Rentas exentas, la verdad detrás del telón

Existen fuertes críticas al sistema tributario por otorgar rentas exentas. Dos de los grandes doctrinantes en este tema, son  los doctores  Juan Camilo Restrepo[1] y Horacio Ayala Vela[2]; quienes han expresado a partir de su amplia experiencia como hacendistas sus preocupaciones por ver como se distorsiona el sistema tributario con tratamientos preferenciales sin necesidad.

La misma corte constitucional ha permitido dichos  beneficios tributarios aduciendo dos situaciones:

i) Para estimular o incentivar ciertas actividades o comportamientos  ii) Con el propósito de reconocer situaciones de carácter   económico     o social que ameriten la exención”[3]

Las mentiras con las cuales se crean alivios tributarios en el país generaron en la década pasada la necesidad de un seguimiento. Si bien no han sido plenamente estudios serios con suficiencia técnica ni científica, se han venido desarrollando informes del costo fiscal de los beneficios que se brindan a algunos contribuyentes del impuesto de renta.

En Colombia desde la Ley 782 de 2002[4] es obligatorio presentar cada año un informe detallado  del impacto que generaban dichos beneficios en las finanzas del país, adjunto al  presupuesto de rentas y apropiaciones, solo para efectos de lo que se denominó “trasparencia fiscal”. Reforzando dicha obligación; la Ley 819 de 2003[5]  estableció que en el marco fiscal de mediano plazo, también se diera a conocer una estimación  del costo fiscal de los alivios tributarios.[6]

Partiendo de dicha obligación, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en cabeza de su director, el Dr. Juan Ricardo Ortega, han  suministrado a través de la dirección de estudios económicos la  información que por ley les corresponde y la cual se resume en el siguiente cuadro.

Hay varios factores que llaman la atención, el primero es el grupo de  contribuyentes personas jurídicas, por ser estos a juicio de la DIAN los que verdaderamente pagan impuestos en este país.

Un dato interesante, es que el total de rentas exentas del último año gravable que se tiene información es del 2010, año en el cual la suma de rentas exentas  es exorbitante; 7.390 miles de millones de pesos, y de estas 5.087 miles de millones[7], obedecen única y exclusivamente a  contribuyentes personas jurídicas, un dato prolijo, pues si   son los que efectivamente pagan impuesto como lo asegura  el Director de la Dian, ¿Por qué hacer una  disminución abismal de su base gravable?

Más sorprendente aún, es que se denomine un sub sector económico “otros servicios”, y que del total de  todas las rentas exentas del año gravable 2010 de los contribuyentes, estos posean un participación de 53,4%. En palabras textuales la hipótesis es ¿Qué significará para la Dian   “otros servicios”?

Existes varias explicaciones para este aumento, y  es aquí donde cobran  valor dos hipótesis, la primera son los procesos de dispersión de capital[8] que se llevaron a cabo durante el año 2010 para disminuir el patrimonio liquido poseído a 31 de diciembre, para no liquidar  impuesto al patrimonio. la segunda hipótesis  es la causante de dicho incremento, fue  la constitución de las denominadas sociedades por acciones simplificadas, que se crearon mediante ley 1258 de 2008, lo decimos porque pasaron de ser 239 a 2.904 contribuyentes catalogados dentro de este sub sector, y es aquí donde reviste suma importancia que dentro de ley (ibídem)  en su artículo 5  numeral 5° se exprese textualmente:

“5o. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita”.

Lo anterior no sería un gran problema en términos de desarrollo económico, pero si para la administración de impuestos, pues aun cuando se contraría el artículo 110 numeral 4 del código de comercio[9], se pueden establecer este tipo de sociedades con objeto o actividad o subsector económico indeterminado,  por ende su denominación es “otros servicios”.

La distorsión que esto genera puede llevar a dos opciones; la primera, que la Dian no tenga la suficiente capacidad administrativa para fiscalizar a dichos contribuyentes y la otra es que se centre solo en estos para  fiscalizarlos.  A nuestro parecer se cumplirá la primera tesis.

No se necesita suficiencia mental para llegar a la conclusión que un sector económico como el  financiero y específicamente los Bancos que en el año 2010 obtuvieron utilidades por 5,91 billones de pesos[10] no necesitan un alivio tributario  con tipología de rentas exentas, sin contar con los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional donde también se camuflan.

