Así quedó la bonificación de actividad judicial para jueces y fiscales a partir del 1º de enero de 2016

Por   15/02/2016

El pasado viernes 12 de febrero el gobierno nacional expidió el Decreto 240 de 2016 mediante el cual reajusta la bonificación semestral de actividad judicial para jueces y fiscales de que tratan los Decretos 3131 y 3382 de 2005.

Los nuevos valores son los siguientes:

Denominación de cargo Valor Bonificación
Juez Penal del Circuito Especializado $   9.804.919
Coordinador de Juzgado Penal del Circuito Especializado $9.804.919
Juez de Dirección o de Inspección $9.804.919
Fiscal ante Juez de Dirección o de Inspección $ 9.804.919
Procuradores Judiciales 1, adscritos a las Procuradurías

Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia para la

Casación e Investigación y Juzgamiento Penal.

$9.804.919
Juez del Circuito $9.019.759
Juez de División, o de Fuerza Naval, o de Comando Aéreo,

o de Policía Metropolitana

$9.019.759
Fiscal ante Juez de División, o de Fuerza Naval, o de

Comando Aéreo, o de Policía Metropolitana

$9.019.759
Juez Municipal $8.749.086
Juez de Brigada, o de Base Aérea, o de Grupo Aéreo, o de

Escuela de Formación, o de Departamento de Policía

$8.749.086
Juez de Instrucción Penal Militar. $8.749.086
Fiscal ante Juez de Brigada, o de Base Aérea, o de Grupo Aéreo

o de Escuela de Formación, o de Departamento de Policía

$8.749.086
Fiscal Delegado ante Juez Penal de Circuito Especializado $7.114.697
Fiscal Delegado ante Juez Municipal y Promiscuo $6.872.735
Fiscal Delegado ante Juez del Circuito $6.605.323

En las mismas condiciones, tendrán derecho a percibir esta bonificación de actividad judicial,  los Procuradores  Judiciales  I  que desempeñen  el  cargo  y  que  actúen de  manera   permanente  como Agentes  del Ministerio  Público ante los servidores que  ocupan  los empleos señalados en este artículo.

De conformidad  con  el  Decreto  3900  de  2008,  la  bonificación  de actividad judicial de que trata el presente Decreto solo constituirá factor para efectos  de determinar el ingreso  base  de  cotización del Sistema General de Pensiones y, de acuerdo con la Ley 797 de 2003,  para  cotización  al  Sistema  General  de Seguridad Social en Salud; en consecuencia, no se tendrá en cuenta para determinar elementos salariales ni prestaciones sociales.

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