Alcance de las decisiones de los representantes de las personas jurídicas

Bien sabemos que una persona jurídica actúa mediante un representante, y ese representante siempre será una persona natural.

Ahora, las decisiones que tome ese representante, ¿hasta qué punto comprometen a su representada?, ¿qué alcance tienen esas decisiones respecto a la persona jurídica?

Para dar respuesta a estos interrogantes, recurriremos a lo establecido por el código civil en su artículo 640:

Los actos del representante de la corporación, en cuanto no excedan de los límites del ministerio que se le ha confiado, son actos de la corporación; en cuanto excedan de estos límites sólo obligan personalmente al representante.

Para comprender mejor el alcance de la representación o delegación, es importante anotar también lo que dice el código civil en otros artículos sobre el respecto:

Artículo 1505. Lo que una persona ejecuta a nombre de otra, estando facultada por ella o por la ley para representarla, produce respecto del representado iguales efectos que si hubiese contratado él mismo.

Artículo 2157. El mandatario se ceñirá rigurosamente a los términos del mandato, fuera de los casos en que las leyes le autoricen a obrar de otro modo.

La corte suprema de justicia, sala de casación civil, también se ha pronunciado sobre el respecto:

El representante de la persona jurídica, para que pueda obligarla debe actuar sin rebasar el nivel de sus facultades, debe moverse dentro del preciso marco de las potestades que se le hayan conferido, pues si al obrar en nombre de la persona moral que dice representar, desborda los límites de sus atribuciones entonces ninguna obligación contrae el ente colectivo en este terreno, o por la potísima razón de que el representante suyo sólo lo obliga en cuanto actúa dentro del marco de las funciones que se le han otorgado y no cuando obra por fuera de éstas. De la misma manera, las potestades que se han discernido a un órgano de la persona moral, sólo pueden ser ejercidas por ésta y no por otro, a menos que aquél, con facultad para ello, las haya delegado" [sentencia de 13 de junio de 1975].

Esto no quiere decir que una persona jurídica no deba responder por los actos en que incurra, aun cuando hayan sucedido en ocasión a una extralimitación de su representante legal.

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