Actos administrativos que declaran incumplida una facilidad de pago son pasibles de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Así lo ha considerado la sección cuarta del consejo de estado al establecer que todo acto administrativo, como es el que se debe proferir para declarar que ha existido un incumplimiento en la facilidad de pago, puede ser demandado ante la jurisdicción contencioso administrativa.

Una vez se acuerda una facilidad de pago el contribuyente debe cumplir cabalmente con las condiciones acordadas, pues de incumplirse en cualquier momento el contribuyente pierde los beneficios que le fueron concedidos en dicho acuerdo de pago, pero para que ello suceda, la Dian primero debe proferir el acto administrativo respectivo en el que se declare oficialmente que el contribuyente ha incumplido con sus compromisos, y sólo después tendrá efectos jurídicos tal incumplimiento.

De modo pues que ese acto administrativo puede se objeto de control jurisdiccional si el contribuyente considera que ha sido infundado o que no se ajusta a la legalidad.

Al respecto dijo  la sección cuarta del consejo de estado en sentencia 9 de febrero de 2012 expediente 17721:

Contrario a la decisión del a quo, la Sala considera que es un acto administrativo el que declara el incumplimiento de las facilidades o acuerdos de pago, porque es un acto que modifica la situación jurídica que se había creado a favor del contribuyente al concederle la facilidad. Por tanto, ese acto es pasible de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

En efecto, el artículo 814  del E. T. faculta a la Administración para que otorgue a los deudores de impuestos, intereses y sanciones, facilidades para su cumplimiento, a condición de que constituyan garantías que respalden las obligaciones insolutas.

Por supuesto, cuando esas facilidades se incumplen, el artículo 814-3  del mismo estatuto faculta a la autoridad que concedió la facilidad para que deje sin efecto el plazo concedido y, por tanto, ordene hacer efectiva la garantía otorgada por el deudor.

Ahora bien, por el hecho de que el acuerdo de pago pueda suscribirse en cualquier etapa del procedimiento administrativo de cobro coactivo, de conformidad con el artículo 841  del E.T. no es dable inferir que tanto el acto que concede la facilitad como el que la quita son actos administrativos propios del proceso de cobro coactivo, pues siguen siendo actos administrativos autónomos que, a lo sumo, inciden en dicho proceso, en cuanto permiten suspenderlo o reanudarlo, según sea el caso. En consecuencia, fue desacertada la conclusión a la que llegó el a quo. Por tanto, prospera el recurso de apelación y se procede a dictar sentencia de mérito.

Así las cosas cuando a un contribuyente le han revocado los beneficios de un acuerdo de pago, el acto administrativo en cuestión puede ser demandado ante la jurisdicción contencioso administrativo, lo que sin duda constituye una garantía jurídica más para el contribuyente.

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