Corte Constitucional reitera que el vencimiento del plazo pactado no es razón suficiente para no prorrogar el contrato celebrado a término fijo

Jorge Aníbal Chamorro formuló acción de tutela contra la Empresa Social del Estado  “Pasto Salud E.S.E.”, con el fin de que se le protegieran sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social, los cuales en su criterio le habían sido vulnerados por parte de la entidad demandada  al desconocer ésta la protección constitucional a la estabilidad laboral de la que supuestamente él era titular por su  condición de trabajador próximo a pensionarse, al no renovar su contrato de trabajo a término fijo suscrito como trabajador oficial.

Con base en lo anterior, solicitó que se ordenara su reintegro laboral al cargo que ocupaba o a uno similar y el pago de las prestaciones sociales  y demás conceptos laborales dejados de percibir desde el momento de su retiro de la entidad.

El señor Chamorro apoyó su solicitud de amparo en los siguientes hechos:

-Que laboró para Pasto Salud E.S.E. durante el tiempo comprendido entre el 21 de febrero de 2012 y el 31 de enero de 2015, desempeñándose como conductor de ambulancia (trabajador oficial). Que su vinculación se dio a través de contratos de trabajo a término fijo de un año.

-Que el 31 de enero de 2014, el demandante y la E.S.E. suscribieron un nuevo contrato de trabajo a término fijo con vigencia entre el 1º de febrero de 2014  y el 31 de enero de 2015.

-Que con base en lo consagrado en la cláusula 9ª del contrato de trabajo antes referido, el cual señalaba que el término inicialmente pactado se entendería prorrogado si las partes no manifestaban por escrito su voluntad de no prorrogarlo a más tardar 30 días antes de su vencimiento, el Gerente de la ESE  decidió que dicho contrato no se prorrogaría, y así se lo hizo saber a través de escrito del 1º de diciembre de 2014. Que sin embargo, la notificación de la no prórroga del contrato apenas se le hizo el 16 de diciembre de 2014.

-Refirió también el accionante, que cuenta con 62 años de edad y que alcanzó a cotizar un total de 1.215 semanas.

- Señaló que el Gerente de la E.S.E. sabía de sus planes de pensionarse,  porque en varias ocasiones habían conversado sobre ese punto.

Con fundamento en lo anterior, el señor  Chamorro presentó demanda de tutela contra la E.S.E. por estimar que dicha entidad desconoció la protección constitucional a la estabilidad laboral de la que presuntamente era titular por su condición de trabajador prepensionado, al no renovar su contrato de trabajo a término fijo suscrito como trabajador oficial. En su demanda el accionante solicitó que se ordenara su reintegro al cargo.

Conoció de la demanda de tutela al Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Garantías para Adolescentes de Pasto, quien la admitió.

El gerente de la E.S.E. contestó la acción de tutela solicitando que se negara el amparo pedido. Adujo en su defensa que la protección invocada por el demandante aplica únicamente para los trabajadores que cumplen con la totalidad de los requisitos para acceder al derecho pensional – prepensionados—, siempre y cuando:

  • La entidad empleadora se encuentre en un proceso de liquidación o restructuración, situación que no ocurre con esa EPS, y
  • Cuando el servidor público es un empleado de carrera, ya que al tratarse de un trabajador oficial la legislación aplicable es diferente y la relación laboral se rige por lo convenido en el contrato. Y agregó que la terminación del vínculo laboral con el actor había obedecido a la finalización del término contractual pactado y no a sus condiciones personales.

El a quo, mediante sentencia del 19 de febrero de 2015, negó la acción de tutela impetrada por el trabajador.

Adujo el operador judicial de primer grado que: “los beneficios del retén social para los trabajadores prepensionados, establecidos en la Ley 790 de 2002 y desarrollados ampliamente por la jurisprudencia constitucional son aplicables dentro del marco de procesos de reestructuración y liquidación administrativa, premisa que en el caso puesto a consideración no se satisface”. Así las cosas, concluyó que al no demostrarse de manera suficiente la existencia de vulneración, amenaza o transgresión de los derechos fundamentales invocados por el demandante, debía declararse la improcedencia de la acción.

Inconforme con esa decisión del a quo, el señor Chamorro la impugnó.

Al resolver la apelación, el Juez de segunda instancia confirmó la decisión cuestionada.

La sentencia del juez de segundo nivel fue seleccionada para revisión por la Corte Constitucional.

Uno de los argumentos centrales del trabajador apuntó a que en la sentencia el Tribunal había desconocido dos cosas: a) el precedente jurisprudencial relacionado con la procedibilidad de la acción de tutela para lograr el reintegro laboral de aquellos trabajadores que estando próximos a pensionarse, fueron desvinculados laboralmente afectando su mínimo vital y el de su núcleo familiar, y b) la aplicación de la estabilidad laboral para los trabajadores prepensionados, no sólo en los procesos de reestructuración de la administración pública, sino también en cualquier escenario en el que se vean comprometidos los derechos fundamentales al mínimo vital y a la igualdad.

En su estudio la Corte encontró que la alegada violación de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social ya había desaparecido, porque durante el trámite de la revisión Colpensiones le había reconocido la pensión de vejez al trabajador.

Señaló la Corte que tal como lo había indicado la Defensoría del Pueblo en su escrito de insistencia, los jueces de instancia habían resuelto la acción de tutela con fundamento en una figura jurídica distinta a la aplicable en el caso concreto: la protección especial para los trabajadores próximos a pensionarse –prepensionados- contemplada en la Ley 790 de 2002, como criterio para dar aplicación a la estabilidad laboral reforzada.

Recordó la Corte que para dar por terminada la relación laboral de un trabajador -tanto del sector público como del sector privado- que cumpla con los requisitos para acceder al derecho pensional, cuando tal desvinculación afecte su mínimo vital y esa circunstancia esté probada en el expediente, se requiere que: (i) la pensión de vejez este reconocida; y (ii) la persona sea incluida en nómina de pensionados.

Y concluyó:

“Sin embargo, con el propósito de garantizar de manera eficaz e íntegra el derecho al mínimo vital del señor Chamorro Ortega y superar el daño que se le causo con la cesación salarial, la Sala ordenará el pago de las prestaciones sociales dejadas de percibir desde su desvinculación laboral hasta el momento en el que se canceló su primer mesada pensional, siempre que no le hayan sido reconocidas”.

Así pues, la Corte revocó la sentencia de 2º instancia que había confirmado la de primer grado que había negado por improcedente la acción de tutela presentada por el trabajador, y en su lugar le concedió el amparo invocado por éste.  Así mismo, le ordenó a la E.S.E. pagar a favor del accionante los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde su desvinculación laboral hasta el momento en el que se canceló su primera mesada pensional.

Quien desee conocer más detalles puede consultar la sentencia T-5004316 del 11 de noviembre de 2015. M.P. Dra. María Victoria Calle Correa.

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