¿Retención en la fuente a título de seguridad social?

Todos conocemos la retención en la fuente a título de algún impuesto, como el impuesto a la renta, a las ventas o al impuesto de industria y comercio, pero se vislumbra la posibilidad de que se implemente también la retención en la fuente a título de seguridad social.

Así se desprende del proyecto de ley 280 de 2010, proyecto que busca revivir algunas de las medidas que quedaron sin efecto luego que la Corte constitucional declarara inexequible la polémica emergencia social.

En efecto, dice el artículo 13 del referido proyecto de ley:

La celebración y cumplimiento de las obligaciones derivadas de contratos de prestación de servicios estará condicionada a la verificación por parte del contratante de la afiliación y pago de los aportes al sistema de protección social, conforme a la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional.

El Gobierno Nacional podrá adoptar mecanismos de retención para el cumplimiento de estas obligaciones, así como de devolución de saldos a favor.

La intención del gobierno en este proyecto de ley, no  sólo es trasladar a los particulares la obligación de ejercer control y vigilancia respecto a los aportes a seguridad social, sino de convertirlos en agentes de retención, de suerte que sean estos quienes retengan y paguen los aportes a seguridad social derivados del contrato de servicios que celebren.

Colombia tienen uno de los sistemas tributarios más complejos del mundo, complejidad que impone una enorme carga administrativa que afecta la productividad y que desanima a más de un inversionista, puesto que no sólo tiene que pagar altos impuestos, sino que debe lidiar con unos procedimientos y mecanismos de pago supremamente complejos, y no bastándonos con eso, ahora tratamos de hacer aún más compleja la tarea de cumplir con las obligaciones tributarias y sumándole la seguridad social.

Nuestro gobierno, antes de imponer este tipo de medidas,  debería leerse el último informe del Banco mundial en el que Colombia está muy mal clasificada respecto a la carga tributaria y la facilidad de pago y cumplimiento de obligaciones tributarias, tanto que está ubicada en el puesto 148 a nivel mundial, clasificación que empeorará su prosperan medidas como esta.

Este informe del banco mundial, es el que los inversionistas extranjeros consultan para decidir en qué país invertir, y tal parece que nuestros brillantes gobernantes y legisladores, ni siquiera lo conocen.

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