haberse realizado la desvinculación de la accionante dentro del período de embarazo y sin autorización del Inspector del Trabajo, dicha actuación configuraba una violación al derecho fundamental de estabilidad laboral reforzada de la mujer en embarazo y a la vida de la criatura que está por nacer. Y al no ser posible el reintegro, podía la Sala adoptar en favor de la actora medidas sustitutivas de protección.

Y en ese orden resolvió la Corporación proteger los derechos fundamentales invocados por la accionante, y en tal virtud revocó el fallo de tutela de segunda instancia y ordenó a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia tomara las medidas necesarias para reconocer a la accionante el valor de los salarios dejados de percibir, desde cuando fue retirada hasta tres meses después del parto, y pagar las cotizaciones a la E.P.S. a la cual se encontraba afiliada la actora, desde el momento de su retiro hasta cuando el bebé cumpla un año de vida.

(Ver Sentencia T-353 de 2016)

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Una opinión
  1. ruth Rodriguez dice:

    despido injustificado

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