Consejo de Estado suspende provisionalmente norma que establece que el autoavalúo formado como costo fiscal debe figurar en la declaración de renta

El artículo 72 del estatuto tributario determina una forma especial de determinar el costo fiscal de los viene inmuebles al señalar:

Artículo. 72. Avaluó como costo fiscal. El avalúo declarado para los fines del Impuesto Predial Unificado, en desarrollo de lo dispuesto por los artículos 13 y 14 de la ley 44 de 1990 y 155 del Decreto 1421 de 1993, y los avalúos formados o actualizados por las autoridades catastrales, en los términos del artículo 5o. de la Ley 14 de 1983, podrán ser tomados como costo fiscal para la determinación de la renta o ganancia ocasional que se produzca en la enajenación de inmuebles que constituyan activos fijos para el contribuyente. Para estos fines, el autoavalúo o avalúo aceptable como costo fiscal, será el que figure en la declaración del Impuesto Predial Unificado y/o declaración de renta, según el caso, correspondiente al año anterior al de la enajenación. Para este propósito no se tendrán en cuenta las correcciones o adiciones a las declaraciones tributarias ni los avalúos no formados a los cuales se refiere el artículo 7o. de la Ley 14 de 1983.” (Subrayado propio)

Observemos como la norma es precisa al determinar que tanto el autoavalúo como el avalúo son aceptables como costo fiscal siempre que figure en la declaración de predial unificado y/o en la declaración de renta.

Ahora bien, dicha norma fue reglamentada mediante decreto 326 de 1995 que en su artículo 7 señala:

ARTÍCULO 7. REQUISITOS PARA ACEPTAR EL AVALÚO COMO COSTO. Para que los autoavalúos o avalúos mencionados en el artículo precedente puedan ser utilizados como costo fiscal en la enajenación de inmuebles, se requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos:

  1. Que el inmueble enajenado constituya activo fijo para el contribuyente, de acuerdo con el artículo 60 del Estatuto Tributario.
  2. Declarado nulo por el Consejo de Estado
  3. Si se trata de avalúo formado, el valor que se utilice como costo fiscal debe ser el mismo denunciado en la declaración del Impuesto de Renta y Complementarios correspondiente al año gravable anterior al de la enajenación.
  4. Para los fines previstos en los numerales 2 y 3 que anteceden, no se tendrán en cuenta las modificaciones a los avalúos o autoavalúos consignadas en las correcciones, adiciones o modificaciones a las declaraciones de renta y del impuesto predial unificado correspondientes al año anterior al de la enajenación.
  5. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios sujetos al régimen de ajustes integrales por inflación, deben incrementar el costo a que se refiere el presente artículo con los ajustes realizados sobre el correspondiente avalúo o autoavalúo, declarando como contrapartida un ingreso en la cuenta de corrección monetaria fiscal.

PARÁGRAFO 1. Los requisitos previstos en los numerales 2 y 3 del presente artículo no serán exigidos a los contribuyentes que demuestren no estar obligados a presentar las correspondientes declaraciones de renta o del impuesto predial unificado.

PARÁGRAFO 2. La opción a que se refiere este artículo es sin perjuicio de la facultad que tienen los contribuyentes para determinar el costo fiscal de los activos fijos con base en lo dispuesto en los artículos 69, 70 y 73 del Estatuto Tributario”. (Subrayado propio).

Si miramos detenidamente el numeral tercero señala la obligatoriedad de que para que proceda el autoavalúo formado como costo fiscal el mismo debe estar denunciado en la declaración de renta y complementarios del año anterior al de la enajenación.

No obstante, cuando leímos el articulo 72 ET señalaba que para que proceda como costo fiscal debe figurar en la declaración del impuesto predial unificado “y/o” en la declaración de renta y complementarios. Es decir, el articulo 72 ET da la posibilidad de que en alguna de las dos declaraciones este denunciado para poder tomarlo como costo fiscal mientras que el numeral 3 del artículo 7 del decreto en cuestión obliga a que se encuentre denunciado en la declaración de renta y complementarios sin consideración de que este o no denunciado en la declaración del impuesto predial unificado.

Pues bien, al respecto el Consejo de Estado se pronunció mediante auto 20677 del pasado 16 de febrero de 2015 mediante decretó la suspensión provisional del numeral 3 del artículo 7 del decreto 326 de 1995 en los siguientes términos:

“Es así como debe entenderse entonces, que los contribuyentes pueden llevar como costo fiscal el autoavalúo o el avalúo formado o actualizado que figuren i) en la declaración del impuesto de renta, ii) en la declaración del impuesto predial, iii) o en ambos denuncios tributarios.

3.5. Sin embargo, se advierte que el numeral 3º del artículo 7º del Decreto 326 de 1995, al reglamentar la norma analizada, estableció que para que el avalúo formado sea utilizado como costo fiscal debe corresponder al denunciado en la declaración de renta.

Esa regulación es contraría a lo dispuesto en la Ley 174 de 1994, puesto que excluye una de las alternativas que fue contemplada en la ley, consistente en que pueda llevarse como costo fiscal el valor del avalúo formado declarado en el impuesto predial.

Recuérdese que de conformidad con la Ley 44 de 1990 en la declaración del impuesto predial unificado puede tomarse como base gravable el autoavalúo, o el valor económico fijado por la autoridad catastral –avalúo catastral-. Y, en todo caso, la liquidación del impuesto no puede realizarse por un valor menor al establecido en el avalúo catastral.

De esta forma, no puede restringírsele a los contribuyentes la posibilidad legal de que utilicen como costo fiscal el autoavalúo o avalúo castatral (sic) declarado en el impuesto predial.

3.6. En ese sentido, la norma demandada más que señalar los requisitos que hacen aplicable el artículo 4º de la Ley 174 de 1994, en materia de costo fiscal, lo que establece es una restricción para determinar ese concepto, que la ley objeto de reglamentación no previó.

3.7. Con ello, el numeral demandado desconoció la sujeción que debe tener a la ley, pues, de una parte, las normas de rango inferior no pueden contrariar a las de superior jerarquía, y de otra parte, no existe ninguna razón que justifique restringir a los contribuyentes de la posibilidad prevista en el artículo 4 de la Ley 174 de 1994.”

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