Sobre la información reportada por las entidades financieras a Datacrédito

Inicio » Otros. » (24 / 10 / 2011 )

Son continúas las inquietudes de nuestro usuarios relacionadas con la información que maneja Datacrédito, principalmente respecto al uso que se le da a la información de que dispone esta entidad, y de forma muy especial, con el tiempo en que debe o puede permanecer la información negativa de un usuario del sistema financiero en esta central.

Que es Datacrédito

“DataCrédito es una Central de Información Crediticia que administra información financiera, crediticia, comercial y de servicios, relativa a la forma como las personas y las compañías han cumplido con sus obligaciones de crédito. Estos datos son suministrados a DataCrédito por diversas fuentes, empresas de todos los sectores de la economía las cuales entregan la información de sus clientes para su administración, y es utilizada como una herramienta adicional para el estudio del riesgo y el análisis crediticio” Tomado de Datacredito.

Del uso y permanencia de la información del usuario

Sobre el uso que está permito darle a la información recopilada por esta central, y sobre el tiempo en que la información negativa reportada a una persona puede permanecer en la central de riesgos, la Corte constitucional, en Sentencia T-527 de 2000, ha expuesto lo siguiente:

En relación con la protección constitucional del artículo 15 de la Carta, ha señalado esta Corporación[1], múltiples veces, que el Habeas Data es el derecho que tienen todas las personas a “conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas“.

De otra parte también ha estimado esta Corporación, que las instituciones de crédito tienen derecho a conocer la solvencia económica de los usuarios de los servicios financieros, ya que los agentes financieros o las instituciones crediticias, precisamente por manejar el ahorro del público, ejercen una actividad de interés general, como expresamente lo señala el artículo 335 de la Constitución Política. Luego no tendría sentido, pretender que las entidades financieras presten sus servicios y en particular otorguen créditos a personas de las cuales no tengan información. Empero esta Corte también ha sostenido que el derecho de las entidades financieras en cuanto al uso de los datos de los clientes, comporta naturalmente un límite, esto es, sólo pueden transmitir información veraz y completa sobre le deudor.

Así mismo ha precisado constantemente esta Corporación[2] que el núcleo esencial del Habeas Data está integrado por el derecho a la autodeterminación informática y por la libertad, en general y en especial la económica; en este sentido, la autodeterminación implica una facultad de la persona a la cual se refieren los datos, para autorizar su conservación uso y circulación, de conformidad con las regulaciones legales. En criterio de la Sala se puede afectar la libertad económica de una persona cuando la circulación de datos no sea veraz o que tal circunstancia haya sido autorizada expresamente por el titular de los datos; por lo tanto, en virtud del tránsito de los mismos se pueden conculcar derechos fundamentales de los ciudadanos.

En este orden de ideas, la Corte ha sostenido que el derecho a la información no es absoluto, de donde resulta que puede ser utilizado para revelar datos que lesionen la honra y el buen nombre de las personas. La información en los términos del ordenamiento superior, debe corresponder a la verdad, debe ser verídica e imparcial, pues no existe derecho a dirigir informaciones que no sean ciertas y objetivas. En este sentido, a juicio de la Corte, mientras las informaciones sobre un deudor sean fidedignas, verídicas y completas, no se puede afirmar que el suministro y la circulación de los datos a quienes tienen un interés legítimo en conocerlos vulnere el buen nombre de su titular.

De otra parte, la Corporación debe reiterar, una vez más su doctrina jurisprudencial, en el sentido de que el artículo 15 superior establece tres derechos con sus dimensiones específicas a saber: el derecho a la intimidad, al buen nombre y al Habeas Data, este último relacionado, en buena medida con los datos de carácter crediticio o económico.

Así las cosas, la información que obre en la base de datos, conforme al artículo 15 superior, puede ser objeto de varias acciones por parte de los ciudadanos, esto es, conocida la información pertinente el titular puede solicitar “la actualización o la rectificación”; en el primero de los eventos, puede solicitar la rectificación que no es otra cosa que la concordancia del dato con la realidad, al tiempo que en la segunda hipótesis la actualización hace referencia a la vigencia del dato de tal manera que no se muestren situaciones carentes de actualidad.

Bajo esta perspectiva, debe la Corporación también recordar que los datos que se conservan en la base de información perse no desconocen el derecho al buen nombre, prerrogativa que comporta una relación directa esencial con la actividad personal o individual y social del sujeto afectado. Luego, si el ciudadano o la persona jurídica, no conservan el buen nombre, por ejemplo al hacer mal uso de los servicios financieros y en general de sus obligaciones civiles, comerciales y financieras, a las que accede, y si así es reportado en las certificaciones emitidas por las entidades encargadas de suministrar información sobre solvencia económica no se estaría violando tal derecho, siempre y cuando la información emanada de la entidad sea veraz; en otras palabras, sólo se desconoce el derecho al buen nombre cuando la información suministrada por la entidad pertinente, registre un hecho o un comportamiento carente de veracidad. En consecuencia, si los datos económicos de carácter histórico son fidedignos y muestran el comportamiento crediticio de un sujeto, no pueden violar el derecho al buen nombre, pues en caso contrario, estaría la Corte protegiendo en pie de igualdad, a quienes cumplen con sus obligaciones, frente a quienes no lo hacen, no habiendo entonces una diferencia de trato entre la probidad comercial y el manejo descuidado de estos asuntos, lo cual se constituiría en un ejercicio abusivo y arbitrario de las decisiones judiciales.

