Corte Constitucional declara exequible la reforma tributaria del año 2014

El presupuesto de la nación puede presentarse desfinanciado al congreso, siempre que concomitantemente  se tramite una ley de financiamiento.  Sin embargo, la ley 1739 de 2014 no solo buscaba recaudar el faltante para financiar el presupuesto sino que busco recursos adicionales. Lo que a juicio de algunos doctrinantes constituía una violación a las normas constitucionales.

Lo anterior sumado a otros supuestos vicios de trámite, llevaron a que la totalidad de la ley fuese demanda ante la Corte, quien en el transcurso de esta semana se pronunció al respecto.

Señala la Corte que la reforma tributaria del 2014 es exequible, pues señala que se cumplió con el procedimiento de expedición de la ley. Pero lo más importante del fallo, es que señala que la limitación temporal y material del gasto no se traslada necesariamente al ingreso.

Señala el comunicado No. 2 de 2016 lo siguiente:

La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró exequible la Ley 1739 de 2014, expedida con la finalidad de financiar el Presupuesto General de la Nación del año 2015, de acuerdo con los siguientes argumentos:

En primer lugar, la Corte Constitucional destacó la naturaleza jurídica de la Ley 1739 de 2014, señalando que se trata de una ley de financiamiento expedida en virtud del artículo 347 Superior, según el cual el Gobierno Nacional propondrá, en un proyecto de ley separado, la creación de nuevas rentas o la modificación de las existentes, con el fin de completar la financiación de los gastos que hayan quedado en descubierto.

En segundo lugar, luego de examinar los puntos alegados por los accionantes en sus  cargos, relacionados con el trámite legislativo de la Ley 1739 de 2014, la Sala Plena de la Corte Constitucional concluyó que éste se ajustó a los mandatos superiores contenidos en la Carta Política, en lo que tiene que ver con su proceso de formación. Lo anterior, por cuanto se advirtió que los presuntos defectos en los que había incurrido el legislador no se presentaron y por tanto, las actuaciones surtidas dentro del respectivo trámite no se encuentran viciadas de inconstitucionalidad.

Con relación al presunto desconocimiento del artículo 347 de la constitución, esta Corporación manifestó que el límite temporal y material que puede predicarse del gasto, no se traslada obligatoriamente a la ley que autorice ingresos al presupuesto. En ese entendido, reiteró la jurisprudencia constitucional que ha sostenido que los gastos públicos se encuentran limitados en cuantía, finalidad y temporalidad por la ley de apropiaciones, a través de la cual, es el Congreso el que autoriza la manera en que se van a invertir los dineros del Estado; situación que no se predica de los ingresos o presupuesto de rentas, el cual se compone de un estimativo que se prevé recaudar durante una vigencia fiscal determinada, lo que conlleva a que los mismos no se limiten de la misma manera, en la medida que es probable que no se reciban los ingresos estimados y se requieran nuevos tributos para financiar ese faltante.

En ese orden de ideas, la Sala Plena consideró que aunque la Ley 1739 de 2014 no se limitó a financiar el déficit presupuestal de la vigencia 2015 toda vez que contempló medidas con el fin de generar rentas permanentes que contribuyan a la sostenibilidad fiscal de los años 2016, 2017 y 2018, ello no mutaba su carácter de ley de financiamiento y por tanto, no se evidenciaba un desconocimiento del artículo 347 de la Constitución.

Sin perjuicio de lo anterior, se solicitó al Gobierno una reflexión frente al tema de  austeridad y racionalidad del gasto público y en particular, al impacto tributario en nuestro país. Lo anterior, teniendo en cuenta que según el reciente Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, que ofrece una actualización del estado de las economías de los países, Colombia ocupa el cuarto lugar a nivel internacional como uno de los que más gravámenes imponen a sus habitantes y el tercero en Latinoamérica, lo que evidentemente reduce el nivel de competitividad en el mercado global y afecta la calidad de vida de los ciudadanos.

En ese contexto, la Sala Plena consideró necesario que el Gobierno revise las estrategias de gasto y recaudo, en aras de evitar los efectos de una política fiscal excesiva y adelante acciones que permitan aliviar a los contribuyentes tanto nacionales como extranjeros.

Finalmente, como se puede observar en los incisos finales del comunicado, la Corte hace un llamado al Gobierno para que el enfoque no solo sea en el ingreso sino en revisar las estrategias de gasto y recaudo, y lo encomia a aliviar a los contribuyentes nacionales y extranjeros.

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