Cuando el contribuyente hace parte de un consorcio puede soportar sus operaciones con facturas que están a nombre del consorcio

Por regla general una factura sirve de soporte para probar de soportar costos, deducciones e impuestos descontables siempre que la factura esté a nombre del contribuyente que los declara, pero existe una excepción en los casos en que el contribuyente hace parte de un consorcio y el consorcio factura a nombre propio en representación de sus miembros (algo que se puede hacer).

Pepito no puede soportar un costo con una factura que está a nombre de Pepita, pero sí con una factura que esté a nombre de un consocio o unión temporal de la que hace parte.

Así lo recordó la sección cuarta del consejo de estado en sentencia 16605 del 16 de septiembre de 2010 con ponencia de la magistrada Carmen Teresa Ortiz:

Visto el contrato suscrito entre la Constructora la xxx y el Consorcio yyy, a la luz del principio de realidad contractual y de las normas civiles que le son aplicables de acuerdo con su esencia y naturaleza, deduce la Sala que el Consorcio actuó simplemente como administrador delegado o mandatario con representación de xxx., y que, en esa medida, los pagos que realizó por la compra de materiales para la construcción de vivienda de interés social fueron efectuados por la actora, como mandante. En consecuencia, y sólo por la calidad en la que actuó el consorcio, se concluye que la constructora la Vivienda tiene derecho a la devolución del IVA que aquél pagó en la mencionada operación económica, respecto de las transacciones respaldadas en facturas efectivamente aportadas al proceso, con el lleno de los requisitos establecidos en los artículos 617 y 618 del Estatuto Tributario, de acuerdo con lo exigido por el Decreto 1288 de 1996, cuyo alcance ya fue estudiado en esta providencia.

Como se puede observar en el aparte transcrita de la sentencia, la procedencia fue posible porque el acervo probatorio permitió a la sala llegar a esa conclusión, lo que saca a relucir lo importante que es adjuntar todos los elementos probatorios de que se dispone, como contratos, contabilidad, etc., pues de la evaluación de todos esos elementos probatorios es que el juez llega a una conclusión definitiva.

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