¿Una nueva reforma Pensional a la vista?

Aumento de la edad y del número de semanas cotizadas, edad de pensión igual para hombres y mujeres (62 años), igualar el régimen de Prima Media (Colpensiones) con el de Ahorro Individual (fondos privados), reducir las pensiones mínimas a menos del salario mínimo, grabar las pensiones altas, etc.

Los anteriores puntos hacen parte de las recomendaciones que le ha hecho a Colombia la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las cuales se han entendido por parte de algunos analistas como requisito que debe cumplir el país para poder ingresar a ese selecto grupo de países ricos.

El tema ha generado todo tipo de reacciones, desde los gremios económicos que ven esas recomendaciones como necesarias y convenientes, hasta las organizaciones sindicales que se oponen a ellas. En el Congreso, por su parte, la propuesta no ha tenido mayor acogida.

El procurador General de la Nación tampoco está de acuerdo con que se incrementen los requisitos para la pensión, ni con que se igualen las edades de hombres y mujeres para obtener ese beneficio.

El jefe del ministerio público  le pidió al ministro del Trabajo realizar un estudio a fondo sobre la conveniencia de emprender ahora una reforma pensional que no va a garantizar ampliación de la cobertura.

Recuerda el procurador  que con la Ley 797 de 2003 y el Acto Legislativo 1° de 2005 se hicieron importantes reformas que disminuyeron los beneficios e hicieron más rigurosas las exigencias de acceso al derecho pensional.

Al referirse al tema del empleo, precisa el jefe del ministerio público que a pesar de haberse hecho grandes esfuerzos normativos en materia de trabajo digno y decente, Colombia país lidia con problemas complejos tales como la informalidad y la evasión de aportes al Sistema General de  Seguridad Social.  Sobre este punto señala que:

“Todas las reformas de los últimos 20 años apuntan a ampliar cobertura y nada que se consigue el objetivo porque las reformas por si solas no generan cobertura. En cuanto a la problemática de la baja cobertura pensional, producto del desempleo, el subempleo, las formas atípicas de vinculación laboral o desregulación del mercado de trabajo, la evasión al sistema de seguridad social y la informalidad que afecta a nuestro país, se recomienda seguir trabajando en políticas públicas para la generación de trabajo digno y decente”.

Con respecto a la idea de igualar las edades de pensión para hombres y mujeres destaca el procurador  que se debe tener en cuenta la situación laboral en que se hallan las mujeres en Colombia, y menciona el estudio realizado por Dejusticia con la Procuraduría y el apoyo de USAID sobre el “Trabajo Digno y Decente en Colombia - Seguimiento y Control Preventivo a las Políticas Públicas”, en el que se evidenció que existen  déficits de empleo y de calidad del trabajo que afectan sensiblemente  a sectores poblacionales como las mujeres, los trabajadores rurales, las personas con bajos niveles de educación y los jóvenes.

Destaca que según el estudio del Observatorio del Trabajo y la Seguridad Social realizado por la Universidad Externado de Colombia, la informalidad laboral de la mujer es superior a la de los hombres y que cerca del 80%  de las mujeres de más de 57 años de edad no tienen pensión. Indica igualmente que a pesar de que los niveles de educación de las mujeres se han incrementado, la desigualdad salarial con respecto a los varones sigue siendo notoria y las oportunidades de conseguir empleo, ascender o desempeñar cargos directivos continúan  siendo escasas.

Sobre el señalamiento que han hecho algunos voceros de los gremios económicos en el sentido de que la crisis financiera obedece a los altos costos que ocasionan los pensionados del régimen de prima media, el procurador advierte que en el país no hay más de 1.400.000 pensionados del RPM y el 80% de ellos devenga una pensión entre 1 y 2 salarios mínimos.

Finalmente el jefe del Ministerio Público cita lo ocurrido en otros países (y da como ejemplo a Argentina y Chile) que se han visto en la necesidad de llevar a cabo contrarreformas después de establecer modelos privatistas de pensiones, tras comprobar que estos sistemas presentan inequidades por los altos costos administrativos y porque los recursos no alcanzan para una pensión de salario mínimo. Refiere que según el Banco Mundialel sistema privado es inviable en países en desarrollo pues solamente ha alcanzado una cobertura del 20%, dejando a la población pobre y vulnerable sin acceso a un régimen pensional adecuado”.

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