Categorización de personas naturales para efecto de retención; la DIAN sigue sumando elementos de confusión

Es de recordar, que tratándose de retención en la fuente de personas naturales (y especialmente de trabajadores independientes) es debido acudir a los señalamiento indicados en el decreto 1070 de 2013.  Pero, y en virtud de la doctrina oficial, pareciese que lo claramente ordenado por el reglamento debiera ceder ante los parámetros de categorización del decreto 3032 de 2013, algunas veces, o ante el particular concluir de cada agente retenedor, en otras ocasiones.

Sea del caso, entonces, anotar que de conformidad con el artículo 1 del decreto 1070 de 2013 “las personas naturales residentes en el país deberán reportar anualmente a sus pagadores o agentes de retención la información necesaria para determinar la categoría tributaria a que pertenecen de acuerdo con lo previsto en el artículo 329 del Estatuto Tributario, a más tardar el treinta y uno (31) de marzo del respectivo periodo gravable. La persona deberá manifestar expresamente:

  1. Si sus ingresos en el año gravable inmediatamente anterior provienen o no de la prestación de servicios de manera personal o del desarrollo de una actividad económica por cuenta y riesgo del empleador o contratante, en una proporción igual o superior a un ochenta por ciento (80%) del total de los ingresos percibidos por el contribuyente en dicho periodo fiscal.
  2. Si sus ingresos en el año gravable inmediatamente anterior provienen o no de la prestación de servicios personales mediante el ejercicio de profesiones liberales o de la prestación de servicios técnicos que no requieran la utilización de materiales o insumas especializados, o de maquinaria o equipo especializado, en una proporción igual o superior a un ochenta por ciento (80%) del total de los ingresos percibidos por el contribuyente en dicho periodo fiscal.
  1. Si está obligada a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior.
  2. Si sus ingresos totales en el año gravable inmediatamente anterior superaron cuatro mil setenta y tres (4.073) UVT.  Tope modificado a 1.400 UVTs según concepto N° 19738 de marzo 25 de 2014 (Doctrina ratificada según concepto 055829 de septiembre 23 de 2014).
  3. Que en el año gravable inmediatamente anterior no desarrolló una de las actividades señaladas en el artículo 340 del Estatuto Tributario o que si la desarrolló no le generó más del veinte por ciento (20%) de sus ingresos brutos.
  4.  Que durante el año gravable inmediatamente anterior no prestó servicios técnicos que requirieran de materiales o insumos especializados, o maquinaria o equipo especializado, cuyo costo represente más del veinticinco por ciento (25%) del total de los ingresos percibidos por concepto de tales servicios técnicos.

La categoría tributaria determinada con base en la información entregada surtirá efecto a partir del primer pago o abono en cuenta posterior a la fecha de entrega. Cuando se dé inicio a una relación laboral, o legal y reglamentaria, y/o de prestación de servicios después del 31 de marzo, la información de que trata este artículo deberá ser suministrada antes de que se efectúe el primer pago o abono en cuenta”.  (Resaltado por fuera del texto)

De la aludida disposición, sería de inferir que el agente retenedor a partir de lo expresamente manifestado, por el beneficiario del pago o abono en cuenta, deberá concluir la categoría del sujeto implicado, para posteriormente decidir la base gravable y tarifa aplicable; no entender la intención del reglamento en tal sentido, implicaría al agente de retención i) categorizar a la persona natural conforme a las reglas de los artículos 1, 2, 3 y 5 de decreto 3032 de 2013 (con el trabajo operativo y responsabilidad que ello conllevaría), o ii) solicitar al beneficiario del pago, o abono en cuenta, que él mismo certifique la categoría a la cual pertenece.

No sobra reiterar, que ante las enunciadas posibilidades (diferentes a la manifestación expresa del decreto 1070 de 2013) dicho reglamento perdería total sentido, por cuanto su pretensión de ayudar al agente retenedor en la tarea determinar la categoría de la persona natural, cedería dando paso al decreto 3032 de 2013 o permitiendo que ese sujeto comunique la categoría a la cual pertenece (pudiendo ello ser libremente manipulable por el beneficiario del pago).

Ahora, y contrario a lo anterior, no ha de olvidarse que el artículo 1 del decreto 1070 de 2013, si bien fue adicionado por el artículo 6 del decreto 3032 de 2013, no ha sido derogado por norma alguna, lo que presupone su vigencia y la obligatoriedad de su acatamiento.

En armonía con lo precedente, conviene traer a colación reciente pronunciamiento de la Administración Tributaria en el cual, y después de transcribir el artículo 1 del decreto 1070 de 2013, concluye que “De lo expuesto deviene que es una obligación reglamentaria reportar a los pagadores o agentes de retención, la información necesaria para determinar la categoría tributaria a la que pertenecen las personas naturales de acuerdo con los previsto en el artículo 329 del Estatuto Tributario; cuyo plazo vence el treinta y uno (31) de marzo del respectivo período gravable.

La persona deberá manifestar expresamente cada uno de los temas dispuestos en los numerales un (1) al seis (6) del artículo primero de la norma transcrita”.  Concepto 23104 de agosto de 2015

Nótese, como el Ente Oficial refuerza la importancia de lo contemplado en el decreto reglamentario, para orientar al agente retenedor en la determinación de la categoría tributaria de la persona natural beneficiaria del pago, o abono en cuenta, y reitera la obligación de dicho sujeto de manifestarse expresamente en relación con los tópicos solicitados ese artículo 1 del decreto 1070 de 2013.

Pero en contravía con el descrito concluir, la DIAN, manifiesta – en ese mismo concepto 23104 – que “Finalmente, cuando la entidad pagadora que actúa como agente de retención en la fuente considere necesario pedir informaciones para el debido cumplimiento de sus funciones, podrá hacerlo en desarrollo de sus facultades”.

El aceptar el anterior inferir de la Autoridad Tributaria, sería reconocer la insuficiencia de los requerimientos del citado artículo 1 del decreto 1070 de 2013, para el cumplimiento de su propósito de determinar la categoría de la persona natural beneficiaria del pago o abono en cuenta (lo cual en la práctica bien pudiese ser así); pero así las cosas, competería al Gobierno Nacional  la modificación del aludido reglamento, y no a la DIAN el atribuirse facultades de reglamentación.

En síntesis, se concluye que para determinar la categoría de una persona natural, para efecto de retención en la fuente, se debe recurrir a lo señalado en el artículo 1 del decreto 1070 de 2013; y de no ser suficiente es referente para el descrito propósito, ha de mediar un nuevo reglamento venido del Gobierno Nacional, y de modo alguno ha de esperarse que sea la doctrina oficial la llamada a complementar o modificar el reglamento vigente.

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