Autorización de facturación en el régimen simplificado

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¿Los responsables del régimen simplificado en el impuesto a las ventas deben solicitar la resolución de autorización para facturar si optan voluntariamente por expedir factura?

Por expresa disposición del artículo 616-2 del estatuto tributario y el artículo 1.6.1.4.2 del decreto único reglamentario 1625 de 2016, los responsables del régimen simplificado en el Iva no están obligados a facturar, pero la ley tampoco prohíbe que se expida factura, por cuanto esta no sólo tiene  interés fiscal sino comercial, por cuanto para muchos comerciantes interesa que esta pueda constituir un título valor.

Ahora bien, si desde el punto de vista fiscal los responsables del régimen simplificado no tienen obligación de expedir factura, ¿en caso de hacerlo voluntariamente deben solicitar la autorización a la Dian para hacerlo?

Veamos lo que dice el parágrafo primero del artículo 1.6.1.4.2 del decreto reglamentario 1625 de 2016:

«Las personas no obligadas a expedir factura o documento equivalente, si optan por expedirlos, deberán hacerlo cumpliendo los requisitos señalados para cada documento, según el caso.»

Esta norma está diciendo que si usted no está obligado a facturar pero aun así decide hacerlo, entonces debe cumplir con todos los requisitos de la factura, en los que se entiende estaría incorporada la resolución de autorización para facturar.

La Dian en concepto 11545 del 9 de mayo de 2017 manifiesta que los responsables del régimen simplificado que optar por facturar, deben solicitar la resolución de autorización.

¿Puede ser sancionada una persona por no cumplir con una obligación que la ley no le ha impuesto?

Supongamos que el responsable del régimen simplificado no está obligado a facturar y decide hacerlo voluntariamente pero sin cumplir con todos los requisitos. ¿Puede ser sancionado?

Ahora, ¿Una persona puede ser sancionada por no hacer algo que la ley ha dicho que no debe hacer?

Se supone que las sanciones relacionadas con la facturación sólo proceden cuando existe la obligación de facturar, de modo que lo primero que habría que revisar es si esa persona es sujeta de la obligación que se acusa incumplida, pero si no lo es, esa sanción carecería de fuente legal.

La obligación de solicitar resolución de autorización para facturar en el caso de los responsables del régimen simplificado, no está dada por la ley sino por vía de resoluciones administrativas proferidas por la Dian, y eso que no de forma expresa, pues las resolución 055 de 2016 no dice que los responsables del régimen simplificado que opten por expedir factura deban solicitar autorización, sino que esos casos no los contempla dentro de las excepciones, por lo que la Dan terminó interpretando (concepto 11545 ) que al no estar incluida dentro de las excepciones entonces se debe solicitar autorización.

Facturación electrónica

En el caso de la factura electrónica que ya empieza a imponerse, sí existe una obligación expresa para los no obligados a facturar pero que opten por hacerlo mediante facturación electrónica como fue la resolución 019 de 2016 que interpreta el decreto 2242 de 2015.

El punto es que la obligación de solicitar autorización es por vía administrativa y no legal, por tanto la sanción en caso de incumplimiento podría venir por vía del artículo 684-2 del estatuto tributario que en su inciso primero faculta a la Dian para expedir las resoluciones que considere pertinentes:

«La Dirección General de Impuestos Nacionales podrá prescribir que determinados contribuyentes o sectores, previa consideración de su capacidad económica, adopten sistemas técnicos razonables para el control de su actividad productora de renta, o implantar directamente los mismos, los cuales servirán de base para la determinación de sus obligaciones tributarias.»

La ley contempla que la Dian pueda expedir las resoluciones que ha expedido exigiendo la  autorización para facturar a responsables del régimen simplificado que opten por facturar, y si el contribuyente no cumple, aplicaría lo que dice el inciso dos del mismo artículo:

«La no adopción de dichos controles luego de tres (3) meses de haber sido dispuestos por la Dirección General de Impuestos Nacionales o su violación dará lugar a la sanción de clausura del establecimiento en los términos del artículo 657.»

Es decir que la Dian si podría sancionar al contribuyente que no estando obligado a facturar lo haga sin la resolución de autorización, y esa sería la sanción contemplada en el artículo 657 y no la del artículo 652 por cuanto este último aplica para los facturas que no cumplen con los requisitos del artículo 617 del estatuto tributario, y este artículo no contempla como requisito la resolución de autorización para facturar.

Ahora surge otro problema por cuanto el artículo 657 del estatuto tributario no contempla una sanción que se corresponda con las que se pueden imponer en el artículo 684-2 del estatuto tributario, por lo que las sanciones derivadas el incumplimiento del 684-2 quedaron huérfanas en el 657 modificado por la ley 1819 de 2016, ya que este solo contempla 4 supuestos y en ninguno de ellos encaja el tema que nos ocupa.

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