ANDI inicia del debate tributario posreforma

Hace poco la ANDI lanzó su libro estrategia para la competitividad II, el cual tiene un capítulo dedicado exclusivamente al campo tributario. Para el lanzamiento se invitaron tres visiones, un director de una firma de inversiones, un director de una firma de impuestos y el vicepresidente jurídico de la ANDI.

Descargar capitulo tributario

Las propuestas concretas son las siguientes:

En Impuesto Sobre la Renta

  • Reducir la tarifa corporativa a niveles competitivos, hasta llegar a 25%.
  • Eliminar la renta presuntiva o, como mínimo, establecerla en 3% nuevamente.
  • Reducir el umbral de desgravamen y de declaración de las personas naturales.
  • Realizar programas de fiscalización de personas naturales orientados a hacer uso de las nuevas herramientas para fiscalización como, por ejemplo, la liquidación provisional.
  • Permitir la deducibilidad completa del GMF.
  • Aclarar las normas generales sobre deducibilidad de los gastos, particularmente el artículo 107 ET.
  • Reglamentar la retención en la fuente con base en la utilidad introducida en la reforma tributaria.
  • Alternativamente a la recomendación anterior, reducir las tarifas de retención en la fuente.
  • Si bien la deducibilidad en renta del IVA pagado en la compra de bienes capital es un avance importante, deberíamos migrar a un esquema de descuento tributario que permita la recuperación completa del impuesto pagado.
  • Seguir avanzando en la suscripción y ratificación de los Convenios para Evitar la Doble Imposición.
  • Introducir un tratamiento preferencial que simplifique las cargas formales y sustanciales para los emprendedores de alto impacto.
  • Es necesario que se ajusten los mecanismos de fomento a la formalización empresarial como el monotributo (que hoy tiene un alcance limitado al comercio al por menor). Este impuesto debería aplicar a todos los profesionales independientes, hasta cierto nivel de ingreso, e incluir las cotizaciones a la seguridad social, el IVA, el impuesto sobre la renta y el ICA. En contrapartida, es preciso fortalecer los planes de fiscalización dirigidos a sectores económicos altamente informales, con sanciones ejemplares a quienes no cumplan con sus obligaciones tributarias.

En impuestos territoriales

  • La expedición de una Ley de Ordenamiento Territorial que regule el alcance de las competencias normativas de las entidades territoriales, en materia tributaria. Sería ideal que fuera el legislador quien tuviera la competencia de determinar el hecho generador, los sujetos, la base gravable y un rango máximo de tarifas para las entidades territoriales.
  • Acelerar la reglamentación de los criterios técnicos necesarios para evitar abusos en el cobro del impuesto de alumbrado, facultad que le fue otorgada al gobierno nacional en la Ley 1819 de 2016.
  • Eliminar las estampillas territoriales y prohibir establecer nuevas. Eliminar el cobro para las vigentes y garantizar la desaparición de este en aquellas que expiraron (y aún se siguen cobrando sin ninguna razón).
  • Derogar los impuestos que no contribuyen significativamente al recaudo. Impuestos como el de avisos y tableros, sobretasa bomberil, impuesto a los teléfonos, estampillas, degüello de ganado, etc.
  • Reglamentar y emitir el formulario único de declaración del ICA y el mecanismo de recaudo nacional.
  • Permitir el descuento de todos los impuestos territoriales en el impuesto sobre la renta.
  • En administración tributaria
  • Establecer plazos máximos para la devolución de impuestos y la generación de intereses moratorios a cargo de la Administración, por el rechazo injustificado de las mismas.
  • Simplificar los requisitos para realizar solicitudes de devolución. Es interesante el caso de Alemania y Corea del Sur, donde la solicitud de devolución del IVA se realiza simplemente marcando una casilla en la página web. No hay necesidad de presentar documentos adicionales.
  • Ampliar el servicio de devolución, por medios electrónicos, a más contribuyentes.
  • Avanzar en el intercambio efectivo y automático de información con fines tributarios.
  • Dar visibilidad de los evasores. Por ejemplo, divulgar un listado, de conocimiento público, de personas o empresas a quienes se les haya demostrado que son evasores y de sus asesores. La DIAN debe ser la encargada de la publicación de este listado (una vez la entidad haya mediado el respectivo proceso administrativo).
  • Acelerar el proceso de implementación de la factura electrónica y, en especial, de la plataforma gratuita para los contribuyentes más pequeños.
  • Dotar a la administración de impuestos de mayores recursos del presupuesto nacional.
  • Adelantar el programa de modernización tecnológica de la DIAN. Sería ideal contar con un sistema que preliquidara las declaraciones de renta de las personas naturales. Es posible con la información exógena que se le reporta a la DIAN.
  • Realizar el proceso de selección de carrera para proveer los cargos vacantes de la DIAN a la mayor brevedad.
  • Fortalecer la Defensoría del Contribuyente y darle mayor autonomía.

En IVA

  • La ampliación del monotributo debería venir acompañada de la eliminación del régimen simplificado de IVA. Esto permitiría controlar, en mayor medida, la evasión de este impuesto y del de renta.
  • Eliminar en IVA la categoría de excluidos y solo incluir algunos pocos bienes en la categoría de exentos (como los que se exportan y algunos esenciales de la canasta familiar).
  • En aras de la coherencia fiscal, la tarifa de IVA de los bienes finales debería ser la misma que la de los insumos. Es importante que en la fijación de las tarifas del IVA se parta de la concepción de cadena productiva.

En otros impuestos y procedimiento tributario

  • Derogar el Impuesto al Carbono para establecer otras medidas costo-eficientes que realmente contribuyan a la reducción de la cantidad de emisiones de CO2. Como, por ejemplo, las tasas ambientales.
  • Implementar un tribunal fiscal independiente de la administración, sumamente especializado, para los procesos de mayor cuantía. Debería previo a la vía judicial y permitir la intervención del contribuyente.
  • Volver a los términos de firmeza que se tenían antes de la Ley 1819 de 2016.
  • Emitir un código procedimental unificado y simplificado para las entidades territoriales, que sea garantista para el contribuyente.
  • Sancionar severamente a los funcionarios que incurran en dilaciones injustificadas de los procesos.

Sin lugar a dudas, este documento constituye una consulta obligada alrededor de las discusiones que se darán en los próximos años, máxime cuando se avecina las elecciones presidenciales.

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3 Opiniones
  1. Jose Villa dice:

    A la ley 1819 de 2016 le dieron el título de reforma tributaria estructural integral, pensada para darle competitividad a Colombia, para garantizar la sostenibilidad fiscal, financiar el posconflicto, alcanzar la meta de ser un país de ingresos altos, para impulsar la inversión y diversificar la economía.

    También dijeron que esta reforma tributaria sería para varios años, que antes de diez años no habría una nueva reforma tributaria.

    No obstante toda esta verborrea mentirosa del gobierno, LO QUE SE VE VENIR Y YA, ES UNA NUEVA REFORMA TRIBUTARIA, porque la rimbombante actual ni resultó ser integral, ni estructural y solo se hizo pensando en las farc y en proveer recursos para la corrupción del gobierno, de la fiscalía, de los MAFIStrados de las altas cortes, del congreso que solo anda es a punta de “mermelada”, etc.

  2. JUAN RUA MARTINEZ dice:

    En Colombia JAMÁS habrá una mejor Reforma Tributaria que controlar la CORRUPCION. Prueben y verán.

  3. oscar dice:

    dejen tanta mermelada y robos y veran que se pueden reducir los impuestos a una tasa mas justa. Ademas la ANDI no discutio y dio via libre a esa dizque reforma???

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