Por otra parte, también debe la Corte recordar su doctrina en cuanto a que la temporalidad de los datos no puede ser indefinida, luego, los datos negativos no tienen vocación de perennidad, por lo que, una vez el ciudadano se ha puesto al día en sus obligaciones, debe merecer un tratamiento favorable en el sentido de que se le borren los datos negativos de los archivos de los bancos de datos, por no corresponder a la verdad o no ser actuales.

En este orden de ideas, los datos caducan y una vez producida la caducidad deben ser borrados del correspondiente sistema, de modo definitivo, conforme lo ha sostenido esta Corte entre otras sentencias, en la SU-082 y SU-089, ambas de 1995 (M.P. Dr. Jorge Arango Mejía).

Ahora bien, lo que si puede ocurrir y esta Corte lo ha admitido en guarda del derecho que tiene el sector financiero a estar informado oportunamente sobre los antecedentes más próximos de sus actuales y potenciales clientes con miras al estímulo de la sana práctica del crédito, es que cuando se ha presentado una mora en el cumplimiento de las obligaciones de ese tipo, permanezca registrado el dato por un tiempo razonable, inclusive después de efectuado el pago, lapso que esta Corte, a falta de regla legal exactamente aplicable, lo ha indicado por vía jurisprudencial.

En efecto, en cuanto al término de caducidad, en la sentencia SU-082 de 1º de marzo de 1995, la Corporación hizo mención sobre el plazo prudencial de la siguiente manera: “el cual se establece en dos años para los pagos voluntarios y en cinco años para los pagos forzados“, pero expresamente se exceptúa el caso en que la mora haya sido inferior a un año, caso en el cual “el término de caducidad será igual al doble de la misma mora“.

No ignora la Sala que, si bien es cierto en la Sentencia T-303 de 1998 (M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo), expuso básicamente la Corporación, que la sentencia SU-082 de 1995, no es una doctrina constitucional en cuanto que la aludida providencia de tutela, sólo posee efectos exclusivos frente a los casos particulares allí considerados, pues la Corte no interpretó el alcance de preceptos constitucionales, sino que buscó una orientación con criterios de razonabilidad, frente al ejercicio del derecho a la información por parte de las centrales de riesgo y compañías de información financiera, en los términos allí analizados, sugiriendo que no se le puede dar alcance ni fuerza de norma legal a los plazos allí previstos, no obstante dicha decisión mantuvo la línea jurisprudencial anterior, al punto de que esta decisión no fue adoptada por la Corte como una sentencia de unificación, en consecuencia, esta Sala reiterará, que los plazos que se estimaron razonables por parte de esta Corporación en materia de Habeas Data, siguen siendo los vertidos en la sentencia SU-082 de 1995, pues ellos operan a falta de norma legal expresa, los cuales, si bien es cierto, no pueden tomarse como obligatorios y erga omnes, son pautas jurisprudenciales aplicables para resolver casos semejantes, por lo menos hasta que el legislador subsane el vacío existente en el ordenamiento jurídico; por lo tanto, el reglamento de caducidades sobre datos negativos unilateralmente desarrollado por Datacrédito no le es oponible al peticionario de la tutela, pues dicho documento no puede tener efecto de ley, ni mucho menos reemplazar o contradecir la jurisprudencia de la Corte Constitucional, única autoridad guardiana de los derechos fundamentales.

En consecuencia de lo anterior, para la Corte es claro, que del acervo probatorio obrante en el expediente se desprende que el actor obtuvo los siguientes créditos, los cuales ya fueron pagados oportunamente o han sido manejados prudentemente:

Tarjeta de Crédito Banco Caja Social -Oficina Calle 72-, habiéndose cancelado en su totalidad el crédito No. 4570210510087924, de manera voluntaria en febrero de 1998 (fl. 1); crédito No. 20039002587-4 pagado en su totalidad desde hace cuatro años (fl. 2); crédito del Banco Caja Social de la Sucursal calle 50, bajo el No. 200020192240, el cual se encuentra vigente y con un buen manejo (fls. 3 y 4); crédito No. 58220288800300275 del Banco Colpatria, habiendo incurrido en mora por treinta días, razón por la cual fue pagado totalmente en agosto de 1998, 30 días antes de su vencimiento (fl. 5); que en la cuenta No. 708391 con COMCEL, tuvo una mora de 120 días que fue cancelada voluntariamente en agosto de 1998 (fl. 6).

De otra parte, encuentra la Sala que examinada la demanda y demás pruebas que obran en el plenario, el accionante sí acreditó que el día 19 de agosto de 1999, presentó ante la accionada una petición de rectificación donde solicitó el retiro de su nombre de la lista de deudores morosos, por lo que conforme con el artículo 42 del decreto 2591 de 1991, la tutela era viable y por lo tanto la Sala se extraña del argumento expuesto por el juez de tutela en el sentido de negar la pretensión judicial sobre la base de que el actor no presentó oportunamente la rectificación pertinente, pues la misma figura en el folio No. 15 del expediente.

