Contratar a una empleada del servicio doméstico que esté afiliada al Sisben implica que el empleador deba pagar licencias e incapacidades

Quienes contratan empleadas del servicio doméstico suelen omitir la afiliación a una EPS y prefieren que estén afiliadas al SISBEN, e igual sucede con las empleadas del servicio doméstico, que prefieren quedarse en el SISBEN argumentando y creyendo que si aceptan la afiliación a una EPS pierden el cupo en el SISBEN (lo que no es cierto), algo que consideran no se justifica pues consideran el trabajo como algo temporal.

Aunque las dos partes estén de acuerdo en que la empleada se mantenga en el SISBEN, el riesgo lo corre el empleador, puesto que en caso de enfermedad o cualquier otra contingencia que le ocurra a la empleada, este tendrá que responder por los beneficios que la EPS cubre y el SISBEN no.

Entre los beneficio que se tienen en el régimen contributivo y que no se tienen en el régimen subsidiado, tenemos las licencias de maternidad y las incapacidades laborales.

Quiere decir esto que si la empleada del servicio doméstico se enferma y el médico le otorga una incapacidad, el empleador tendrá que pagar esa incapacidad. Igual sucede si la empleada del servicio doméstico queda embarazada, caso en el cual el empleador debe pagar la licencia de maternidad.

Y si a ellos se suma que la empleada tampoco se afilia a una ARL o a un fondo de pensión, pues el riesgo para el empleador se incrementa, puesto que tendrá que asumir con su patrimonio cualquier accidente laboral y de ser el caso, una probable pensión de invalidez.

Como podemos observar, no se justifica exponerse a tal riesgo por ahorrar unos pesos. Puesto así el panorama, o se paga completo o mejor no se tiene empleada.

La empleada no tiene mayor problema en aceptar esas condiciones, pues en caso de sucederle algo tiene la posibilidad de demandar a su empleador, en tanto que el empleador no tiene otra alternativa que pagar lo que un juez decida.

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4 Opiniones
  1. Andrés dice:

    Muy buen articulo, preciso, conciso y con la suficiente ilustración.

  2. Alonso Riobó Rubio dice:

    Se tiende a creer que la omisión de afiliación del trabajador a la seguridad social sólo trae consecuencias perjudiciales para el empleador pues ante cualquier contingencia que sufra el trabajador el empleador tendrá que responder de la misma manera como lo haría el Sistema General de Seguridad Social.

    Yo considero que en la mayoría de las veces el más perjudicado con esa omisión es el trabajador, entre otras, por las siguientes razones:

    1. El número de casos que llega a conocimiento de los jueces es absolutamente inferior al que registra la realidad, lo cual significa que la inmensa mayoría de las omisiones se quedan en la impunidad.

    2. Buena parte de los casos que resuelve la justicia se queda con sentencia para enmarcar porque los empleadores condenados son o se hacen los insolventes.

    3. De los casos que llegan a los jueces, muchos se resuelven por conciliación, operación en la cual el trabajador generalmente termina “regalando” sus derechos. Como abogado he asistido a trabajadores que acceden -contra mi voluntad- a conciliar por “chichiguas” debido a su precaria situación económica.

    4. El hecho de que el empleador sea condenado a pagarle al trabajador la pensión de invalidez, de vejez, o la pensión sanción, no es plena garantía, pues el empleador se puede insolventar, morir, ausentar, etc., y el trabajador se queda en el aire. El trabajador sólo gana realmente cuando el empleador condenado es una empresa grande, sólida, y seria.

    5. Ahora muchos empleadores están utilizando la figura de las sociedades anónimas simplificadas (SAS) para escamotearles las prestaciones sociales a los trabajadores, pues los socios de dichas sociedades no están llamados a responder con su patrimonio propio.

    6. Cuando el trabajador acude al Inspector de Trabajo, éste generalmente no se esfuerza porque las partes hagan un buen acuerdo, sino que deja al trabajador en manos del empleador quien ofrece cualquier cosa y para su pago exige plazos demasiado largos, o sea que el funcionario asume una posición cómoda y desobligada.

    7. Lo que recibe el trabajador al terminar el proceso (si es que recibe algo) tiene que compartirlo con su abogado, razón por la cual al final sólo recibe un 65% o 70% del valor de las condenas. Además, los jueces generalmente son muy tacaños a la hora de tasar las agencias en derecho a cargo del empleador, con el natural perjuicio para el trabajador.

    8. Si el trabajador piensa en demandar al empleador o exempleador por la no afiliación a la seguridad social, es posible que muy pronto desista de ese empeño, pues su abogado le hará ver que si se adelanta el proceso y se obtiene sentencia favorable, el trabajador no recibirá ni un peso, pues la plata irá para el Sistema de Seguridad Social, y por lo tanto el trabajador deberá pagar de su bolsillo los honorarios del abogado, el cual probablemente exigirá el pago anticipado del 50% pues difícilmente aceptará trabajar a cuota litis.

    Y así podría seguir por un buen rato enumerando los perjuicios que le ocasiona el empleador al trabajador cuando aquel se rebela contra la ley e incumple el deber de afiliar al trabajador a la seguridad social.

    Esto es bueno decirlo para que los trabajadores tomen conciencia de los riesgos a que están expuestos y denuncien ante el Ministerio de Trabajo a esos empleadores omisos y evasores, y que eso deben hacerlo tan pronto se enteren de que no han sido afiliados.

    Saludos,

  3. Ernesto Piedrahita dice:

    Doctor Riobó, muy interesante y completo su artículo de las desventajas del trabajador cuando su empleador no lo afilia al sistema de seguridad social y parafiscales. Respecto de su punto 8º quería hacer un comentario complementario y es que hoy en día con el surgimiento de la UGPP, los empleadores sean de pequeñas, medianas o grandes empresas, ya lo piensan dos veces ante el incumplimiento de las afiliaciones de sus trabajadores porque ésta Entidad, la UGPP que como usted lo sabe es como la DIAN pero no de los contribuyentes sino de los empleadores, está utilizando un sistema de multas muy altas. En ese caso el empleador puede de pronto evadir el pago de sus acrrencias al trabajador pero no se salva de la multa de la UGPP. Por esa razón en las diligencias de conciliación cuando no se llega a ningún acuerdo económico, el Inspector del trabajo manda al trabajador a la Defensoría del Pueblo para que un abogado sin costo, pro bono como dicen los gringos, lleve su caso. Además de lo anterior, sabiendo el Inspector la fuerza que está tomando la UGPP, manda al trabajador a esa Entidad para que tramite la queja.

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