¿Un miembro de junta directiva puede prestar servicios de consultoría a la empresa donde es miembro de su Junta Directiva?

Esta siempre ha sido una de las dudas que les asiste a muchos administrativos en las distintas organizaciones. La respuesta a este interrogante la tiene la superintendencia de sociedades, quien en el mes de mayo emitió el oficio 220-046971 del 2013, reiterando su posición doctrinaria que viene ya desde 1998.

En el concepto afirma lo siguiente:

"(…) En el artículo 438 del Código de Comercio se regula en forma genérica las atribuciones de la Junta Directiva, que no son más que las de "...ordenar que se ejecute o celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro del objeto social y para tomar las determinaciones necesarias en orden a que la sociedad cumpla sus fines", consignándose en el artículo 434 ídem que éstas se expresarán en los estatutos, debiendo circunscribirse éstos, lógicamente, al marco general atrás anotado, no pudiendo, por ende, tomar facultades que competen exclusivamente a otro órgano social. Al reglamentar sus funciones, el legislador dio pautas para que en el contrato social ellas se limiten, dando a los particulares amplio margen para reglamentar el tema en comento. Sin embargo, no ofreció regla alguna que prohíba a sus miembros celebrar, con el ente societario, contratos que generen el pago de ciertos honorarios por dichos conceptos. Y ello resulta razonable, habida cuenta que las funciones que se otorgan a la junta directiva son las de servir como órgano administrativo y colaborar con los representantes legales. Que posea este órgano las mentadas atribuciones, no es óbice o impedimento para que bajo determinadas circunstancias, a libre arbitrio del ente societario, se decida encomendar determinada asesoría o trabajo particular a un tercero, que bien puede ser miembro de su junta directiva, en razón de ser conocido por la sociedad, o por cualquiera otra circunstancia que lo amerite. Uno y otro trabajo no resultan incompatibles; es más, pueden eventualmente facilitar la buena marcha de la compañía, toda vez que la persona contratada, al ser miembro de la Junta Directiva, conoce más a fondo y con mayor amplitud la forma como se desarrolla el objeto societario que un tercero, para quien, a efectos de adelantar el trabajo encomendado, debe previamente recaudar todos los antecedentes sociales pertinentes. 

Sin embargo, es del caso recalcar que, al atribuirle el legislador amplias facultades a los particulares para reglamentar el tema en comento, jurídicamente es viable que éstos consagren expresamente en el contrato social la prohibición para que los miembros de la Junta Directiva reciban remuneraciones diferentes a aquellas que les corresponden como tales y por ende, en este evento, quedan inhabilitados estatutariamente para recibir cualquier remuneración por concepto diferente" (lo resaltado es nuestro).

Es claro entonces, que el hecho de ser miembro de la junta directiva  no impide contratar los servicios de consultoría  y en general cualquier tipo de contrato que sirva para que la sociedad cumpla sus fines.

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