…Si el revisor fiscal no es contador público…

A continuación transcribo algunos apartes del capítulo referente a la revisoría fiscal, del reciente documento del CTCP, que se cita y al final expreso mis apreciaciones.

CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA PÚBLICA

CONVERGENCIA CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA - (NIIF) EN COLOMBIA

Documento de Orientación Técnica No. 15

Copropiedades de Uso Residencial o Mixto (Grupo 1, 2 y 3) 

REVISORÍA FISCAL 

Revisoría fiscal obligatoria en los conjuntos de uso comercial o mixto

El Art. 56 de la Ley 675 de 2001 específica que los conjuntos de uso comercial o mixto están obligados a contar con Revisor Fiscal, el cual debe ser contador público titulado, con matricula profesional vigente e inscrito en la Junta Central de Contadores. El revisor fiscal debe ser elegido por la Asamblea General de propietarios.

El Art. 56 también indica que en los conjuntos de uso comercial o mixto el Revisor Fiscal no podrá ser propietario o tenedor de bienes privados en el edificio o conjunto respecto del cual cumple sus funciones, ni tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, ni vínculos comerciales, o cualquier otra circunstancia que pueda restarle independencia u objetividad a sus conceptos o actuaciones, con el Administrador y/o los miembros del Consejo de Administración, cuando este exista.

Revisoría fiscal potestativa en los edificios o conjuntos de uso residencial

En los edificios o conjuntos de uso residencial podrán contar con Revisor Fiscal, si así lo decide la Asamblea General de copropietarios. En este caso, el Revisor Fiscal podrá ser propietario o tenedor de bienes privados en el edificio o conjunto. 

En relación con este tema, la ley ha establecido que cuando el revisor fiscal sea potestativo, no lo será obligatorio cumplir con las funciones contempladas en el Art. 207 del C. Co., sino aquellas funciones que los estatutos (reglamento de propiedad horizontal) o la Junta de Socios (Asamblea de Propietarios) le asignen, queriendo decir esto que lo que no está ordenado o pedido por la ley puede ser obviado. El parágrafo del mencionado artículo indica lo siguiente: 

(...). Art. 207. Parágrafo.- En las sociedades en que sea meramente potestativo el cargo de revisor fiscal, éste ejercerá las funciones que expresamente le señalen los estatutos o las juntas de socios, con el voto requerido para la creación del cargo; a falta de estipulación expresa de los estatutos y de instrucciones concretas de la junta de socios o Asamblea General, ejercerá las funciones indicadas en este artículo. No obstante, si no es contador público, no podrá autorizar con su firma balances generales, ni dictaminar sobre ellos.” (Negrilla por fuera del texto). 

De acuerdo con lo anterior, en los edificios de uso exclusivamente residencial, dado que no existe obligación de tener revisor fiscal, el máximo órgano social tiene libertad para definir sus funciones. Además de lo anterior el Revisor Fiscal potestativo podría no tener la calidad de contador público, caso en el cual el revisor no podrá autorizar con su firma los estados financieros ni dictaminar sobre ellos.

Funciones

El Art. 57 de la Ley 675 de 2001 determina que los revisores fiscales de copropiedades deben cumplir las funciones establecidas en la Ley 43 de 1990 o las disposiciones que la modifique, adicione, complemente o sustituya, razón por la cual la Ley 675 no establece funciones específicas para los Revisores Fiscales, debiendo remitirse a lo señalado en el 207 del C. Co. Cuando la revisoría fiscal es potestativa, sus funciones deberán estar contenidas en el reglamento de propiedad horizontal o haber sido asignadas por la Asamblea de Propietarios.

Cuando la revisoría fiscal sea potestativa, el revisor fiscal ejercerá las funciones que expresamente le señalen el reglamento de la copropiedad o la Asamblea General. Cuando el revisor fiscal es Contador Público, y dichas funciones no han sido establecidas, éste deberá cumplir las funciones señaladas en el Código de Comercio y en otras disposiciones legales.

FECHA DE APLICACIÓN

Esta orientación rige a partir de la fecha de su aprobación y publicación, y reemplaza en su totalidad las orientaciones profesionales Nos. 003 del 29 de septiembre de 2001, la No. 007 del 30 de septiembre de 2003, la No. 010 de diciembre de 2005 y la del 01 de julio de 2008, y todos los conceptos emitidos con anterioridad por el CTCP, en los que se haya establecido una posición contraria a la establecida en esta Guía.

Bogotá D.C., octubre 20 de 2015 

Sobre lo transcrito, a continuación expreso mis comentarios.

Como en las diferentes orientaciones y conceptos del CTCP, en calidad de contador público, con la libertad que me otorga la experiencia y el criterio profesional, comparto algunos temas y otros no. En esta editorial quiero referirme a la revisoría fiscal y en posteriores documentos lo haré sobre los demás temas de discrepancia conceptual.

Realmente me preocupa la posición del CTCP, que si bien no se trata del mismo ente que regula a quienes ejercemos la profesión, es decir la Junta Central de Contadores, debería también apoyar su ejercicio, mediante la protección del mismo, buscando el apoyo de otros colegas y consultar sus opiniones antes de la emisión del material.

