Así se tasan los perjuicios sufridos por el contratista cuando se establece que su relación con la entidad oficial fue realmente de carácter laboral

De unos años para acá el contrato de prestación de servicios ha alcanzado un protagonismo insoslayable, pues tanto entidades oficiales como empleadores particulares han visto en dicha modalidad de contratación el instrumento adecuado para vincular trabajadores bajo el disfraz de contratistas y eludir de esa manera el pago de prestaciones sociales y demás conceptos  y garantías que la legislación laboral ha dispuesto en beneficio de los trabajadores formalmente vinculados.

Y aunque la ley se ha esmerado en restringir al máximo el ámbito de aplicación del contrato administrativo de prestación de servicios, al punto de establecer la prohibición de que se contrate mediante dicha figura la ejecución de funciones permanentes o propias de la entidad oficial que se puedan desarrollar con personal de planta o que no requieran de conocimientos especializados, y no obstante que la Corte Constitucional ha insistido en la regla según la cual, para el ejercicio de funciones de carácter permanente en la administración pública no pueden celebrarse contratos de prestación de servicios sino crearse los cargos correspondientes, son numerosas las entidades oficiales que insisten en desconocer dicha prohibición y mantienen una especie de nómina paralela, con trabajadores vestidos de contratistas a quienes se le priva de los derechos y garantías laborales.

Pero ese empeño en transgredir la ley  no es exclusivo del sector público, pues en el privado ocurre otro tanto. Una vez pasó o disminuyó  el auge de las fatídicas cooperativas de trabajo asociado, emergió con inusitada fuerza el contrato de prestación de servicios, que le dio continuidad al proceso de deslaboralización del trabajo.

Afortunadamente la jurisprudencia de las Cortes y del Consejo de Estado ha orientado a los jueces en la dirección correcta y diariamente son condenados en los estrados judiciales estos empleadores abusivos.

Ahora bien, a la hora de obligar a los empleadores a reparar los perjuicios causados a sus trabajadores disfrazados de contratistas, el asunto no ofrece mayor problema cuando se trata de los empleadores privados, pues el juez simplemente declara que entre las partes existió un contrato de trabajo y condena al patrono al pago de las prestaciones y demás conceptos causados por el trabajador.

Pero cuando se trata del sector público, el juez administrativo no puede atribuirle al trabajador demandante la condición de empleado público, pues para adquirir tal calidad es necesario que se realice su ingreso al servicio público en la forma establecida en nuestro ordenamiento jurídico, vale decir, requiere de la designación válida (nombramiento o elección, según el caso) seguida de la posesión, para poder entrar a ejercer las funciones del empleo. Además, el cargo debe existir en la planta de personal y debe también existir la apropiación correspondiente en el presupuesto de la entidad oficial.

Así las cosas, lo que hace el juez en estos casos es condenar a la entidad oficial a indemnizar los perjuicios ocasionados al trabajador. Y para establecer el monto de la indemnización le liquida las prestaciones sociales al trabajador y el resultado de dicha liquidación es el valor de la indemnización.

Pero aquí surge una pregunta: ¿Cómo hace el juez para establecer el ingreso base de la liquidación? La respuesta es inmediata: toma como tal el valor pactado como honorarios en el contrato de prestación de servicios. Y puede surgir una pregunta más: ¿y si el valor acordado como honorarios es inferior al ingreso que percibe un empleado que desarrolla en la entidad las mismas funciones del demandante?  Eso ya lo definió la Corte: se toma como base el ingreso que recibe el empleado de planta.

Quien desee mayor información, ver sentencia del Consejo de Estado, del  4 de febrero de 2016. - Expediente: 81001-23-33-000-2012-00020-01 - Referencia: 0316-2014 - C. P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve.

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2 Opiniones
  1. Alonso Riobó Rubio dice:

    Ni lo uno ni lo otro. En caso de ser cierta la versión a que usted alude, los tales milicianos no adquirirían la calidad de servidores públicos ni de contratistas del Estado. Aunque ignoro las condiciones en que un joven se incorpora a la guerrilla, de todas maneras la organización llamada FARC no podría jamás ostentar la condición de empleadora del delincuente, pues para que se configure contrato de trabajo se requiere que éste tenga objeto y causa licitas, y es claro que allí no habría ni lo uno ni lo otro.

    Saludos,

  2. Jose Villa dice:

    Al leer este editorial me surgen algunas preguntas de actualidad, pero no sobre el editorial en sí mismo, sino conexo con este editorial para un tema nuevo legal en un futuro muy cercano.

    Resulta que se escucha decir que a cada miliciano de las farc le van a pagar una remuneración mensual, unos dicen que de $1.800.000, mientras que otros dicen que es de TRES SMMLV.

    De ser esto cierto, estos milicianos adquirirían la calidad de empleados del Estado?
    o adquirirían la calidad de contratistas con el Estado?
    O si su empleador es las farc y ésta no les paga lo correcto, entonces los afectados podrían demandar a las farc y los jueces entrarían a imponerles las sanciones económicas del caso condenando a las farc en su calidad de entidad empleadora?
    Todos los desempleados, los pseudoempleados, los medioempleados, los que nos les gusta trabajar, los habitantes de la calle, etc., podrían ingresar a las farc y comenzar a recibir de inmediato la remuneración mencionada?

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