Inicio » . Por » (19 / 12 / 2010 )

Sanción por la improcedencia de la solicitud de corrección del artículo 589 del Estatuto Tributario

El procedimiento de corrección previsto en el artículo 589 del Estatuto Tributario, se aplica para los contribuyentes que dentro del año siguiente al vencimiento del término para presentar la declaración, solicitan en forma voluntaria a la administración de impuestos, la corrección de su respectiva declaración tributaria, donde se disminuye el valor a pagar o se aumenta el saldo a favor; la administración tributaria deberá pronunciarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la solicitud en debida forma, una vez vencido el término puede presentarse tres posibilidades: 1. La DIAN practica liquidación oficial de corrección, 2. Opere el silencio administrativo positivo y el proyecto de corrección sustituya la declaración inicial y 3. Que la administración tributaria rechace la solicitud de corrección por considerarla improcedente y sancione al contribuyente.

En relación a la improcedencia de la solicitud, cabe anotar que la administración tributaria está obligada a aceptar la solicitud de corrección y sólo podrá objetarla por aspectos formales, para poder aplicar la sanción del inciso tercero del artículo 589 ibídem, deberá verificar que la solicitud de corrección cumpla con los requisitos de forma, quedando inhibida para revisar la procedencia del pretendido menor valor a pagar o mayor saldo a favor; por consiguiente, si la DIAN considera improcedente el proyecto de corrección, no puede ser por temas de fondo o sustanciales porque para eso existe el proceso de revisión que le garantiza al contribuyente el derecho de defensa.

En este orden de ideas, considero que la administración tributaria podrá determinar la improcedencia de la solicitud de corrección y sancionar al contribuyente con el 20% del pretendido menor valor a pagar o mayor saldo a favor, solo cuando la sanción es el resultado de un proceso previo, derivado de aspectos de forma, como son, que la solicitud no se presente dentro del término legal o cuando se configura la situación consagrada en el artículo 12 del Código Contencioso Administrativo:

“(…)

Solicitud de informaciones o documentos adicionales. Si las informaciones o documentos que proporcione el interesado al iniciar una actuación administrativa no son suficientes para decidir, se le requerirá, por una sola vez, con toda precisión y en la misma forma verbal o escrita en que haya actuado, el aporte de lo que haga falta. Este requerimiento interrumpirá los términos establecidos para que las autoridades decidan. Desde el momento en que el interesado aporte nuevos documentos o informaciones con el propósito de satisfacer el requerimiento, comenzarán otra vez a correr los términos pero, en adelante, las autoridades no podrán pedir más complementos, y decidirán con base en aquello de que dispongan.

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