Tribunal administrativo de Cundinamarca nuevamente declara responsable al congreso de crear tributos inconstitucionales

Meses atrás, la noticia de que el consejo de Estado declarase culpable al congreso de la república por crear impuestos que posteriormente fueron declarados inconstitucionales, atrajo la atención de los contribuyentes. Se trataba entonces, de una noticia amarillista para el gusto de los tributaristas, que significaba más que una medida de control, un llamado de atención al congreso de la república para cerciorarse de que las normas fiscales aprobadas se ajustasen a nuestra Constitución Política.

No obstante, el Consejo de Estado parece estar abriendo paso a la tesis de responsabilidad del Estado en la declaratoria de inconstitucionalidad de los impuestos. Al igual que en la oportunidad anterior, la discusión versó sobre la tasa de servicios aduaneros creada mediante la ley 601 del 2000 y sobre la cual la Corte Constitucional mediante sentencia C-922 de 2001 declaro su inexequibilidad.

Durante el lapso que estuvo vigente la norma, la Compañía Promigas Sociedad Anónima pagó una suma cercana a los trecientos millones de pesos.  Situación que la afectó patrimonialmente y en consecuencia optó por dar la batalla en la vía judicial. Es así como mediante sentencia 26702 del 11 de junio de 2004 del Consejo de Estado  señaló:

“Como se puede evidenciar, a partir de los acápites transcritos de la sentencia C-992 de 2001, aun cuando la Corte Constitucional no moduló en manera alguna los efectos de la declaratoria de inexequibilidad de los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000, lo cierto es que ese pronunciamiento judicial puso en evidencia la falla del servicio en que incurrió el legislador, en la medida en que los pagos que realizó la sociedad Promigas S.A. E.S.P., por concepto de la Tasa Especial de Servicios Aduaneros, se hicieron con fundamento en una norma declarada contraria a la Constitución Política por dicho Alto Tribunal, razón por la cual se declarará la responsabilidad patrimonial de la entidad pública demandada y, en consecuencia, se revocará la sentencia de primera instancia.”

Como resultado de la sentencia el Congreso de la República deberá pagar la suma de cuatrocientos noventa y tres millones como daño emergente y doscientos catorce millones como lucro cesante.

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