Cambios en la sanción por no expedir certificados de retención en la fuente

El artículo 667 del estatuto tributario que trata sobre la sanción por no expedir certificados por las retenciones en la fuente practicadas, fue modificado por la ley 1819 de 2016.

El cambio radicó en disminuir el beneficio de reducción de la sanción por subsanar la omisión, de manera que la reducción pasa del 90% al 70%.

Así quedó el artículo 667 del estatuto tributario modificado por el artículo 292 de la ley 1819 de 2016:

SANCIÓN POR NO EXPEDIR CERTIFICADOS. Los agentes retenedores que, dentro del plazo establecido por el Gobierno Nacional, no cumplan con la obligación de expedir los certificados de retención en la fuente, incluido el certificado de ingresos y retenciones, incurrirán en una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de los pagos o abonos correspondientes a los certificados no expedidos. La misma sanción será aplicable a las entidades que no expidan el certificado de la parte no gravable de los rendimientos financieros pagados a los ahorradores.

Cuando la sanción a que se refiere el presente artículo se imponga mediante resolución independiente, previamente, se dará traslado de cargos a la persona o entidad sancionada, quien tendrá un término de un (1) mes para responder.

La sanción a que se refiere este artículo se reducirá al treinta por ciento (30%) de la suma inicialmente propuesta, si la omisión es subsanada antes de que se notifique la resolución sanción; o al setenta por ciento (70%) de tal suma, si la omisión es subsanada dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción. Para tal efecto, en uno y otro caso, se deberá presentar, ante la oficina que está conociendo de la investigación, un memorial de aceptación de la sanción reducida, en el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de pago de la misma.

La tarifa y la base de la sanción siguen iguales, excepto que la tarifa es del 5% y ya no hasta el 5%,  lo que acaba con a subjetividad de la Dian a la hora de fijar el monto de la sanción.  Lo que cambia es el monto de la reducción por subsanar la omisión, pues en el primer caso ya no se reduce al 10% sino al 30%, y en el segundo caso ya no se reduce al 20% sino al 70% de la sanción.

Con la norma anterior la reducción era hasta el 10% del monto de la sanción original, si se subsana la omisión antes de que se notifique la resolución de la sanción, pero con la nueva ley la reducción es hasta el 30% del monto de la sanción, es decir, un descuento del 70%.

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Una opinión
  1. Andrés dice:

    Éste aspecto siempre me ha causado inquietud de “cómo” funciona o “cómo” se aplica. Sucede que una empresa o entidad que debe emitir y enviar el certificado, inclusive luego de que se solicita, queda a criterio de la empresa o entidad hacerlo o no. En algunos casos no lo hacen. Entonces ¿ahí que se hace? ¿ante quien se “denuncia” el incumplimiento articulo? … pienso que en unos pocos casos se atreverá a demandar a un cliente (empresa o entidad) cuando la suma de las retenciones es muy considerable, pero cuando los valores son pequeños o es un solo valor a certificar y MUY pequeño. La empresa a quien se le hizo la retención tiene todas las de perder, y lo peor es que éste artículo no le sirve de nada, salvo “amenazar” o advertir, si es que corre ese riesgo. Pero aún así y si existiera un procedimiento para hacer, NO SE HARÍA. Conclusión: no veo como aplicar éste artículo, prácticamente por desinterés o no meterse en una gestión burocrática por algunos pocos billetes de mil.

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