Corte constitucional declara inexequible apartes del artículo 860 del estatuto tributario

El artículo 18 de la ley 1430 de 2010 modificó el artículo 860 del estatuto tributario para exigir al  contribuyente que quiera solicitar una devolución o compensación con presentación de garantía, incluir en ella además del valor de  la devolución o compensación, el  valor de la sanción comprendida en al artículo 670 del estatuto tributario, exigencia  última declara inexequible por violar el principio de la buena fe.

Anteriormente el artículo 860 del estatuto tributario exigía que el valor de la garantía fuera al equivalente al monto de la devolución o compensación, de modo que si el valor a devolver o compensar era de 100 millones de pesos, la póliza de garantía debía ser por esos 100 millones.

Y el artículo 18 de la ley 140 de 2010 modificó el artículo 860 del estatuto tributario para exigir que  la póliza debía incluir también el valor de las sanciones de que trata el artículo 670 de estatuto tributario.

El artículo 670 trata de la sanción que se impone al contribuyente por solicitar una devolución o compensación improcedente, sanción que consiste en el pago de los intereses moratorios incrementados en un 50%.

La corte constitucional en sentencia C-877 de 2011 declaró la inexequibilidad de esta exigencia por cuanto viola el principio de la buena fe, puesto que el estado parte del supuesto que el contribuyente que solicita una devolución o compensación con presentación de garantía, lo hace violando la le, razón  por que le exige anticipadamente la garantía de pago de una sanción futura.

Dijo la corte en comunicado de prensa número 46 de noviembre 22 de 2011.

Analizando el caso concreto, la Corte consideró que el legislador tributario, al establecer que el contribuyente que pretenda obtener una devolución, deberá previamente suscribir una garantía equivalente al monto objeto de aquella, más unas sanciones (previstas en el art. 670 del S.T.), siempre que éstas no superen los diez mil (10.0000) salarios mínimos legales vigentes, está partiendo precisamente de la mala fe del ciudadano. En principio, no encontró reparo alguno a que el legislador haya previsto como carga al contribuyente la prestación de una caución que ampare el monto objeto de devolución, toda vez que se está ante una carga razonable, encaminada a que el Estado no sufra mengua alguna de llegar a realizarse una devolución injustificada de impuestos. No sucede lo mismo con la extensión de la caución a las eventuales sanciones que impondría la Administración al contribuyente por el reclamo y pago de devoluciones injustificadas, pues está presumiendo la mala fe del contribuyente, por cuanto la medida se orienta a amparar unos riesgos futuros e inciertos.

En consecuencia, debido a que el estado presume delincuente  a todo aquel contribuyente que solicite una devolución o compensación  con presentación de garantía, la corte decidió retirar del ordenamiento jurídico la expresión “más las sanciones de que trata el artículo 670 de este Estatuto siempre que estas últimas no superen diez mil (10.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes” del artículo 860 del estatuto tributario.

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