Aun cuando la mayoría del tema se basa en la transcripción del Código de Comercio, considero que debería aportarse el propio concepto del CTCP y, de paso, manifestar una posición propia, que de paso siente posición frente a lo expresado por dicho código, así como por la Ley 675 de 2001. A manera de ejemplo, indica que en los edificios de uso exclusivamente residencial, la asamblea “tiene libertad para definir sus funciones”. Considero que esta afirmación es equívoca, por cuanto no diferencia entre las copropiedades o edificios cuyos estatutos contemplan como opcional el cargo, de aquellos en los que es imperativo; entiéndase como estatutos o contrato social, el reglamento de propiedad horizontal; así las cosas, en aquellos edificios en los que si incluye esta obligación, el revisor fiscal no debe tener diferencia alguna con el revisor fiscal de las demás entidades obligadas a contar con este cargo y, por consiguiente, no se deben limitar a cumplir simplemente las funciones que le imponga una asamblea, muchas veces sin conocimiento de causa y que podrían extralimitar la misma ley, al ser impuestas por un grupo de personas muy heterogéneo y muchas veces sin la formación necesaria para determinar el alcance de dichas funciones. Aclaro que el término “potestativo” hace referencia a la mención que suelen contener algunos reglamentos de propiedad horizontal en el sentido de contar con revisor fiscal, de manera voluntario u opcional “…cuando la asamblea así lo decida, con el voto de…”, lo cual es diferente a aquellas que señalan expresamente que “…deberá contar con un revisor fiscal…”, de modo que no es potestativo, pues para dejar de ser obligatorio, deben primero reformar su reglamento.

En otro aspecto, contemplado también en el Código de Comercio y sobre el que siempre he tenido inconformidad, que es el que motiva el título de esta editorial, se contempla la posibilidad de que el revisor fiscal no sea contador público, cuando expresa en el artículo 207 (transcribo aparte): “No obstante, si no es contador público, no podrá autorizar con su firma balances generales, ni dictaminar sobre ellos”.  ¿Qué objeto tiene un revisor fiscal con estas limitaciones y otras por extensión, como no poder dictaminar o dar fe pública? Es como pretender que un juez no ostente el título de abogado. Estas son las inconsistencias de nuestra legislación, patrocinadas por colegas, como en este caso, el propio CTCP, y que van en contra de la normatividad que ha asociado la calidad de contador público al revisor fiscal:

LEY 43 DE 1990 (Diciembre 13)

CAPITULO PRIMERO - De la profesión de Contador Público.

Artículo 2o. De las actividades relacionadas con la ciencia contable en general. Para los efectos de esta ley se entienden por actividades relacionadas con la ciencia contable en general todas aquellas que implican organización, revisión y control de contabilidades, certificaciones y dictámenes sobre estados financieros, certificaciones que se expidan con fundamentos en los libros de contabilidad, revisoría fiscal, prestación de servicios de auditoría, así como todas aquellas actividades conexas con la naturaleza de la función profesional del Contador Público, tales como: la asesoría tributaria, la asesoría gerencial, en aspectos contables y similares. (Resaltado fondo amarillo fuera del texto original).

Artículo 13. Además de lo exigido por las leyes anteriores, se requiere tener la calidad de Contador Público en los siguientes casos:

  1. Por razones del cargo.
  2. a) Para desempeñar las funciones de revisor fiscal, auditor externo, auditor interno en toda clase de sociedades, para las cuales la ley o el contrato social así lo determinan.

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3 Opiniones
  1. Nelson Chávez R. dice:

    Don José, buenos días. Gracias por su constante y valiosa participación. A título informativo, los contadores públicos autorizados y juramentados son los mismos. Antes de aprobarse la primera promoción de contadores públicos TITULADOS, se permitió que quienes contaban con el empirismo y experiencia, pero no habían cursado la carrera (por cuanto no existía ninguna universidad con esta facultad), presentaran pruebas de homologación o conocimientos y se les otorgó Matrícula (Hoy Tarjeta Profesional), como contadores AUTORIZADOS. Es por eso que quienes pasamos por la Academia firmamos con TP-999999-T y quienes recibieron el permiso para ejercer, firman con TP-999999-A. En razón al inexorable tiempo transcurrido, entiendo que sobreviven pocos colegas Autorizados y sea la ozasión de brindarles el más sincero reconocimiento, pues gracias a ellos nació nuestra profesión. Cordial saludo.

  2. Jose Villa dice:

    En el pasado hubo personas que llevaban contabilidades si ser contadores públicos. Los llamaban contadores empíricos. (algo parecido a los tinterillos).
    Hoy en día sin embargo, en las madrugadas, se escucha por radio ofertas de empleo para auxiliares de contabilidad (que sean damas) para que lleven contabilidades.
    En el pasado, de manera infortunada, cuando el contador empírico necesitaba presentar documentos en los que fuera requisito la firma de contador público, siempre encontraban contadores públicos a su disposición que les hacían la segunda, es decir, facilitaban su firma, cobraban por firmar.
    No se si todavía existan los llamados contadores públicos juramentados y los llamados contadores públicos autorizados.
    Entonces en la época en que se creó el Código de Comercio, hace como sesenta o más años, era normal la situación comentada y por eso hoy vemos la situación comentada en este editorial como una falla en el mencionado código.
    Lo que sí es grave, es que precisamente sea el CTCP un ente que permanezca en el ayer y expida conceptos (exabruptos) como el que cita el doctor Chávez.

    • TOBITA dice:

      La institución de los contadores juramentados nace en Colombia con la Ley 58 de 1931 y agrupa a todos los contadores sin distinción alguna en cuanto a la obtención del título. Es decir, reúne tanto a las personas con estudios superiores como a aquellas a las que les fue homologado.
      Con la creación de la JUNTA CENTRAL DE CONTADORES mediante el Decreto 2373 de 1956 se inicia la noción de CONTADOR PUBLICO TITULADO o AUTORIZADO, por la forma de obtener la inscripción.
      La Ley 145 de 1960 facultó a la JCC para otorgar autorizaciones por el término de dos años, o sea que a partir de diciembre de 1962 quedó suspendido el reconocimiento por acreditación de la práctica. Bajo esta norma fueron muchos los agraciados con la autorización y también son muchos los que aún ejercen.

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