¿Cómo se declara el valor de una sentencia judicial ejecutoriada que no ha sido pagada?

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Al ganar un proceso judicial en el que una sentencia ya ejecutoriada reconoce el pago de una determinada suma de dinero, se configura un derecho a favor del demandante, y como hay dinero de por medio, es preciso declarar ese derecho.

Cuando el valor contenido en la sentencia se ha pagado, tenemos un ingreso y un activo (caja, bancos, etc.), pero si al finalizar el año el pago no se ha realizado, ¿en la declaración tributaria  se debe reconocer ese derecho a 31 de diciembre?

Eso depende de si el contribuyente está obligado a llevar contabilidad o no.

Si el contribuyente está obligado a llevar contabilidad, se declara tanto el ingreso como el activo correspondiente (un derecho), pero si el contribuyente no está obligado a llevar contabilidad, no se declara nada en virtud de lo dispuesto en el artículo 27 del estatuto tributario.

Así lo recuerda la Dian en concepto 2024 del 29 de diciembre de 2017, del que extraemos el siguiente aparte:

«Por consiguiente, para que un ingreso se considere estivamente realizado para una persona no obligada a llevar contabilidad, el mismo deberá haberse recibido efectivamente en dinero o en especie y así mismo ser susceptible de producir un incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción.

Ahora bien, en tercer lugar, entrando en el concepto de patrimonio bruto, conforme a los (sic) expresado en el artículo 261 del ET., el mismo “está constituido por el total de los bienes y derechos apreciables en dinero poseídos por el contribuyente en el último día del año o período gravable”.

En cuanto a lo que debe entenderse por “derechos apreciables en dinero”, el artículo 262 de la misma normatividad, los determina como aquellos derechos reales y personales, en cuanto sean susceptibles de ser utilizados en cualquier forma para la obtención de una renta.

Para finalizar, por posesión se entiende en los términos del artículo 263 de la misma norma: “… el aprovechamiento económico, potencial o real, de cualquier bien en beneficio del contribuyente”.

En consecuencia, no hace parte del patrimonio bruto el valor de una sentencia judicial ejecutoriada que aún no ha sido pagada por el deudor a una persona que no está obligada a llevar contabilidad, debido a que las decisiones judiciales que reconocen derechos económicos si bien configuran títulos ejecutivos, cuando sus beneficiarios son personas no obligadas a llevar contabilidad, sólo constituirán un ingreso en el momento en que sean recibidas efectivamente en dinero o en especie, y sólo hasta tanto serán poseídas como bienes o derechos apreciables en dinero, y por ende, harán parte del patrimonio bruto.»

Obsérvese que no se declara ni el ingreso ni derecho incorporado en la sentencia judicial, lo cual luce como una  contradicción, pues el derecho  a cobrar ese pago es real y debería ser reconocido, pero si no se reconoce el ingreso por no haberse recibido el pago, tampoco se reconoce fiscalmente la existencia del derecho en el patrimonio según se interpreta de lo expuesto por la Dian.

Si se reconociera ese derecho en el patrimonio y no el ingreso, es decir, declarar en el patrimonio el valor de la sentencia y no el ingreso, se presentaría una diferencia patrimonial, por cuanto en la declaración se reflejaría un patrimonio incrementado que no tendría correspondería con los ingresos declarados, lo cual por supuesto puede ser justificado, pero lo mejor es no hacer nada que luego toque explicar y justificar a la Dian, por lo tanto lo mejor es no declarar nada como lo interpreta la Dian.

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