Resolución que ordena registro de oficinas del contribuyente no es demandable en la jurisdicción contencioso administrativa

La resolución que expide la Dian donde se ordena el registro e inspección de las oficinas o los establecimientos de comercio de un contribuyente no son susceptibles de ser demandas en la jurisdicción contencioso administrativa por ser meros hechos de trámite o preparatorios.

El registro de las oficinas y locales comerciales de un contribuyente tiene como finalidad recaudar pruebas que hacen parte de un proceso administrativo, por lo que este tipo de resoluciones no deciden de fondo ningún asunto ni crean ni modifican situaciones jurídicas, por lo tanto no pueden ser demandas.

En estos términos se pronunció la sección cuarta del Consejo de estado en sentencia del 12 de julio de 2013 radicación 19673:

Estudiados los asuntos de que tratan los actos acusados, se concluye que no son demandables, pues estos son actos de trámite, de aquellos de mero impulso de la actuación, que no deciden nada sobre el asunto debatido, pero que instrumentan la decisión final o definitiva, la preparan; son los que permiten llegar al fin del procedimiento, disponiendo los elementos de juicio para que la entidad pueda adoptar la decisión que resuelve la actuación administrativa con voluntad decisoria, que es la que está sujeta a los recursos y acciones de impugnación. Si bien existen eventos en los cuales un acto de trámite encierra en sí una decisión, y en este sentido adopta el carácter de definitivo, siendo, por tanto, demandable, este no es el caso de los actos administrativos que aquí se demandan, pues ni ponen fin a una actuación ni hacen imposible continuarla. En efecto, el registro de oficinas, establecimientos comerciales, industriales o de servicios y demás locales del contribuyente, constituye un medio de prueba señalado por la ley tributaria, como facultad de la autoridad administradora y recaudadora de los impuestos, para la correcta determinación de los tributos e imposición de sanciones, y por lo tanto, cualquier controversia que se suscite en torno a su decreto o práctica, puede ser alegada dentro de las etapas que se adelanten en la actuación gubernativa, con lo cual se garantiza no solo el derecho de defensa de los contribuyentes, sino que se asegura el debido proceso en su adelantamiento. Así, las conclusiones tomadas por la administración con ocasión del registro, están sometidas a los principios de contradicción por parte del contribuyente, quien dentro de las diferentes etapas administrativas, puede presentar diferentes medios probatorios y de esa forma desvirtuar las pruebas que con ocasión al registro la administración recolectó en su contra.”

La ley le confiere a la Dian amplias facultades de fiscalización que le permiten ordenar el registro e inspección de las dependencias del contribuyente, excepto su casa de habitación según lo establece el artículo 779-1 del estatuto tributario, por lo que nada se puede hacer para evitar que este tipo de registros sucedan.

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