Las personas, al igual que las plantas, echan raíces y se fijan en el lugar de tal manera que si se cambian de sitio pueden marchitarse y perecer…

El título de esta columna nos sirve para introducir al lector en un tema sobre el cual frecuentemente se reciben consultas de los visitantes de la página: el traslado del trabajador contra su voluntad.

Es entendible que si el empleador no se encuentra a gusto con el desempeño o comportamiento del trabajador quiera prescindir de los servicios de éste;  al fin y al cabo se trata de la presencia en su empresa de una persona que ha dejado de serle grata y posiblemente conveniente. Eso no tiene nada de reprochable, pues la misma ley contempla y regula esa situación. Desde luego que existen circunstancias excepcionales  en los que la ley le impone límites a la voluntad del empleador y le niega la posibilidad de prescindir de ese trabajador, a menos que el Inspector del Trabajo estudie el caso y autorice el despido, tal como ocurre con las personas que gozan de estabilidad reforzada.

Pero puede suceder, y de hecho sucede con alguna frecuencia, que el empleador quiere que el trabajador se vaya de la empresa, pero no se atreve a despedirlo porque éste no ha dado motivos, y él no está dispuesto a asumir el pago de la indemnización que la ley prevé para los casos de despidos sin justa causa. Dicho en otras palabras, el empleador quiere que el trabajador se marche de la empresa pero que sea éste quien tome la decisión.

Y es precisamente en presencia de esas circunstancias que suele ocurrírsela al empleador la “fantástica idea” de trasladar al asalariado a otra ciudad, en lo posible bien distante, con el fin de que éste rechace el traslado y opte por renunciar.

La mayoría de las veces el empleador toma como apoyo de su decisión la facultad que la ley le confiere para modificar las condiciones del trabajo en cuanto al tiempo, modo y lugar en que se presta el servicio por parte del trabajador (ius variandi), al igual que la  manifestación contenida en el contrato de trabajo, y atribuida al trabajador, de que éste acepta desde ya  cualquier traslado que decida realizar el empleador durante la vigencia del contrato de trabajo.

Sin embargo, las cosas no son tan sencillas como parecen, pues la jurisprudencia ha precisado que la facultad de variar las condiciones del trabajo no es absoluta, y al mismo tiempo le ha restado validez a ese tipo de autorizaciones prematuras,  tras considerar que las mismas deben su origen más a la necesidad del trabajador de lograr el empleo que a su disposición real de aceptar anticipadamente cualquier traslado.

Desde luego que si el traslado no le ocasiona ningún perjuicio al trabajador, muy seguramente éste lo aceptará sin reparos de ninguna clase. El conflicto se presenta cuando el cambio de sede le genera al trabajador la ruptura de la unidad familiar, o lesiona de manera ostensible su economía, o le deriva graves traumatismos en cuanto el estudio de los hijos, el empleo del cónyuge, etc., que hacen totalmente inconveniente y perjudicial el traslado.

Al lado de esas situaciones que se vienen de señalar como razones justas para que el empleador pueda impugnar válidamente el traslado sin que eso le signifique tener que abandonar la empresa, está el derecho de los menores a no ser sometidos al abandono por parte de sus padres como consecuencia del traslado, tal como ocurrió en el caso que se resume a continuación.

Un empleado de carrera de la Fiscalía General de la Nación acudió a la acción de tutela con el fin de que se le ampararan sus derechos fundamentales a tener una familia y no ser separado de ella, a la unidad familiar, a la prevalencia de los derechos del niño, y a la protección especial a los padres cabeza de familia y, que como consecuencia de ello, se le ordenara a la Fiscalía General de la Nación – Dirección Nacional de Apoyo a la Gestión de la Fiscalía General de la Nación, revocar o en su defecto suspender los efectos de la Resolución (…) del 25 de enero de 2016, respecto de la reubicación de su empleo y, adicionalmente, que se le mantenga en el cargo que venía desempeñando antes de proferirse el acto de traslado o, en su lugar, ubicarlo en otra Fiscalía de la misma categoría que funcione en la ciudad de Villavicencio en donde se encuentre el cargo vacante –en encargo-, en provisionalidad o en carrera administrativa.

Señaló que es padre cabeza de familia, ya que al separarse de su compañera permanente ésta se fue a vivir  a otra ciudad y como consecuencia de ello él quedó a cargo en forma exclusiva de su menor hijo; “que es su único custodio y tienen un fuerte lazo y apego afectivo, sentimental y filial, lo que hace que se mantengan juntos;  que además es quien satisface todas las necesidades económicas del menor de manera oportuna, diligente, responsable y optima; que se preocupa por su alimentación, vestuario, educación, recreación, salud y bienestar en general; que no tiene ningún familiar que se haga cargo del niño lo que implica una mayor dependencia.” 

Informó que mediante Resolución (…) del 25 de enero de 2016, fue reubicado a la Subdirección Seccional de Fiscalías y de Seguridad Ciudadana del Chocó; que contra este acto administrativo no procede recurso alguno, por lo que se vio obligado a acudir a la acción de tutela con el fin de evitar un perjuicio irremediable frente a su unidad familiar, su status de padre cabeza de familia, la estabilidad afectiva y física de su hijo y en su estabilidad laboral. 

El juez de primera instancia (Tribunal Superior de Villavicencio) concedió el amparo solicitado y, en tal virtud, ordenó a la Dirección Nacional de Apoyo a la Gestión de Fiscalía General de Nación, que revocara parcialmente (…) la Resolución No. (…) del 25 de enero de 2016, en cuanto ordenó la reubicación del empleo de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación de Fiscal Delegado ante los Jueces del Circuito Especializados adscritos a la Subdirección Seccional de Fiscales y de Seguridad Ciudadana del Meta, que viene ejerciendo el tutelante (…), para la Subdirección Seccional de Fiscalías y de Seguridad Ciudadana del Chocó».

Lo anterior, tras advertir que la orden de reubicación del accionante afectó notablemente el comportamiento y estabilidad emocional del niño.

La entidad accionada apeló la sentencia del Tribunal y el asunto subió a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia quien la confirmó.

En uno de los apartes de la sentencia dijo la Corte:

“…de la documental que se allegó al plenario puede colegirse que el señor (…), como padre del menor es quien se encarga de su crianza, sin que ello implique únicamente satisfacer sus necesidades económicas, pues el brindarle amor, compañía, estar pendiente de sus tareas escolares, de su alimentación, recreación y su desarrollo sicosocial, resulta mucho más  importante para un niño que se encuentra en formación, que el simple hecho de proveerle el dinero necesario para satisfacer sus necesidades económicas, condiciones que perdería el menor si se hace efectiva la reubicación laboral ordenada por la Fiscalía General de la Nación.

Fuente: Sentencia STL4372-2016 - Radicación n° 65539 - 6 de abril de 2016

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