Alcance probatorio de las certificaciones expedidas por el contador público

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El contador público por virtud de la ley tiene la facultad para dar fe sobre determinados hechos respecto de los cuales conoce en razón a su profesión, y en el desarrollo de esa facultad procede a elaborar y otorgar certificaciones que versan sobre asuntos relacionados con su área de conocimiento.

Ahora, ¿Cuál el alcance o cuál es el valor probatorio que pueda tener una certificación expedida por un contador público?

Este tipo de certificaciones pueden ser utilizadas como medio de prueba para efectos contables, administrativos, fiscales e incluso civiles, por lo que abordaremos el alcance de estas certificaciones.

Valga decir que la certificación por sí sola no ofrece ningún valor probatorio.

Distinto es que en algunos casos lo que el contador certifica se presuma cierto, pero como toda presunción, lo que certifica un contador puede ser desvirtuado, o se le puede solicitar que demuestra lo certificado, como es de lo más normal en un procesos civiles donde la parte interesada puede exigir al contador que demuestra la veracidad de lo que ha certificado.

En consecuencia, una certificación expedida por un contador debe contar con el respaldo de documentos y soportes que acrediten  lo que el contador está certificando, lo cual es relativamente sencillo cuando se lleva contabilidad, pues si esta se lleva de acuerdo a la ley, debe estar basada en soportes y comprobantes idóneos, pero no sucede lo mismo cuando no hay contabilidad que respalde el certificado del contador.

Respecto a este tema, la sala civil de la Corte suprema de justicia en sentencia SC20950 con radicación 00497 del 12 de diciembre de 2017, y con ponencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, dijo lo siguiente:

«Debe repararse en que a la mencionada constancia no la acompañan los soportes de donde fue extraída la suma de dinero que se dijo correspondía a lo que la víctima percibía de su actividad económica, de modo que dicho escrito no constituye prueba de sus ingresos.

Recientemente esta Corporación, en relación con la actividad de los profesionales de la especialidad mencionada y las certificaciones que aquellos expiden, precisó:

Si bien el profesional de la contaduría ha sido legalmente facultado para «dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión, dictaminar sobre estados financieros, y realizar las demás actividades relacionadas con la ciencia contable en general », esa autorización no puede concebirse ilimitada, sino supeditada a los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Por ello, cuando de certificaciones relacionadas con hechos económicos de personas no comerciantes se trata, así éstas no tengan la obligación legal de llevar contabilidad, tales atestaciones no pueden fundarse en simples afirmaciones de quien las expide; deben contener algún grado de detalle que reflejen fielmente el origen de su contenido, esto es, de los datos, hechos o circunstancias cuya demostración se pretende.

El mencionado experto, como profesional de las ciencias contables, se halla en condiciones de señalar y en caso de ser requerido por una autoridad, en el deber de allegar los soportes que ratifiquen las aseveraciones vertidas en sus certificaciones.

Los riesgos sociales que conlleva el ejercicio de la potestad fedataria otorgada por el Estado al contador público, le imponen el otorgamiento de aquéllas, previa investigación, observación, interrogación y confirmación de los datos plasmados en ellas.»

Así las cosas, la sola firma del contador público no es prueba irrefutable de nada, pues en caso de controversia, el contador debe allegar los soportes, documentos y comprobantes en los que se fundamentó para elaborar el certificado, pues de otra forma no se puede avalar lo que el contador diga sólo porque la ley lo facultó para dar fe pública de algo.

Recordemos que en los procesos judiciales lo que se alega se debe demostrar, tal como lo advierte la sala en la misma sentencia:

«En el caso que se analiza, junto con la certificación expedida por el contador no se allegó ningún documento que demostrara los ingresos del fallecido (…), el cual haya servido de fuente de información a las  afirmaciones del profesional, falencia que no fue subsanada cuando compareció al juzgador a ratificar el documento, porque allí solo aceptó su autoría pero no mencionó siquiera los soportes que empleó en la elaboración de la constancia, la que por tal razón no debió ser tenida en cuenta por el ad quem para calcular el lucro cesante cuyo resarcimiento se reclamó.»

En el caso analizado en la sentencia referida, el contador firmó un certificado de ingresos pero luego no aportó ningún documento que respaldara lo  certificado, por lo tanto no se le reconoció ningún valor probatorio.

Esto es un llamado de atención para los contadores públicos que van firmando donde le digan que firme sin preocuparse siquiera por exigir al menos un extracto bancario.

Es por eso que los bancos ya poco exigen un certificado de ingresos firmado por contador, y cuando lo solicitan, exigen también los extractos bancarios de los últimos meses.

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