Testimonios rendidos ante Notario no requieren de ratificación a menos que la contraparte lo solicite

De conformidad con los términos del Art. 298 del C. de P. C., “Quien pretenda aducir en un proceso el testimonio de una persona podrá pedir que se le reciba declaración extraprocesal con citación de la contraparte.” 

Pues bien, el hecho de que la norma no utilice la expresión deberá sino podrá, permite entender que el cumplimiento de dicha formalidad queda a criterio del interesado. Sin embargo, el no cumplir con ese formalismo podría dar lugar a que en el trámite del proceso la parte contra quien se aduzca dicha declaración pida que no se le reconozca ningún valor a menos que se disponga su ratificación dentro del mismo proceso.

Pero no es suficiente con que la parte que desconoce el documento contentivo de la declaración  manifieste ese reparo para que la declaración no se pueda tener en cuenta por el operador judicial, sino que le es forzoso además procurar dicha ratificación, pues si su reparo no trasciende y la solicitud “queda en el aire”, al momento de fallar el juez podría, y lo más seguro es que lo haga, darle pleno valor a dicha declaración, en el entendido, claro está, de que no obren en el expediente otros elementos de convicción que desvirtúen los hechos afirmados por el declarante.

Lo anterior es importante recordarlo porque algunos abogados acostumbran dejar en manos del Juez la iniciativa de negarle valor a dichas declaraciones por haber sido recaudadas en ausencia de la contraparte y por lo mismo sin posibilidades para ésta de contrainterrogar al testigo y controvertir los hechos objeto de su declaración. Otros abogados simplemente se limitan a manifestar que le desconocerle cualquier valor a esas declaraciones, pero no se aplican a lograr que el juez ordene su ratificación.

Las anteriores anotaciones vienen a cuento debido a que recientemente la Sala de Casación Laboral de la Corte se ocupó de un caso de esas características, el cual resumo a continuación:

Una señora demandó a Ecopetrol para que se le condenara a pagarle la pensión de sobrevivientes a que consideraba tener derecho dada su condición de cónyuge supérstite de un pensionado de esa empresa, y aportó como pruebas de su convivencia con el causante  varias declaraciones en tal sentido rendidas ante Notario.

Ecopetrol contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones de la actora, aduciendo que ésta no tenía derecho a la pensión debido a que desde muchos años antes del fallecimiento del pensionado la pareja había dejado de convivir, según lo acreditaba una nota puesta en una de las márgenes del registro civil de matrimonio, que daba cuenta de que por sentencia judicial  de varios años atrás los cónyuges se habían separado de cuerpos en forma definitiva. Se apoyó igualmente en una carta dirigida al proceso por una hija del finado en la que aseguraba que su padre y la reclamante habían terminado su convivencia marital muchos años antes del deceso de su progenitor.

La sentencia de la primera instancia favoreció a la empresa llamada a juicio, pues el juez la absolvió de todas las pretensiones de la demanda. 

La demandante apeló y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá revocó la sentencia del a quo y en su lugar condenó a Ecopetrol a pagarle a la actora la pensión de sobrevivientes en forma vitalicia.

Con fundamento en el registro civil de matrimonio el Tribunal tuvo por acreditada la condición de cónyuge supérstite de la demandante, pero destacó, que “si bien el citado registro presenta una anotación en la que se indica que por sentencia judicial los esposos se separaron de cuerpos indefinidamente en el año 1993, dicha circunstancia no es óbice para que la demandante sea tenida como cónyuge del causante, en consideración a que la separación indefinida de cuerpos suspende la vida marital de los casados, pero no disuelve el matrimonio ni se pierde la calidad de cónyuge.“

En lo que respecta a la convivencia precisó el ad quem, que la demandante sí convivió con el causante con posterioridad a la separación indefinida de cuerpos ocurrida en 1993, tal como lo afirmaron en sus declaraciones extra juicio los testigos (…), al igual que lo aseguró en vida el mismo causante a través de una segunda misiva arrimada al proceso.

Señaló igualmente que, si bien es cierto se demostró con las declaraciones antes mencionadas que la actora no convivía con su esposo al momento exacto de su muerte, también lo es que  se evidenció que tal circunstancia obedecía al hecho de que la actora se trasladó en los últimos 4 años de su vida a un hogar de atención para la tercera edad en Villeta – Cundinamarca, pero que lo visitaba y acompañaba con frecuencia, ya que “debía conservar su domicilio en la ciudad de Bogotá debido a que requería constantemente los cuidados de un tercero porque padecía, y aun padece, síndrome de sjogren, fibromialgia y osteoartritis  

En resumen, el fallador de segunda instancia consideró que la demandante sí reunía los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes y en tal virtud se la concedió.

El expediente llegó a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en virtud del recurso de casación interpuesto por la empresa. En la demostración de los dos cargos que formuló adujo varias equivocaciones del Tribunal, de las cuales sólo me ocuparé de una de ellas por razones de espacio:

Se trata de la siguiente: 

Haber pasado por alto que por haberse omitido la exigencia contenida en el artículo 298 del C. de P.C., las declaraciones extra juicio que obran en el plenario carecen de valor y principalmente de significación probatoria por no haber sido presentadas al proceso de acuerdo con los ritos de esa disposición. 

Frente a dicho reparo señaló la Corte que  ninguna razón le asistía al recurrente toda vez que las declaraciones extrajudiciales rendidas ante notario y que obran a folios ( …) del expediente, no requerían de su ratificación para ser valoradas, en la medida en que la parte contra la cual se adujeron no lo requirió.

Y más adelante puntualizó: 

“Ahora bien, en cuanto a la ausencia de ratificación a que alude la censura (…), que pudiera asumirse como que la expresa petición de la demandada hacía indispensable la ratificación de lo manifestado por los declarantes ante el Notario, cabe decir que, ante la falta de pronunciamiento por parte del juez instructor sobre ello y el decreto de los testimonios, la parte interesada no solicitó la adición del auto que abrió a pruebas el proceso, ni interpuso recurso alguno y, además, guardó silencio durante todo el trámite, actitud que le acarrea el mismo efecto de no haber elevado la solicitud, (…)”

Así pues, la Corte no casó la sentencia impugnada.

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