¿Si el juez ordena el reintegro del trabajador despedido sin justa causa, éste puede ser obligado a devolver la indemnización que recibió?

¿En ese caso podría el trabajador alegar en su favor que no hay lugar al reembolso de dichos dineros por cuanto el despido fue ilegal y según el artículo 1525 del Código Civil: “No podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas”? 

Lo que se viene de leer en el subtítulo hace parte de la argumentación que adujo el apoderado de un trabajador durante el trámite del recurso de casación en el proceso ordinario laboral al que fue convocado su cliente por parte de la empresa que lo había despedido y que luego debió reintegrarlo por orden de un juez de tutela.

El caso se puede resumir así:

Un trabajador fue despedido de la empresa CODENSA S.A E.S.P. sin que mediara justa causa legal, razón por la cual ésta le canceló el valor de la indemnización convencional correspondiente, junto con el producto de la liquidación final de prestaciones sociales legales y extralegales a que había lugar, dada su condición de afiliado al sindicato de trabajadores de la empresa y por eso mismo beneficiario de la convención colectiva vigente.

El trabajador acudió a la acción de tutela y por esa vía logró que la Corte Constitucional le ordenara a la empresa reintegrarlo al cargo que venía desempeñando, lo cual fue cumplido en forma debidamente por la empleadora. De esa manera, quedaron sin efectos, tanto el despido como los pagos correspondientes a indemnización y cesantía.

Como el tiempo transcurría y el trabajador no daba señales de querer reembolsarle a la empresa el monto de la indemnización y de las cesantías recibidas, la empleadora acudió ante la justicia ordinaria laboral en procura de que ésta obligara al demandado a realizar la devolución de los pagos recibidos, dado que con el reintegro del trabajador aquellos habían perdido su fundamento de base.  

Una vez notificado del auto admisorio de la demanda el trabajador hizo dos cosas: se opuso a las pretensiones de la demanda, y contrademandó a la empresa, (eso técnicamente se llama presentar demanda de reconvención), con el fin de que ésta  fuera condenada a pagarle, “los daños” morales  y materiales que dijo haber padecidos él y su familia durante el tiempo que estuvo desvinculado de la empresa; pidió también que Codensa fuera condenada a pagar las costas del proceso.

Al dar contestación a la demanda, el trabajador convocado al proceso negó los hechos y alegó que “no tiene obligación  legal de restituir suma alguna de dinero a CODENSA S.A. E.S.P. porque el despido tuvo una casusa ilícita, nada más ni nada menos que la violación de derechos humanos fundamentales, y por ende no puede quien cometió el ilícito repetir contra el trabajador”.

Así mismo, propuso las excepciones previas y de fondo que consideró pertinentes.

En  respaldo de las pretensiones formuladas en la demanda de reconvención, adujo, en síntesis, que con el salario que devengaba atendía todas las necesidades de su familia, las que no pudo cubrir durante el tiempo en que estuvo cesante, pues en ese lapso no recibió pago alguno. Informó que a la fecha del despido estaba afiliado a «Sintraelecol»

El juez de primera instancia condenó al trabajador a pagar a Codensa el valor de la indemnización por despido sin justa causa y el correspondiente al auxilio de cesantía; autorizó a la sociedad a compensar tales sumas de dinero, y lo absolvió de las demás pretensiones de la demanda inicial.

Por otra parte, le negó prosperidad a las pretensiones incluidas en la “contrademanda”.

El trabajador demandado apeló la sentencia y el negocio subió a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá quien la confirmó.

La Sala concluyó que al quedar sin efecto la terminación del contrato de trabajo, tal como lo había ordenado la Corte Constitucional en la sentencia T-436/2000, quedaban también sin efectos el auxilio de cesantía y la indemnización por despido sin justa causa, y de esa manera se le abría camino a las “restituciones y compensaciones mutuas (…)” puesto que la nueva situación que se había configurado con el reintegro del trabajador determinaba que los pagos hechos lucieran ahora como realizados antes de tiempo, pudiéndose realizar “un cruce de cuentas, con respecto a los salarios dejados de percibir.”O sea, que no se trataba de que el trabajador sacara de su bolsillo la totalidad de dichos dineros, sino que se hiciera un cruce de cuentas entre lo que  le correspondía recibir a éste por salarios causados durante el tiempo que estuvo despedido y lo recibido por indemnización y cesantías. Y puntualizó que: “…considerar una situación diferente a favor de una de las partes, sería tanto como permitir un enriquecimiento sin causa por parte del trabajador.  

El trabajador interpuso el recurso de Casación contra la sentencia del Tribunal.

En la demanda de casación y más concretamente en la demostración del único cargo, el apoderado del trabajador acusa al Tribunal por “desconocimiento” o por “rebeldía”, porque omitió tener en cuenta en su análisis el art. 1525 del C.C., pues, de haberlo hecho “habría concluido que el demandado no tiene la obligación jurídica de devolver lo pagado por el empleador a la terminación del contrato de trabajo, puesto que esos pagos se generaron a partir del despido que tuvo objeto y causa ilícita, diferente a un despido injusto. “

Agregó que en este caso el Tribunal desconoció  art. 19 del C.S.T. que señala que, “Cuando no hay norma exactamente aplicable al caso controvertido, se aplican las que regulan casos semejantes y que como en el estatuto laboral no se prevén las consecuencias de un despido que tiene objeto y causa ilícita, debió acudir al art. 1525 del C.C. que, al efecto, consagra que «no podrá repetirse lo que se haya pagado por objeto y o causa ilícita a sabiendas».  

Así mismo afirmó que la Corte Constitucional en la sentencia T436/2000 señaló a la empresa de haber ejecutado  “un despido masivo que tenía como designio la violación flagrante de uno de los derechos fundamentales consagrados en la C.P., como es el derecho de asociación sindical”,  y agregó que “de conformidad con los arts. 1519  y 1524 del C.C. tales despidos tuvieron objeto y causa ilícita, lo cual exime al demandado de la obligación de devolver los dineros que le pagó Condensa a la fecha de la terminación del contrato de trabajo.

Acudió a normas de la legislación internacional del trabajo y a las propias del CST, con el fin de atacar la conclusión del Tribunal que le ordenó al demandado devolver los dineros pagados. “porque fueron un anticipo”, afirmación que, en su sentir, “choca frontalmente con el art. 127 del C.S.T., porque el salario es el pago que el trabajador recibe en dinero o en especie como contraprestación del servicio, no para pagar [lo] que el empleador le haya entregado previamente al trabajador, contra su voluntad».   

Al resolver el recurso la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia compartió la decisión del Tribunal y por tanto dejó en firme la sentencia impugnada.

Fuente: sentencia SL6389 -2016, Radicación 48699, M. P. Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo.

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2 Opiniones
  1. ANA MOLINA dice:

    Buena información, además muy clara. Gracias.

  2. Fernando Garcia dice:

    Que buena información. Gracias!

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