Revisión del oficio 020928 de julio de 2015: Retenciones en la fuente asumidas por el pagador y su manejo en la declaración de renta del beneficiario del pago

Para culminar estas breves reflexiones sobre la referida doctrina, haremos alusión al siguiente interrogante, que bien pudiese corresponder a “una probable” práctica de aminoramiento de la carga impositiva:

“¿Puede una persona restarse en la declaración de renta el valor de una retención en la fuente respecto de la cual se ha acordado con quien efectúa el pago, que sea asumida por este y la cual es acreditada a través del correspondiente certificado?”.

Se a lo primero manifestar, que dicho interrogante ya había sido tratado en el concepto 048032 de 27 de agosto de 2014, pero se solicita nuevo pronunciamiento por considerarse no resulta debidamente la inquietud elevada a la Administración Tributaria.

Al respecto, y en la primera oportunidad, Entidad expresó que el:

“(…) Despacho ha señalado que el mecanismo de retención en la fuente se ha establecido con el fin de facilitar, acelerar y asegurar el recaudo de los diferentes impuestos a medida que se van realizando los hechos económicos contemplados por la ley, para lo cual se consagra la obligación de actuar como agentes de retención a una serie de personas jurídicas y naturales, privadas y públicas.

Tratándose del impuesto sobre la renta y complementarios, el artículo 366 del Estatuto Tributario dispone que debe aplicarse sobre todo pago o abono en cuenta susceptible de constituir un ingreso tributario para quien los recibe, es decir, que tenga la posibilidad de generar un incremento neto del patrimonio en el momento de la percepción, en los términos previstos por el artículo 26 ibídem”.

Precisó, también, la Administración en su primera respuesta  que es de:

“(…) señalar que la facultad de resolver consultas otorgada por los artículos 19 y 20 del Decreto 4048 de 2008 otorgada a la Dirección de Gestión Jurídica, no puede obrar como mecanismo para avalar conductas que puedan constituir abuso en materia tributaria, sino sobre la interpretación y aplicación de las normas tributarias, aduaneras o de comercio exterior y control cambiario en lo de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”.

Ahora, y dando respuesta al insistida inquietud, la DIAN manifiesta que:

“en este caso el Despacho no encuentra cómo la respuesta dada no satisface la pregunta formulada y se abstiene de dar una respuesta adicional a la dada, pues reafirma su posición que las respuestas dadas en virtud del derecho de petición de consulta no puede obrar como mecanismo para avalar conductas que puedan constituir abuso en materia tributaria, sino sobre la interpretación y aplicación de las normas tributarias, aduaneras o de comercio exterior y control cambiario en lo de competencia de la DIAN y hace esta afirmación teniendo en cuenta que la pregunta pretende avalar un acuerdo entre particulares que pretende desconocer el régimen propio de retenciones en la fuente, materia de análisis en la respuesta a la pregunta 19”.

Concluyendo:

  1. Sería de inferir que, para la DIAN, las retenciones asumidas por el agente retenedor, no podrán ser solicitadas por el retenido a quien debió practicársele la debida retención en la fuente pero no se le practicó.
  2. Si bien, para la Entidad el caso puesto a consideración se entiende como una conducta mal intencionada de los sujetos involucrados; desde lo técnico, bien pudiese ser un cuestionamiento que ameritaría un pronunciamiento diferente por parte de la Administración.

Lo anterior, pues siendo la retención en la fuente un mecanismo de recaudo anticipado del impuesto, si cabría el interrogante formulado para efecto de validar la finalidad de tal mecanismo en relación con esa retención asumida, toda vez que esta última carece de sujeto pasivo (que pudiese posteriormente detraerse esa retención de su impuesto) pero si conduce al “debido” recaudo por parte del Estado.

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