Contrato realidad – En los contratos administrativos la carga de la prueba la tiene el contratista, y en los contratos entre particulares el contratante

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De conformidad con lo establecido por el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo.

Antes de seguir adelante hagamos la siguiente precisión: cuando la ley habla de relación de trabajo debemos entender por tal el vínculo jurídico que surge entre el empleador y el trabajador como consecuencia de la prestación efectiva de servicios del primero al segundo; y cuando habla de contrato de trabajo se está refiriendo al acuerdo de voluntades, pacto, convenio, acto jurídico, negocio jurídico, etc., que celebran el empleador y el trabajador para la prestación personal de dichos servicios por parte de éste.

Así las cosas, puede haber al mismo tiempo relación de trabajo y contrato de trabajo; también puede haber relación de trabajo sin que haya contrato de trabajo, y puede haber contrato de trabajo sin que exista relación de trabajo.

El primer caso se presenta con los trabajadores particulares y los trabajadores oficiales en actividad, pues unos y otros se vinculan a su empleador mediante contrato de trabajo, ya sea celebrado en forma escrita o verbal, y cualquiera que sea su duración. O sea, que en esos casos hay contrato de trabajo porque las partes celebraron un acuerdo para la prestación personal del servicio; y existe relación de trabajo porque la prestación efectiva del servicio genera entre el empleador y el trabajador un nexo jurídico.

El segundo caso se hace visible en los empleados públicos en actividad. Existe relación de trabajo toda vez que están trabajando, pero no hay contrato de trabajo por cuando estos servidores públicos no se vinculan a la administración pública mediante contrato de trabajo sino en virtud del nombramiento, la posesión, etc. (Relación legal y reglamentaria).

La tercera situación se presenta con los trabajadores del sector privado y los trabajadores oficiales que han celebrado el contrato de trabajo pero aún no han empezado a ejecutarlo, es decir, aún no han empezado a trabajar. Existe el convenio pero todavía no hay relación de trabajo.

En resumen, la relación de trabajo es un vínculo jurídico entre empleador y trabajador. Existe cuando una persona proporciona su trabajo o presta sus servicios bajo ciertas condiciones, a cambio de una remuneración. (OIT). El Contrato de Trabajo es un acuerdo de voluntades en virtud del cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. (CS del T)

Asentado lo anterior, podemos decir que cuando se trata de demostrarle al juez que en la ejecución de un contrato de prestación de servicios lo que se dio realmente fue una auténtica relación subordinada, y por tanto de carácter laboral, la carga de la prueba la tendrá el empleador o el trabajador, según se trate de una relación jurídica entre particulares o entre un particular y el Estado.

Si el supuesto empleador es una persona natural o jurídica del sector privado, opera el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, según el cual se presume que dicha prestación personal de servicios estuvo regida por un contrato de trabajo. Es decir, la ley presume que en toda prestación personal de servicios entre particulares existe relación laboral (aquí la ley habla equivocadamente de contrato de trabajo), pero por tratarse de una presunción de carácter legal, ésta puede ser  desvirtuada, carga que le corresponde al contratante. Eso significa que el contratante que quiera librarse de las obligaciones que se desprenderían en caso de que el juez considerara que se trató de una relación laboral, deberá probar que en dicha relación no hubo subordinación ni dependencia y que por lo mismo el contratista actuó con absoluta autonomía técnica y administrativa. En ese evento al trabajador le corresponde probar la prestación del servicio y el salario.

Cosa distinta ocurre cuando el contratante (supuesto empleador)  es una entidad estatal y el contratista es una persona natural. En este evento ya no aplica la presunción legal del Artículo 24 del C.S. del T., pues como es sabido dicho estatuto en su parte individual solo arropa las relaciones laborales de los trabajadores  particulares.  Es más, en este caso el demandante tiene por delante un obstáculo bastante consistente: el artículo 32 de la ley 80 de 1993, que trata sobre el contrato administrativo de prestación de servicios, el cual en su parte final señala que “En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales (…).

Así las cosas, es al demandante a quien le corresponde demostrar que la relación que se dio entre las partes es de naturaleza laboral, para lo cual, es necesario que pruebe los elementos esenciales de la misma, esto es:

  1. Que su actividad en la entidad fue personal;
  2. Que por dicha labor recibió una remuneración o pago y,
  3. Que en la relación con el empleador existió subordinación o dependencia.

Una vez probados los elementos de la relación laboral, podrá el demandante esperar fundadamente que en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, el juez declare la  existencia de una verdadera relación laboral que desnaturaliza o desvirtúa el contrato de prestación de servicios como contrato estatal regido por Ley 80 de 1993.

Así lo precisó el Consejo de Estado (Sala de lo Contencioso Administrativo –Sección Segunda) en su Sentencia del 4 de febrero de 2016, C.P. Dra. Sandra Patricia Lisset Ibarra Vélez:

Nótese como la norma trascrita (artículo 24 del C.S., del T)  crea una presunción legal que permite considerar como laboral toda relación personal de trabajo, de modo que, en las relaciones particulares o de derecho laboral ordinario, el trabajador lleva una ventaja inicial, trasladándose la carga de la prueba al contratante quien frente a una demanda laboral tendrá la carga de desvirtuar la presunción legal existente en favor del trabajador, presunción no consagrada en los contratos de prestación de servicios regulados por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, quedando en cabeza del contratista el deber de probar los elementos esenciales y configurativos de la relación laboral cuando se exija judicialmente la aplicación de la primacía de la realidad sobre las formalidades.”

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