Consejo de Estado niega suspensión provisional de algunos artículos del decreto 2150 de 2017

Por 18 marzo, 2019

Ya teníamos conocimiento de que el doctor Juan Carlos Jaramillo Díaz y la Confederación Colombiana de Organizaciones no Gubernamentales habían interpuesto acción de nulidad respecto de algunos apartes del decreto 2150 de 2017, por considerar que excedían las facultades reglamentarias.

A su juicio, requisitos como adicionar la declaración de renta, o adjuntar los certificados de antecedentes judiciales, exceden lo dispuesto por la ley 1819 de 2016, y eventualmente viola la ley anti tramites.

A su turno, consideraron que el hecho de incluir los dividendos como ingresos en el proceso de depuración del beneficio neto o excedente hacia que la calidad de no constitutivos de renta se perdiera y por ende llegasen a gravar dichos dividendos con el impuesto de renta y complementarios, situación que no compartió el consejo de Estado en Auto 23926 del pasado 08 de marzo de 2019 con ponencia de la Doctora Stella Jeannette Carvajal Basto.

En dicho auto se lee:

«Al efecto, se observa que lo dispuesto en el numeral 9 del Artículo 1.2.1.5.1.3., regula los requisitos en el proceso de permanencia y actualización en el régimen tributario especial, aspecto que concuerda con lo previsto en el artículo 356-3 del Estatuto Tributario, que requiere para la actualización del RUT en el mencionado régimen, la certificación firmada por el representante legal y el revisor fiscal de la entidad, junto con la declaración de renta, por lo que no se advierte la vulneración alegada.

En relación con el numeral 5.1. del Artículo 1.2.1.5.1.8., el Despacho no observa que se presente la incompatibilidad señalada por el demandante, toda vez que lo certificado por el representante legal de la contribuyente, relativo a que las personas señaladas en la norma no han sido declaradas responsables penalmente por delitos contra la administración pública, el orden económico social y contra el patrimonio económico, puede ser consultado en línea por la entidad pública, al tenor de lo dispuesto en el artículo 94 del Decreto 19 de 2012, en caso de requerirse su acreditación.

Respecto al inciso segundo del artículo 1.2.1.5.1.10., al inciso cuarto del artículo 1.2.1.5.1.11., y al inciso tercero del artículo 1.2.1.5.1.12., que disponen que el recurso de reposición procede contra los actos administrativos que decidan sobre la solicitud de calificación, exclusión y nieguen la solicitud de permanencia en el Régimen Tributario Especial, no se advierte que surja la vulneración alegada por la parte actora, ya que los artículos 356-2 y 364-3 del Estatuto Tributario, consagran la procedencia del citado recurso contra estas decisiones.

Igualmente, no se encuentra que el artículo 1.2.1.5.1.33. que dispone que contra la decisión que resuelve la solicitud de ampliación de términos para la ejecución de las asignaciones permanentes proceden los recursos de reposición y apelación en los términos del CPACA, vulnere los artículos 67 de la Ley 6 de 1992 y 720 del Estatuto Tributario, ya que se trata de un procedimiento especial y no uno de los eventos previstos en las normas invocadas como violadas.

En relación con los incisos tercero y quinto del artículo 1.2.1.5.1.20., no se advierte que desconozcan el artículo 125-2 del Estatuto Tributario, ya que si bien el mencionado inciso tercero no precisa si las donaciones no condicionadas registradas como ingreso constituyen renta exenta, ello no implica que se pretenda modificar o desconocer la norma superior que sí lo establece.

Asimismo, no se observa que el inciso quinto desconozca el artículo 125-2 del Estatuto Tributario, pues en el inciso cuarto del artículo 1.2.1.5.1.20. se indica que la donación condicionada debe registrarse en el patrimonio fiscal para ser usada, cuestión distinta es que cuando esta se vaya cumpliendo, o se cumpla en su totalidad, deba registrarse como ingreso.

Tampoco se vislumbra que el parágrafo del artículo 1.2.1.5.1.20. vulnere el artículo 48 del Estatuto Tributario, en tanto que para determinar si los dividendos y participaciones que reciban los contribuyentes del régimen especial tributario pierden su calidad de no gravados, es necesario efectuar un examen que va más allá de la confrontación de normas que corresponde realizar en la presente instancia.

De otra parte, de la confrontación entre el parágrafo 4 del Artículo 1.2.1.5.1.24. y el numeral 2.6. del Artículo 1.2.1.5.1.36, que establecen la procedencia de detraer del beneficio neto o excedente egresos improcedentes y la tarifa aplicable, respectivamente, y el artículo 358 del Estatuto Tributario, no surge la violación predicada por la parte actora, pues la solicitud de suspensión en este aspecto se concreta en que las disposiciones demandadas se fundan en un aparte suprimido del citado artículo 358, lo cual corresponde a un análisis que, como antes se dijo, no pertenece a esta etapa procesal.

Por último, el Despacho no advierte que el parágrafo 1 del Artículo 1.2.1.5.1.27. haya incurrido en desconocimiento del artículo 360 del Estatuto Tributario, ya que debe tenerse en cuenta que el artículo 358 del mismo ordenamiento prevé que la ejecución del beneficio neto o excedente debe realizarse en el periodo gravable siguiente al cual se obtuvo, y en caso de que se requiera un plazo adicional para tal efecto, no podrá ser superior a cinco (5) años, salvo que exista autorización de la Administración Tributaria, por lo tanto, contrario a lo expuesto por la parte demandante, la norma reglamentaria contiene el mismo plazo previsto en la ley.

En este orden de ideas, al no surgir en esta etapa la violación alegada por la parte demandante, la medida cautelar solicitada se denegará.» 

Así las cosas, si bien no prosperó la solicitud de medida cautelar, queda confiar en el raciocinio de los magistrados en sala, para que den claridad en un fallo definitivo. respecto de uno de los temas más álgidos en el derecho tributario actual.

Conozca sus obligaciones tributarias y las consecuencias por no cumplirlas con nuestro Procedimiento tributario.

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