Contribuyentes que se pueden acoger a la “terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios”

El artículo 56 de la Ley 1739 de 2014 consagra:

Facúltese a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para terminar por mutuo acuerdo los procesos administrativos, en materia tributaria, aduanera y cambiaria, de acuerdo con los siguientes términos y condiciones:

Los contribuyentes, agentes de retención y responsables de los impuestos nacionales, los usuarios aduaneros y del régimen cambiario a quienes se les haya notificado antes de la entrada en vigencia de esta ley, requerimiento especial, liquidación oficial, resolución del recurso de reconsideración o resolución sanción, podrán transar con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, hasta el día 30 de octubre de 2015, el valor total de las sanciones, intereses y actualización, según el caso, siempre y cuando el contribuyente o responsable, agente retenedor o usuario aduanero, corrija su declaración privada y pague el ciento por ciento (100%) del impuesto o tributo, o del menor saldo a favor propuesto o liquidado.

Cuando se trate de pliegos de cargos y resoluciones mediante las cuales se impongan sanciones dinerarias, en las que no hubiere impuestos o tributos aduaneros en discusión, la transacción operará respecto del cincuenta por ciento (50%) de las sanciones actualizadas, para lo cual el obligado deberá pagar en los plazos y términos de esta ley, el cincuenta por ciento (50%) de la sanción actualizada.

En el caso de los pliegos de cargos por no declarar, las resoluciones que imponen la sanción por no declarar, y las resoluciones que fallan los respectivos recursos, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) podrá transar el setenta por ciento (70%) del valor de la sanción e intereses, siempre y cuando el contribuyente presente la declaración correspondiente al impuesto o tributo objeto de la sanción y pague el ciento por ciento (100%) de la totalidad del impuesto o tributo a cargo y el treinta por ciento (30%) de las sanciones e intereses. Para tales efectos, los contribuyentes, agentes de retención, responsables y usuarios aduaneros deberán adjuntar la prueba del pago de la liquidación(es) privada(s) del impuesto objeto de la transacción correspondiente al año gravable de 2014, siempre que hubiere lugar al pago de dicho(s) impuesto(s); la prueba del pago de la liquidación privada de los impuestos y retenciones correspondientes al período materia de discusión a los que hubiere lugar.

En el caso de actos administrativos que impongan sanciones por concepto de devoluciones o compensaciones improcedentes, la transacción operará respecto del setenta por ciento (70%) de las sanciones actualizadas, siempre y cuando el contribuyente pague el treinta por ciento (30%) restante de la sanción actualizada y reintegre las sumas devueltas o compensadas en exceso y sus respectivos intereses en los plazos y términos de esta ley.

(…)”.  (Resaltado por fuera del texto)

De lo antes transcrito, sería de inferir que podrán optar por los beneficios indicados en el citado artículo 56 los contribuyentes, agentes de retención y responsables de los impuestos nacionales, los usuarios aduaneros y del régimen cambiario que se encuentren en un proceso de discusión con la Administración Tributaria; y que tales sujetos hayan sido objeto de notificación – antes de la vigencia de la ley 1739 de 2014 – del debido requerimiento especial, liquidación oficial, resolución del recurso de reconsideración o resolución sanción. 

Al respecto, la Autoridad Tributaria – recientemente – manifestó que “así mismo, el inciso segundo de la norma en cita, trae como requisito para acceder a los beneficios en ella contemplados la notificación de cualquiera de los siguientes actos antes de la entrada en vigencia de la ley: requerimiento especial, liquidación oficial, resolución del recurso de reconsideración o resolución sanción. En dicho orden de ideas, los contribuyentes que estén dentro del supuesto normativo, podrán acceder a los beneficios que contemplan los diferentes incisos del mencionado artículo 56 de la ley en comento. En consecuencia, si no existe un proceso administrativo de discusión con la administración, sino que está ante un acto administrativo en firme, el beneficio llamado a operar será el previsto en el artículo 57 de la misma ley, siempre y cuando se atiendan las previsiones allí contenidas”.  Concepto 14881 de mayo de 2015.

Culmina expresando, la aludida doctrina, que “por último, cabe resaltar, que si en una fecha posterior a la entrada en  la vigencia de la norma, y como consecuencia del adelantamiento de los diferentes procesos administrativos en curso que lleva esta Entidad, se notifica al contribuyente un nuevo acto administrativo (v. gr. ampliación al requerimiento especial, liquidación oficial, resolución que resuelve el recurso de reconsideración), la solicitud de terminación por mutuo acuerdo, deberá hacerse sobre el último acto notificado a la fecha de la misma”.  Concepto 14881 de mayo de 2015

Es de precisar, el anterior pronunciamiento en atención a solicitud formulada – a la DIAN – en cuanto a la emisión de un “concepto por parte de este Despacho con el fin de aclarar, que contribuyentes se pueden acoger a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1739 de 2014”.

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