Entonces queda en entredicho la sentencia de la corte constitucional mencionada al comienzo del texto, pues a nuestro juicio no configura una situación social ni económica que amerite la exención, ni tampoco configura una situación que amerite estimular dicha actividad o comportamiento, pues cualquier persona no puede  constituir un banco y no cualquiera puede desarrollar actividades financieras por lo menos en términos de competencia legitima.

Un ciudadano con básicos conocimientos en impuestos centrará su atención en la temporalidad de las rentas exentas de los hoteles, pues no dejar de ser llamativo que sea un beneficio otorgado por 30 años. Pero cuando hablamos con base a información y datos estadísticos, nos encontramos con la anunciada sorpresa que entre el sector financiero y el sector denominado “otros servicios” se tengan un total del 79,1% de todas las rentas exentas de las personas jurídicas contribuyentes del impuesto de renta.

En un país con desigualdades como el nuestro, donde  un pueblo supuestamente petrolero como Puerto Gaitán, posee un índice de necesidades básicas insatisfechas del 65%[11] (es decir de cada tres personas en este municipio, dos no poseen  acceso a agua potable, acceso a la educación y acceso a vivienda) no se pueden permitir este tipo de beneficios para unos pocos  y que bajo la falacia de generar empleo o ayudar a la productividad del país se amparen de una forma  descarada en normas tributarias para  no contribuir con el financiamiento del estado.

Desidia e incapacidad es lo que demuestran los tres poderes del estado en esta situación, unos por aprobar estos beneficios  bajo argumentos mentirosos y hasta aberrantes, otros por reglamentarlos y ayudarlos a que se sigan generando este tipo de beneficios y otros por permitir que presuman de legalidad y de legitimidad dichos actos.

No quisiera ser pesimista, pero mientras el sistema tributario colombiano no sea analizado de forma armónica o sociológica a sus consecuencias, nunca habrá una reforma estructural como la que se habla desde hace diez años y la cual se dice se presentará en los corrientes.  Mientras no entendamos que los métodos de financiación de las campañas políticas influyen de forma directa en los beneficios tributarios, no se podrá decir que existe una estructura fiscal progresiva,  equitativa  y eficiente.

Por último  quisiera recordar las palabras del  Ex ministro de Hacienda de EEUU Paul O´neill quien dijo:

“yo nunca hice una decisión de inversión productiva sobre la base de alivios tributarios y creo que los buenos y verdaderos empresarios tampoco hacen sus decisiones de inversión fundamentados en los sesgos temporales provenientes de dichos alivios tributarios”[12]

Lo anterior, para  demostrarles a los pragmáticos colombianos que no se pueden disfrazar los favores personales a título de confianza inversionista ni de estabilidad jurídica. Con esto manifestamos al menos un resplandor de lo que en realidad es la verdad detrás del telón.

[1] Revista Semana, articulo “Impuestos a la Carta”

[2] Portafolio, Las exenciones y el fraude, 18 de noviembre de 2008

[3] Sentencia C-183 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz

[4] Ley 782 de 2002 articulo 87.

[5] Ley 819 de 2003 articulo 1 numeral f). y articulo 5 numeral e).

[6] El costo fiscal de acuerdo al Ministerio de Hacienda se define como el ingreso que deja de percibir el Gobierno Nacional por concepto de cualquiera de los beneficios contemplados. De esta manera, en el cálculo de dicho costo, se establece el valor del impuesto que se habría generado si el beneficio solicitado hubiera hecho parte de la base gravable de los declarantes.

[7] El gasto tributario en Colombia. Principales beneficios en el impuesto sobre la renta, IVA e importaciones. Años gravables 2009 y 2010. Actualización Dirección de Estudios Económicos. Publicado el 6 de marzo de 2012

[8] Dentro de las maniobras  que se realizaron  se encuentran la escisión de  sociedades, liquidaciones de sociedades conyugales, entre otras.

[9]  El numeral del artículo dice: 4) El objeto social, esto es, la empresa o negocio de la sociedad, haciendo una enunciación clara y completa de las actividades principales. Será ineficaz la estipulación en virtud de la cual el objeto social se extienda a actividades enunciadas en forma indeterminada o que no tengan una relación directa con aquél;

[10] Bancos obtuvieron utilidades por $5,91 billones en 2010

[11] Preocupación en DNP por alto índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en Puerto Gaitán

[12] Evaluación de la tributación en Colombia y sus desafíos  1990-2006 Sergio Clavijo

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