Responsabilidad solidaria de la empresa contratante con respecto a los derechos laborales de los trabajadores del contratista

Según el artículo 34 del Código Sustantivo del trabajo  si una empresa contrata con un contratista independiente la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficio de terceros, dicha empresa será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho sus trabajadores, siempre y cuando las labores que éstos ejecuten pertenezcan a las actividades normales de la empresa.

Lo anterior quiere decir que en esos casos los trabajadores del contratista pueden reclamar el pago de sus salarios y prestaciones sociales no sólo a éste, es decir al contratista que es su verdadero empleador, sino que también pueden dirigir su reclamo a la empresa o al dueño de la obra o negocio que contrató con el contratista. En eso consiste la responsabilidad solidaria que contempla el art. 34 del C.S. del T.

Si nos proponemos indagar sobre las razones que tuvo el legislador para establecer dicha solidaridad, rápidamente se advierte que  su intención no fue otra que proteger al trabajador de posibles ocultamientos de verdaderas relaciones laborales a través de contratistas independientes. O sea, que lo que persigue el legislador con  la imposición de dicha responsabilidad solidaria a cargo de beneficiario de la obra, es asegurar y proteger los derechos salariales prestacionales e indemnizatorios de los trabajadores contratados por contratistas independientes para desarrollar actividades propias y misionales de la empresa beneficiada. En este sentido la norma se percibe justa en la medida que busca poner a salvo los derechos laborales de esta franja de trabajadores que contribuyen con su esfuerzo al desarrollo del objeto social de la empresa.

Hasta aquí no hay lugar a reparos.

Pero el tema deja de ser pacífico cuando se trata de desentrañar los móviles o motivos que asistieron al legislador para excluir de dicha garantía a los trabajadores vinculados laboralmente con contratistas independientes que desarrollan labores ajenas a las actividades propias de la empresa, establecimiento o negocio beneficiado con dicho trabajo.

En efecto, el art. 34 del C. S. del T. dice  lo siguiente es su parte pertinente:

“…Pero el beneficiario del trabajo o dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o para que repita contra él lo pagado a esos trabajadores.

(…)”

De la lectura de la norma en cita  se advierte a  prima facie un trato discriminatorio que resulta contrario al  principio de igualdad consagrado en la Constitución Nacional.

No es fácil entender que el legislador se esmerara en proteger los derechos de los trabajadores que realizan labores propias de la empresa y excluyera al mismo tiempo de dicha tutela a quienes desarrollan labores distintas de aquellas, a pesar de que aquellos y éstos son vinculados en las mismas condiciones (a través de contratistas)  y para el mismo fin (realizar labores de interés y para beneficio de la empresa),  y por tanto titulares de los mismos derechos.  O sea, que el legislador le puso el énfasis para distinguir, no a la importancia de los derechos que consideró en riesgo, sino a la naturaleza de la labor que el trabajador desarrolla. Si la finalidad que se proponía el legislador era evitar que a través de la contratación con contratistas independientes se escondieran auténticas relaciones laborales que dieran al traste con los derechos de los trabajadores, fácil le resultaba entender también que ese mimo riesgo se corría con la contratación de trabajadores encargados de realizar labores no afines con las de la empresa beneficiada. ¿Por qué privilegiar unos derechos y dejar expósitos otros desde la simple consideración de que las labores que desarrollan sus titulares son afines o distintas de las propias de la empresa, si ésta se beneficia por igual de unas y otras?  ¿Desde el punto de vista constitucional será suficiente esa diferencia para establecer niveles distintos de protección para  unos y otros derechos, siendo que todos se hallan potencialmente en el mismo riesgo?

Ahora bien, si lo que motivó dicha exclusión fue el evitar asignarle más cargas a la empresa contratante, por qué ese exceso de consideración si la misma ley a renglón seguido prevé que el dueño de la obra puede estipular con el contratista las garantías del caso, y  lo autoriza al mismo tiempo para repetir contra éste  lo pagado a esos trabajadores?

Es evidente que en tales casos  la posibilidad de estipular con el contrista dichas garantías, evitaría que el riesgo derivado de la insolvencia o irresponsabilidad del contratista se transfiriera al trabajador, y que en su lugar se radicara en la empresa contratante que dispone de mejores instrumentos para exigirle al contratista, a la hora de suscribir el respectivo contrato,  las garantías suficientes, al igual que  para exigir su cumplimiento.

Para terminar esta nota hay que decir que el aparte normativo en cuestión fue objeto de demanda ante la Corte Constitucional, la cual mediante sentencia C-539 del 20 de agosto de 2014 lo declaró ajustado a la constitución. Fue ponente el magistrado Jorge Ignacio Pretel Chaljub.  Salvaron su voto los Magistrados María Victoria Calle Correa, Jorge Iván Palacio Palacio y Luis Ernesto Vargas Silva quienes consideraron que debió ser declarado inexequible.

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