Así las cosas, la mora en que incurrió el actor, conforme a las pruebas anteriormente analizadas, debe dar lugar al registro de la información correspondiente en la base de datos de Datacrédito, pero naturalmente, por un término razonable, admitido por esta Corporación en dos años (sentencias SU-082 y SU-089 de 1995), para el evento de un retardo que supere el año; y del doble del mismo para la hipótesis en donde el retardo sea inferior a un año. Luego para el caso subexamine, como el retardo en que incurrió el actor no superó siquiera un año, respecto de los créditos con COLPATRIA (30 días) y con COMCEL (120 días), y además de ello, lo cierto es que el pago fue voluntario e inclusive para la fecha de la iniciación de la acción de tutela, que fue el 22 de septiembre de 1999, el ciudadano ya había pagado ambas obligaciones (agosto de 1998). En consecuencia, estima la Sala que lo justo es reconocer al deudor su cumplimiento y por lo tanto la central de riesgos de Datacrédito, debe reflejar tal situación, aunque éste hubiera sido tardío, por lo que el término de caducidad a aplicar, en ausencia de norma legal pertinente, debe ser, conforme a la jurisprudencia anteriormente citada, el doble de la misma y no el de dos años, pues este es un término establecido unilateralmente por Datacrédito, que no obliga al peticionario, ya que tal manual no puede reemplazar a la norma que, en su momento expida el legislador colombiano, máxime cuando el pago fue voluntario. En este orden de ideas, a juicio de la Sala, al seguir figurando los datos negativos del actor en el sistema informativo de Datacrédito, se está vulnerando el derecho al Habeas data del peticionario, ocasionándole un perjuicio grave, ya que la circulación de dichos datos puede incidir en su derecho a acceder al crédito para adquirir una vivienda, como quiera que al existir esta información que no es veraz ni fidedigna, ni mucho menos razonable puede comportar la no aprobación del correspondiente crédito para la adquisición del inmueble.

La Corte reitera una vez más, que los términos negativos obrantes en los bancos de datos y en las centrales de riesgos no pueden tornarse perennes, pues ello contradice los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por lo tanto, el hecho cierto y probado en el expediente es que el actor incurrió en una mora inferior a un año en los créditos adquiridos especialmente con Colpatria y Comcel de treinta (30) y ciento veinte (120) días respectivamente, ambos pagados voluntariamente en agosto de 1998 (folios 3, 4, 5 y 6), por lo que, en criterio de la Corte, la caducidad ya ha desaparecido y en consecuencia debe ser actualizado el registro.


[1] T-462 de 1997, T-114 de 1993, SU-008 de 1993, T-022 de 1993, T-94 de 1995, T-97 de 1995, T-110, T-127 de 1994, T-197 de 1994, T-303 de 1998.
[2] T-303 de 1998, T-131 de 1998 y T-307 de 1999.

Vea: Como averiguar su información en Datacrédito

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Siéntase libre de opinar

15 Opiniones
  1. frank yair castro poveda dice:

    quiciera saber si estoy reportado en datacredito gracias

  2. frank yair castro poveda dice:

    estoy reportado en datacredito

  3. carlos alvarez sepulveda dice:

    cuánto es el tiempo de permanencia en datacredito de un codeudor que no ha cancelado la obligacion por no pago del deudor principal.se presenta la caducidad por castigo de cartera

  4. Jhoana Olivera dice:

    quisiera saber si estoy reportada en datacredito

  5. elena dice:

    quiero saber si estoy eafectada al veraz.por mi conjugue y cuanto debe

  6. jorge dice:

    quisiera saber cuanto debo en datacredito

  7. IRMA BOHORQUEZ dice:

    YO QUISIERA SABER SI ESTOY REPORTADA EN DATACREDITO MI NUMERO DE CEDULA ES 65'555.149 ESPINAL TOLIMA

  8. susana rendon ñungo dice:

    quisiera saber si estoy reprtada a datacredito

  9. AIDA LILIAN VELEZ ALBARRACIN dice:

    QUIERO SABER SI ESTOY REPORTADA, POR QUE EMPRESA
    YQUE MONTO

  10. Bassantes Alarcón Dag Jamarhol dice:

    Requiero conocer si estoy reportado, el nombre de la empresa y el monto que adeudo. Gracias

  11. rodrigo duque dice:

    quisiera saber si estoy reportado en datacredito

  12. yasmid dominguez collazos dice:

    quisiera saber si estoy reportada a datacredito y porque entidad

  13. yacid sarabia perez dice:

    si estoy reportado y cuanto debo

  14. mallerly escobar saraabia dice:

    mi pregunta es si estoy reportada en datacrédito y cuanto es lo que debo

  15. GLORIA PATRICIA VILLEGAS VARGAS dice:

    QUISIERA SABER SI ESTOY REPORTADA EN DATACREDITO Y CUANTO ESTOY DEVIENDO????GRACIAS