Terminación por mutuo acuerdo, del artículo 56 de la ley 1739 de 2014, e inversiones forzosas (bonos de las leyes 345 de 1996 y 487 de 1998 y 345)

Sea lo primero recordar, que conforme al artículo 56 de la ley 1739 de 2014 “los contribuyentes, agentes de retención y responsables de los impuestos nacionales, los usuarios aduaneros y del régimen cambiario a quienes se les haya notificado antes de la entrada en vigencia de esta ley, requerimiento especial, liquidación oficial, resolución del recurso de reconsideración o resolución sanción, podrán transar con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, hasta el día 30 de octubre de 2015, el valor total de las sanciones, intereses y actualización, según el caso, siempre y cuando el contribuyente o responsable, agente retenedor o usuario aduanero, corrija su declaración privada y pague el ciento por ciento (100%) del impuesto o tributo, o del menor saldo a favor propuesto o liquidado.

Cuando se trate de pliegos de cargos y resoluciones mediante las cuales se impongan sanciones dinerarias, en las que no hubiere impuestos o tributos aduaneros en discusión, la transacción operará respecto del cincuenta por ciento (50%) de las sanciones actualizadas, para lo cual el obligado deberá pagar en los plazos y términos de esta ley, el cincuenta por ciento (50%) de la sanción actualizada (…)”.  (Resaltado por fuera del texto)

Para la Administración tributaria “esta norma establece la posibilidad de terminaciones por mutuo acuerdo y aplica a los contribuyentes, agentes de retención y responsables de los impuestos nacionales, los usuarios aduaneros y del régimen cambiario que estén en las distintas situaciones allí previstas en materia de obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, quienes tienen la posibilidad de transar bien sea el valor total de las sanciones, intereses y actualización, bajo el supuesto de la corrección de la declaración y el pago del impuesto o tributo; o transar un porcentaje de la sanción bajo la condición del pago de una parte de la misma, de modo que el valor objeto de transacción aplica en los porcentajes señalados en las distintas alternativas que trae esta disposición, según la situación que se tipifique acorde con las alternativas que trae la norma”.  (Resaltado por fuera del texto) Concepto 15912 de mayo de 2015

A esta instancia, es debido precisar que acorde a la ley 345 de 1996 se autorizó al Gobierno Nacional para emitir títulos de deuda interna (Bonos para la Seguridad), y que según lo ordenado en la ley 487 de 1998, se autorizó – nuevamente – al Gobierno Nacional para emitir títulos de deuda interna denominados Bonos de Solidaridad para la Paz.

Clarificado lo anterior, conviene traer a colación el siguiente cuestionamiento formulado a la Administración Tributaria:

Pregunta usted en relación con la Ley 1739 de 2014 y el artículo 56 de la misma, si las obligaciones por inversiones en bonos de solidaridad para la paz - Ley 487 de 1998 y bonos de seguridad Ley 345 de 1996, se encuentran dentro de este marco legal. Y, si respecto a su prescripción se podría enmarcar o retomar esta ley”.  Concepto 15912 de mayo de 2015

Al respecto, la Autoridad Tributaria hace alusión a la Sentencia 14548 del Consejo de Estado de junio de 2005, de la cual se transcriben los siguientes apartes:

"En primer lugar observa la Sala que la obligación prevista en la Ley es distinta de la tributaria prevista en el Estatuto Tributario, toda vez que se trata de una operación de endeudamiento interno de la Nación a través de la colocación de títulos de deuda pública —bonos de seguridad— que se redimen dentro de los cinco (5) años siguientes a la fecha de su vencimiento por su valor nominal y tienen reconocimiento anual de intereses. 

Toda vez que la Ley 345 de 1996 autorizó la emisión de bonos de deuda pública y su reglamentario, si bien para efectos del control otorga a la Administración las facultades previstas en el Estatuto Tributario, no hicieron remisión general ni mucho menos específica a las disposiciones que regulan el trámite para las liquidaciones oficiales de impuestos o la imposición de sanciones tributarias, como lo entiende la demandante. Por el contrario, sí se establece la precisa facultad de expedir un "acto" que determina el monto de la inversión, contra el cual se previó expresamente como recurso procedente, el de reposición, que además se ordenó resolver dentro de los cinco (5) días siguientes a su interposición. 

(…) 

La Sala concluye que las disposiciones transcritas no ordenaron para la determinación de la inversión, seguir alguno de los contemplados en el Estatuto Tributario, entre otras razones porque como lo reconoce el demandante, existen diferentes actuaciones para liquidar tributos, como el proceso de aforo, de corrección por errores aritméticos o para disminuir el valor a pagar, el de revisión y el de imposición de sanciones entre otros.  La definición de cuál de éstos es el aplicable, no puede quedar al arbitrio de la Administración ni del particular. 

Las normas que regulan el control de la inversión en bonos de seguridad, precisaron que la obligación se determinaría a través de un acto administrativo susceptible del recurso de reposición y no hay razón alguna para inferir que dicho acto sea una liquidación oficial.

(…)”Concepto 15912 de mayo de 2015 

Con fundamento en el pronunciamiento de la Alta Corte, el Ente Oficial manifiesta que “la sentencia en cita, es pertinente en tanto permite dejar claro que la obligación derivada de la inversión forzosa en bonos de seguridad, es distinta de la tributaria, conclusión perfectamente aplicable al caso de la inversión forzosa en bonos de solidaridad para la paz, toda vez que la misma no corresponde a impuestos, tributos o sanciones de tal naturaleza y, si bien, su incumplimiento, cumplimiento extemporáneo o en forma incompleta puede dar lugar a intereses y a las actuaciones necesarias para la respectiva ejecución, no corresponde a la naturaleza de una obligación tributaria sino como lo indica el fallo: "se trata de una operación de endeudamiento interno de la Nación a través de la colocación de títulos de deuda pública - bonos de seguridad- que se redimen dentro de los cinco (5) años siguientes a la fecha de su vencimiento por su valor nominal y tienen reconocimiento anual de intereses.

Por lo anterior y siendo el objeto de la Ley 1739 de 2014 el recaudo por concepto de obligaciones de naturaleza tributaria, aduanera y cambiaria, es claro que las obligaciones derivadas del incumplimiento, cumplimiento extemporáneo o cumplimiento parcial de la inversión forzosa en bonos para la paz o bonos de solidaridad para la paz previstos en las Leyes 345 de 1996 y 478 de 1998, respectivamente, no son objeto de la terminación por mutuo acuerdo a que se refiere el artículo 56 de la Ley 1739 de 2014, ni a los beneficios previstos en los artículos 54, 55 y 57 ibídem”.  (Resaltado por fuera del texto)  Concepto 15912 de mayo de 2015

Finalmente, y en cuanto a la prescripción de las aludidas inversiones forzosas la DIAN recuerda su posición doctrinal expuesta en el concepto de 108780 de octubre de 2008 en cuanto a que “el término de prescripción de la acción en cabeza de la DIAN para exigir el cumplimiento de la obligación de suscribir los bonos para la seguridad, a que hace referencia la Ley 345 de 1996 y para efectuar el cobro de los intereses generados por la inversión extemporánea, por la inversión menor a la obligada o por la no inversión es el establecido en el artículo 2536 del Código Civil y empieza a contarse a partir de la ejecutoria del acto de determinación o discusión de la respectiva obligación”.

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