Retención en la fuente y el requisito “del veinticinco por ciento (25%) del total de los ingresos percibidos por concepto de tales servicios técnicos”

Sea lo primero recordar, que conforme al artículo 1° del decreto 1070 de mayo de 2013 (adicionado por el artículo 6 del decreto 3032 de diciembre de 2013) “las personas naturales residentes en el país deberán reportar anualmente a sus pagadores o agentes de retención la información necesaria para determinar la categoría tributaria a que pertenecen de acuerdo con lo previsto en el artículo 329 del Estatuto Tributario, a más tardar el treinta y uno (31) de marzo del respectivo periodo gravable”.

En ese mismo orden, conviene anotar que el beneficiario del pago debe precisar (dentro de esa información a aportar), si “durante el año gravable inmediatamente anterior prestó servicios técnicos que requirieron de materiales o insumos especializados, o maquinaria o equipo especializado, cuyo costo representó más del veinticinco por ciento (25%) del total de los ingresos percibidos por concepto de tales servicios técnicos”. (Numeral 6 artículo 1 decreto 1070 de 2013)

A partir de lo antes aludido, sería simple inferir que la determinación de la categoría tributaria a la cual pertenece la persona natural (y pretendida por la manifestación expresa de que trata el mencionado decreto reglamentario), resulta ser de relevante trascendencia para decidir la procedencia o no del mecanismo de retención en la fuente, y con ello la identificación de los elementos esenciales de base, tarifa y valor de la retención.

A su turno, sería imperativo concluir que el requisito “del veinticinco por ciento (25%) del total de los ingresos percibidos por concepto de tales servicios técnicos” (contenido en el numeral 6 del citado artículo 1° del decreto 1070), comportaría gran importancia en la categorización del beneficiario del pago; la cual una vez concluida, permitiría – se reitera – decidir la existencia o no de la retención en la fuente y la materialización de sus elementos esenciales o no.

Convendría ahora, entonces, analizar esa concluida relevancia del numeral 6 en la categorización de la persona natural (y en la eventual retención aplicable), y para el efecto es debido recordar lo señalado en el oficio 50180 de agosto de 2013 en cuanto a que:

(...)

“Sobre el requisito de la utilización de materiales o insumos especializados o de maquinaria especializada, es importante precisar que en este momento se encuentra en proceso de reglamentación, para lo cual fue puesto a consideración un proyecto de decreto, que puede ser consultado a través del portal web de la DIAN a través del siguiente enlace: www.dian.gov.co -Novedades – Histórico de novedades – Proyecto de Decreto que reglamenta las categorías para efectos del impuesto sobre la renta de las personas naturales, del cual destacamos el siguiente aparte:

"Artículo 2. Empleado. Una persona natural residente en el país se considera empleado para efectos tributarios si en el respectivo año gravable cumple con uno de los tres conjuntos de condiciones siguientes:

  1. Conjunto 3

(…)

d) No presta servicios profesionales o técnicos que requieren de materiales o insumos especializados, o maquinaria o equipo especializado, cuyo costo represente más del veinticinco por ciento (25%) del total de los ingresos percibidos por concepto de tales servicios profesionales o técnicos. Este porcentaje se podrá soportar mediante los medios de prueba establecidos en el Estatuto Tributario". (Resaltado por fuera del texto)

Contrario a lo señalado en el propuesto proyecto, el artículo  3 del decreto 3032 de diciembre de 2013 consagra:

"Artículo 2.  Empleado. Una persona natural residente en el país se considera empleado para efectos tributarios si en el respectivo año gravable cumple con uno de los tres conjuntos de condiciones siguientes:

“3. Conjunto 3:

  1. Sus ingresos brutos provienen, en una proporción igual o superior a un ochenta por ciento (80%), de la prestación de servicios de manera personal o de la realización de una actividad económica, mediante una vinculación de cualquier naturaleza, independientemente de su denominación; y
  2. Presta el respectivo servicio, o realiza la actividad económica, por su cuenta y riesgo, de conformidad con lo previsto en el artículo anterior; y
  3. No presta servicios técnicos que requieren de materiales o insumos especializados, o maquinaria o equipo especializado, y
  4. El desarrollo de ninguna de las actividades señaladas en el artículo 340 del Estatuto Tributario le genera más del veinte por ciento (20%) de sus ingresos brutos; y
  5. No deriva más del veinte por ciento (20%) de sus ingresos del expendio, compraventa o distribución de bienes y mercancías, al por mayor o al por menor; ni de' la producción, extracción, fabricación, confección, preparación, transformación, manufactura y ensamblaje de cualquier clase de materiales o bienes”. (Resaltado por fuera del texto)

Nótese pues, como del resultado de una simple inspección se hace necesario colegir que el referido requisito “del veinticinco por ciento (25%) del total de los ingresos percibidos por concepto de tales servicios técnicos”, no existe en el contexto de las exigencias del regulado conjunto 3 de la categoría empleados; pero si es demandable dentro de la manifestación expresa, que deben hacer la personas naturales beneficiarias de los pagos efectuados por los agentes retenedores.

En tal sentido, y no teniendo ninguna relación con la categorización de las personas naturales, habría de entenderse que ese requisito “del veinticinco por ciento (25%) del total de los ingresos percibidos por concepto de tales servicios técnicos” carecería de utilidad jurídica y práctica; y que tratándose de personas naturales bastaría la sola “prestación de servicios técnicos que requieren de materiales o insumos especializados, o maquinaria o equipo especializado” para estar excluidos del conjunto 3 de la categoría empleados.

Ahora, de una revisión aislada de la manifestación expresa del artículo 1 del decreto 1070 de 2013 (es decir sin tener en cuenta lo consagrado en el artículo 2 del decreto 3032 de 2013), bien podría pensarse que las personas naturales prestadoras de servicios técnicos que “requieren de materiales o insumos especializados, o maquinaria o equipo especializado” les estaría permitido su encasillamiento en el conjunto 3 de la categoría empleados; ello, siempre y cuando el costo de esos materiales, insumos, maquinaria o equipo especializado represente más del veinticinco por ciento (25%) del total de los ingresos percibidos por concepto de tales servicios técnicos.

Lo anterior, toda vez que el numeral 2 de dicha manifestación consulta sobre la procedencia o no de ingresos por la prestación de servicios técnicos, y el numeral 6 – a su turno – indaga si durante el año gravable inmediatamente anterior se prestaron servicios técnicos que requirieron de materiales o insumos especializados, o maquinaria o equipo especializado, cuyo costo representó más del veinticinco por ciento (25%) del total de los ingresos percibidos por concepto de tales servicios técnicos.

Conforme a lo expuesto, quedará avocado – entonces – el agente retenedor a la escogencia de una u otra tesis (aplicación armonizada de las disposiciones de los decretos 1070 y 3032 o el entendimiento aislado del decreto 1070 y la armonización de los numerales 2 y 6 de su artículo 1), para la debida categorización de la persona natural beneficiaria del pago, y para decidir – en consecuencia – la procedencia o no del valor a detraer a título de retención en la fuente.

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