¿Y a nosotros quién podrá defendernos?

El impuesto a la riqueza ya es un hecho y el gobierno nacional, en función de los poderosos intereses de los sectores económicos, ha discriminado a personas naturales y jurídicas con respecto a dicho impuesto, haciéndolo más gravoso a las personas naturales.

Los sectores empresariales más grandes y con una gran capacidad de influencia sobre el gobierno y el mismo congreso, han conseguido una legislación más flexible a sus intereses que al resto de mortales.

Los grandes empresarios tienen un talonario con el suficiente poder de influencia (¿soborno?), como para conseguir que la ley se adecúe  (tuerza) a su favor, por lo tanto consiguieron que se les aplicará una tarifa menor y por menos tiempo, pues sólo pagarán el impuesto a la riqueza por los años 2015, 2016 y 2017, en tanto las personas naturales deben pagar por un año más, y como ya se dijo, a una tarifa superior que no es progresiva como la tarifa que pagarán las personas jurídicas.

Es evidente que las personas naturales no disponen de la representación suficiente para mover los hilos en el alto gobierno y en el congreso para conseguir el mismo trato que consigue quien tiene la capacidad de girar un cheque con  muchos ceros. Las personas naturales no tenemos quien nos represente, quien nos defienda.

El gobierno nacional y el congreso cedieron a la presión de los empresarios para que les dieran un trato privilegiado, lo cual se debe entender en un contexto prelectoral donde los políticos requieren de la financiación de sus campañas políticas, y son los empresarios los llamados a girar  los cheques a cada candidato que aspire al congreso o a cualquier otro cargo de elección popular.

Las personas naturales no podemos aspirar más allá que a un tamal, o un almuerzo, y si somos muy valiosos, quizás a un cargo burocrático y poco más, mientras que los empresarios pueden negociar importantes leyes a su favor, como lo han conseguido las multinacionales petroleras recientemente con la expedición del decreto 2682 del 23 de diciembre de 2014 donde se crean unas zonas francas (léase paraísos fiscales, aunque el decreto se cuida de llamar costa afuera lo que se conoce como offshore y que valió la calificación de paraíso fiscal a Panamá) que benefician exclusivamente a estas empresas. Los demás a pagar impuestos que no hay plata para las próximas elecciones.

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