¿Volvemos a la época en que el funcionario público debe escoger entre plata o plomo?

Es preocupante la noticia que circuló la semana pasada que daba cuenta de las amenazas de muerte que recibió el director de la Dian, al parecer proveniente de algún sector al que se le han realizados procesos de fiscalización importantes,  que bien podría ser el  contrabando o la evasión multimillonaria de impuestos, lo que lleva a preguntarse si ha regresado al país aquella práctica utilizada por el narcotráfico para corromper funcionarios públicos, a los que se les daba a escoger entre plata o plomo.

Al parecer el director de la Dian ha hecho un gran esfuerzo por combatir las mafias que defraudan al fisco y ha logrado golpearlas más allá del nivel de riesgo que dichas mafias están dispuestas a tolerar, por lo que habrían optado por  asesinarlo, lo que el estado no debe  permitir bajo ninguna circunstancia.

Suficiente tenemos con funcionarios corruptos como para permitir que en adelante tengamos también funcionarios temerosos. Si se le permite al delincuente quebrar la confianza que el funcionario público honesto debe tener en el estado para protegerlo, estaremos condenados a que las mafias sigan robándose los impuestos, impuestos que el estado buscará compensar del bolsillo de quienes sí pagan, de quienes por una u otra razón no recurren al crimen para dejar de pagar impuestos.

No es suficiente con que el gobierno afirme que le refuerza la seguridad del director de la Dian y de su familia. Se requieren políticas más profundas y más contundentes encaminadas a eliminar el riesgo de raíz, esto es, llegar a las mafias en donde se originan este tipo de amenazas, y para ello se requiere de un cuerpo especial que se dedique exclusivamente a ello, como lo es el Gaula frente al secuestro. Se requiere de todo un esfuerzo interinstitucional liderado por el más alto gobierno. Esto no es un juego de niños y hay que responder con contundencia.

El estado no debe tolerar bajo ningún punto de vista  que el delincuente amedrante a los funcionarios públicos para que no cumplan con su deber. Se debe enviar un mensaje firme  al delincuente para que este entienda que no se saldrá con la suya por más poder y dinero que tenga. Nada puede estar por encima del estado  y el gobierno debe dejarlo absolutamente claro, y eso no se logra si se limita a facilitar dos o tres escoltas adicionales a un funcionario. Eso no disuade a ningún criminal. Debe existir una decisión firme y convincente del gobierno  para llegar al fondo del asunto y que de una vez por todas se corte de tajo la peligrosa práctica de matar al funcionario público que no se presta para robar al estado.

Desde estas líneas expresamos nuestra solidaridad al director de la Dian frente a esta situación,  y exigimos al gobierno nacional que tome medidas que tengan el verdadero alcance de evitar que esta situación se repita.

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