Pensión de sobrevivientes – A los hijos en situación de discapacidad no se les puede exigir adelantar proceso de interdicción para el reconocimiento de la pensión

Dentro de la densa maraña de trabas y requisitos absurdos e irracionales con que los fondos de pensiones (ISS-Colpensiones, los privados, y ahora la UGPP) suelen atajar las aspiraciones legítimas de los beneficiarios de las pensiones, y particularmente de la de sobrevivientes, se cuenta la de exigirles a los hijos del causante afectados por alguna discapacidad la obligación de tramitar un proceso de declaración de interdicción judicial a través del cual se nombre un curador definitivo que represente sus intereses.

Pues bien, el tema fue recientemente objeto de estudio por parte de la Corte Constitucional al revisar una sentencia de tutela proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Superior de Bogotá.

En la sentencia objeto de revisión el Tribunal confirmó la decisión que había adoptado el juez de primera instancia en el sentido de negar el amparo solicitado por la madre de una joven en situación de discapacidad a quien la UGPP le había rechazado el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes derivada de la muerte de su padre, con el argumento de que el dictamen no manifestaba que la agenciada requería o no de terceros para desempeñarse, y le exigió aportar la sentencia de interdicción judicial y el acta de posesión y discernimiento de curador definitivo, sin importar para nada que la accionante insistiera en su solicitud, y aportara cada vez más documentación que demostraba la dependencia de la discapacitada.

Ahora bien, en la demanda de tutela da cuenta la accionante, al referirse al retraso mental moderado que sufre la joven discapacitada, que: “Este grupo constituye alrededor del 10% de los retrasados mentales. Los individuos incluidos en esta categoría presentan una lentitud en el desarrollo de la comprensión y del uso del lenguaje y alcanzan en esta área un dominio limitado. La adquisición de la capacidad de cuidado personal y de las funciones motrices también está retrasada, de tal manera que algunos de los afectados necesitan supervisión permanente (CIE-10, 1992). Aprovechan poco la enseñanza escolar, pero si reciben clases especiales pueden aprender lo esencial de escritura, lectura y cálculo; y aprender otras destrezas sociales y ocupacionales […]”.

Obrando en esa misma línea la accionante aportó la historia clínica emitida por las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, en la que consta los estudios psiquiátricos realizados a la paciente y entre la cual se encuentra certificación médica donde consta que “la paciente tiene historia de larga data de retraso mental moderado con trastorno de conducta grave asociado […] esta patología desencadena una discapacidad intelectual y mental crónica y deteriorante”.

Como ya se indicó, los jueces de las instancias encontraron razonable la decisión de la UGPP de exigirle a la reclamante la aportación de la sentencia del proceso de interdicción.

Pues bien, al revisar la sentencia del Tribunal, la Corte Constitucional señaló que en estos casos exigir la tramitación de un proceso de interdicción constituye un obstáculo irrazonable para el goce efectivo de los derechos al mínimo vital en dignidad y a la seguridad social de las personas que se encuentran en un situación de vulnerabilidad notoria debido a su estado de salud.

Así mismo, apuntó  la Corte que “en el caso de los hijos inválidos, para que se reconozca la pensión de sobrevivientes es necesario (i) que se acredite la relación filial; (ii) que se pruebe que el hijo se encuentra en situación de invalidez; y (iii) que exista dependencia económica frente al causante. En esta medida, son aquellos los únicos documentos que se pueden exigir a los hijos en situación de discapacidad para que proceda el reconocimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes, y por lo tanto no es posible exigirles documentos adicionales a los previstos en la norma.

Y concluyó que la UGPP vulneró el derecho a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna de la accionante, al condicionar el acceso a la sustitución pensional a requisitos que no están establecidos en la ley y que constituyen una carga desproporcionada para una persona en condición de discapacidad evidente.

En ese mismo orden, precisó que la jurisprudencia ha establecido que supeditar el reconocimiento de la sustitución pensional frente a quien ostenta la calidad de hijo inválido dependiente a la tramitación de un proceso de interdicción a través del cual se nombre un curador definitivo que represente sus intereses, constituye un obstáculo de carácter meramente formal que conduce a una vulneración del derecho fundamental al debido proceso administrativo, al tiempo que acarrea una afectación grave al mínimo vital y a la vida digna.

Por otra parte, la Corporación avanzó aún más y recordó que en un caso similar, mediante Sentencia T-730 de 2012, la Corte estableció que exigir el dictamen de la junta de calificación era una carga desproporcionada e irracional cuando se encontraba probado que la invalidez se derivaba de una enfermedad congénita, y se allegaban documentos adicionales, como el certificado del Instituto de Medicina Legal al trámite administrativo. La Corte estimó: “la suspensión de la pensión de sobreviviente […] por falta de dictamen médico de pérdida de la capacidad laboral con fecha de estructuración de la invalidez en los términos del artículo 38 de la Ley 100 de 1993 – previsto para  la pensión de invalidez – sin tener en cuenta la totalidad del acervo probatorio, tratándose de una persona que presenta una discapacidad mental severa, constituye una exigencia desproporcionada que configura una vulneración de los derechos fundamentales del accionante y un desconocimiento de la obligación de prestar especial protección a la misma, teniendo en cuenta su condición síquica”. En el mismo sentido, lo estableció la Corte en la Sentencia T-446 de 2015 (…) “Ahora bien, a pesar de que la pérdida de capacidad laboral puede probarse mediante un dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez, para efectos del reconocimiento de la sustitución pensional, existen otros medios probatorios que son idóneos para probar la invalidez del familiar que depende económicamente del causante. De hecho, exigir únicamente ese medio probatorio es desproporcionado e implicaría imponer una tarifa legal probatoria por vía interpretativa”.

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