Traslado de pruebas de un expediente a otro ¿vulnera el debido proceso?

Imagínense el  siguiente panorama. Usted presentó su declaración de renta y complementarios normalmente. Pero la DIAN en uso de sus facultades decide por fiscalizar dicha declaración, mientras tanto usted continúa cumpliendo con sus obligaciones y presenta la declaración de renta del año siguiente. Pero en esta oportunidad, la DIAN como está desarrollando algunas glosas del año 1 simplemente usa esa misma información para fiscalizarle el año 2. Entonces la DIAN traslada la documentación mediante fotocopias. Ahora bien, en el segundo caso, no lo fiscaliza sino que simplemente expide el requerimiento especial, sin visita alguna (exclusiva) sobre el año 2.

¿Cree usted que se le estaría violando el debido proceso?

Pues bien, el Consejo de Estado mediante sentencia 19138 del  mes de abril 2016, señaló:

“De acuerdo con lo anterior, se tiene que sólo las formalidades o trámites de carácter sustancial, cuya inobservancia genere consecuencias gravosas en la formación del acto final, e incluso en los intereses y derechos del administrado, dan lugar a la vulneración del derecho al debido proceso.

Ahora bien, la violación del derecho de audiencia y defensa viene a ser una violación de una etapa del procedimiento, esto es, justamente la etapa de descargos o de audiencia previa. Por eso, para que esta causal se configure debe explicarse qué etapas del procedimiento administrativo fueron pretermitidas o qué irregularidades se cometieron en el procedimiento, al punto de afectar el derecho de defensa.

Tratándose de la etapa probatoria, la Sala considera que el derecho de audiencia y de defensa se puede afectar en los siguientes casos: i) cuando se decreta una prueba ilícita; ii) cuando las partes, en las oportunidades legales, piden pruebas y no se decretan; iii) cuando se decretan las pruebas pedidas oportunamente, pero no se practican y iv) cuando se practican las pruebas decretadas, pero se valoran erróneamente.

La Corte Constitucional[8] ha precisado que, “No toda irregularidad procesal que involucre la obtención, recaudo y valoración de una prueba implica la violación del debido proceso. Los defectos procesales relativos a la prueba pueden ser de diversa índole y distinta intensidad y es claro que no todos tienen la potencialidad de dañar el debido proceso del afectado. La Corte Constitucional ha establecido como regla inicial que la simple transgresión de las normas procesales que regulan la inclusión de pruebas en las diligencias no implica afectación del debido proceso. Estas irregularidades menores se refieren a la afectación de las formas propias de los juicios, pero dada su baja intensidad en la definición del conflicto, no quedan cobijadas por el inciso final del artículo 29 constitucional.

También es menester precisar que la Corte Constitucional ha distinguido entre la prueba ilegal y la prueba inconstitucional.

Respecto de la prueba ilegal ha dicho que es “aquella que afecta el debido proceso desde el punto de vista procesal formal (incompatibilidad con las formas propias de cada juicio)”, y respecto de la prueba inconstitucional, “que es aquella que transgrede igualmente el debido proceso, pero desde una perspectiva sustancial, en tanto es obtenida vulnerando derechos fundamentales.”

De manera que, la nulidad por la violación del derecho de audiencia y de defensa y del derecho al debido proceso, generalmente ocurre cuando se practican pruebas inconstitucionales. En cambio, no toda irregularidad cometida desde el punto de vista procesal formal en el recaudo de la prueba puede dar lugar a la nulidad. Es menester que la irregularidad sea de carácter sustancial.”

Lo anterior, para señalar tal como lo dispuso el consejo de estado que no toda violación del debido proceso acarrea la legalidad del acto administrativo, que en el caso de los tributos obedecen a las liquidaciones oficiales y las resoluciones que la confirman en términos generales.

La diferencia entre prueba ilegal e inconstitucional representa todo un desafío de los contribuyentes que pretenden alegar la violación al debido proceso.

Finalmente, en el caso particular, el traslado de pruebas de un expediente a otro no violó el debido proceso por cuanto a pesar de no ser autenticadas fueron consecuencia de una auto de traslado administrativo.

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