¿Se pueden anular actos administrativos a través de una acción popular?

El objetivo principal de las acciones populares es evitar que se cause daños a la colectividad o en caso de que los daños se hayan causado restituir las cosas a como se encontraban antes de que este se causara, muchas veces la amenaza o vulneración de los derechos e intereses colectivos que son los derechos que pueden ser protegidos a través de la acción popular se puede generar por la expedición de un acto administrativo.

La protección de los derechos e intereses colectivos amenazados o vulnerados por un acto administrativo pueden ser protegidos a través de la acción popular, sin embargo el acto administrativo no puede ser anulado por el juez que conoce de dicha acción; para anular el acto administrativo que vulnera o amenaza los derechos e intereses colectivos se debe demandar en acción de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho según el caso, ya que este es el medio de control señalado por el legislador para que la Jurisdicción Contenciosa Administrativa pueda pronunciarse respecto a la legalidad del acto.

De igual forma cuando la amenaza o vulneración de derechos e intereses colectivos provenga de un contrato, el juez de la acción popular no podrá anular el contrato, ya que para anular un contrato existe el medio de control de las controversias contractuales, ahora el juez de conocimiento de la acción popular  cuando la amenaza o vulneración de derechos e intereses colectivos sea consecuencia de un acto administrativo o de un contrato, sí está facultado para adoptar todas medidas tendientes a hacer cesar la amenaza o vulneración.

Antes de la expedición de la ley 1437 de 2011 jurisprudencialmente se permitía que a través de la acción popular se pudieran anular un acto administrativo o un contrato cuando este vulnerara o amenazara derechos e intereses colectivos situación a la que le puso freno la ley 1437 de 2011 en el artículo 144 inciso segundo, el mencionado inciso señala:

“Cuando la vulneración de los derechos e intereses colectivos provenga de la actividad de una entidad pública, podrá demandarse su protección, inclusive cuando la conducta vulnerante sea un acto administrativo o un contrato, sin que en uno u otro evento, pueda el juez anular el acto o el contrato, sin perjuicio de que pueda adoptar las medidas que sean necesarias para hacer cesar la amenaza o vulneración de los derechos colectivos”.

Si bien por medio de la acción popular no se puede anular ni un acto administrativo ni un contrato, el juez si puede tomar medidas que garanticen que los derechos e intereses colectivos alegados en la demanda como vulnerados o amenazados no se sigan violentando, es decir, que se podrá tomar medidas tales como la suspensión provisional del acto administrativo hasta que haya un pronunciamiento judicial respecto a su legalidad.

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